La Audiencia Nacional condena a Villarejo a 19 años en la primera sentencia de la macrocausa contra el comisario

La Audiencia Nacional ha condenado al comisario jubilado de la Policía Nacional José Manuel Villarejo Pérez a 19 años de cárcel por delitos de revelación de secretos de empresa en la pieza Iron y de particulares en la pieza Land, además de por falsedad en documento mercantil, mientras que le ha absuelto de cohecho en ambas y de extorsión en grado de conspiración en la pieza Pintor.

Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal han dictado sentencia en las tres primeras piezas que se han juzgado del denominado caso Tándem, en las que se ha investigado la contratación de la empresa de Villarejo, Cenyt, para realizar determinados encargos.

La acusación de cohecho, de la que se libra en este caso Villarejo, es una piedra angular en toda la macrocausa que se sigue en la Audiencia Nacional. Es un delito atribuible a funcionario público que cobra por sus servicios, a los que accede debido a su condición, en este caso de policía. Sin embargo, la sentencia, de 351 páginas, considera que no se puede condenar a Villarejo por cohecho puesto que no se dan los requisitos de este tipo penal, dado que los actos llevados a cabo por Villarejo “no los realizó en el ejercicio de su cargo ni guardaban relación con sus actividades públicas”.

La Sala absuelve de los delitos de cohecho pasivo y activo que se atribuían a Villarejo y otros acusados de las piezas Iron y Land porque a pesar de la condición de funcionario público de Villarejo, el acusado actuó en la esfera privada y no pública. El tribunal explica en su sentencia que cuando acaecieron los hechos investigados en estas dos piezas, Jose Manuel Villarejo Pérez era comisario de policía en activo, por lo que concurre el primer elemento del delito de cohecho pasivo. Sin embargo, descarta el segundo de los elementos puesto que los actos llevados a cabo por este acusado no los realizó en el ejercicio de su cargo, ni guardaban relación con sus actividades públicas, asegura el fallo.

Para el tribunal, “la actividad desarrollada por el acusado Villarejo Pérez, en ningún caso tenía como finalidad menoscabar la legitimidad y los criterios de actuación de la Administración Pública, sino obtener unos mayores beneficios particulares ofertando una serie de servicio de difícil consecución, cuanto menos por las vías legales”. “No consta pago alguno por parte de los clientes funcionarios públicos, por la obtención de datos, es más, no existía relación o conexión alguna entre aquellos y éstos, siendo el único eslabón el acusado Villarejo Pérez”, añade.

La sentencia argumenta que tanto en la contratación por el despacho de Herrero y Asociados, como por los particulares que contrataron a Villarejo en la pieza Land, lo hicieron por su condición de propietario de la empresa Cenyt y no por su condición de policía. “Se requirió sus servicios como propietario real de un gran entramado empresarial multidisciplinar llamado Cenyt, que se publicitaba en las redes sociales como unidad de inteligencia dedicada a la investigación económica y financiera, añadiendo que mantenía estrechas relaciones institucionales y operativas con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y con la Administración de Justicia, lo que le permitía conseguir grandes dosis de eficacia”, afirma la sentencia

El tribunal rechaza también que los hechos encajen en cohecho activo puesto que los particulares que contrataron los servicios de Villarejo no perseguían causar un perjuicio a la Administración en beneficio propio “sino alcanzar unos intereses particulares y espúreos”.

Un voto particular sí aprecia cohecho

Esta conclusión del tribunal no ha alcanzado unanimidad.  La sentencia incluye un voto particular de la magistrada Carmen Paloma González que discrepa de la sentencia por entender que José Manuel Villarejo es autor de dos delitos de cohecho pasivo por la contratación de su empresa Cenyt en las piezas Iron y Land, así como varios de los acusados en estas piezas como cooperadores necesarios de este delito. Esta magistrada considera que para llevar a cabo las actividades realizadas por Cenyt fue absolutamente imprescindible contar con la colaboración del estamento policial.

Los actos cometidos por Villarejo y por las personas de las que se valió, según esta juez, “son contrarios a los deberes inherentes a su cargo, y más en concreto, de delitos, atacando así frontalmente el prestigio y eficacia de la función pública, la imparcialidad de sus funcionarios y la eficacia del servicio público a ellos encomendado”.

Como consecuencia de lo anterior, añade el voto particular, “se colige la imposibilidad de compatibilizar la misión legalmente atribuida a un funcionario público de impedir la comisión de delitos con el desempeño de una actividad privada para cuya consecución llevó a cabo actividades ilícitas (delictivas)”.

El marido de Ana Rosa Quintana y dos encargos más de la 'jet'

En el caso de la pieza Iron, se ha juzgado la contratación de Villarejo por parte del bufete de abogados Herrero&Asociados para obtener información de un despacho de la competencia ante la sospecha de que les había robado la base de datos. La pieza Land se ha centrado en la contratación de Cenyt para investigar el entorno del dueño de PROCISA por mandato de una de sus hijas, Susana, en el contexto de una pugna familiar por la herencia, mientras que en Pintor se ha indagado sobre el mandato de los hermanos Fernando y Juan Muñoz Támara –marido de Ana Rosa Quintana– a Villarejo para recabar información de un antiguo socio, Mateo Martín Navarro, y el abogado de este, el ex juez Francisco Javier Urquía, que les permitiera resolver a su favor un litigio fiscal.

En total, han sido juzgadas 26 personas, además de Villarejo, entre ellos su socio Rafael Redondo, quien ha sido condenado a 13 años de cárcel por los mismos delitos que el comisario. Otras nueve personas han sido condenadas a penas de entre tres meses y 2 años de prisión –entre ellas Juan Muñoz, marido de Ana Rosa Quintana–, mientras que 16 han sido absueltas, entre ellas la esposa de Villarejo, Gema Alcalá, y su hijo, José Manuel Villarejo Gil, además de los policías Constancio Riaño y Antonio Bonilla. En el caso de Enrique García Castaño, se le excluyó del juicio por enfermedad.