El juzgado central de instrucción número 5 de Madrid ha archivado la denuncia que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentó el pasado 18 de diciembre en la Audiencia Nacional contra el fondo buitre Blackstone. La plataforma solicitaba que el juzgado abriera diligencias como paso previo a que la Fiscalía investigase a la sociedad, la mayor tenedora de vivienda de España, con unas 40.000 viviendas, por un posible delito de “acaparamiento” y “alteración engañosa del precio de las cosas”.
En su auto, el magistrado-juez considera que la Audiencia Nacional no es competente para tratar este asunto, “sin perjuicio del derecho del denunciante a interponer esta denuncia ante el Juzgado territorial competente”. “Lo que nos dice”, indica el abogado de la PAH, Azael Babiano, “es que si pudiésemos acreditar esas prácticas, tendríamos que ir al juzgado de instrucción territorial con cada caso” porque considera que “no existen datos para ver que eso tenga un alcance nacional”.
Además, el juzgado indica que los hechos relatados por la PAH “carecen en su descripción del rigor y sustento necesario para incoar un proceso penal”. En concreto, el auto del juzgado indica que “la denuncia se limita a afirmar que el fondo de inversión The Blackstone Group Spain SL y compañías bajo su control, han comprado masivamente viviendas de forma y con intenciones especulativas, aprovechando la situación de crisis para adquirir este parque inmobiliario pagando precios por debajo del valor real de dichos bienes. Esto le hace afirmar que este grupo es el mayor tenedor de vivienda en nuestro país, cifrándose su patrimonio en 45.000 millones de euros, por el que habrían desembolsado unos 12.000 millones de euros, hallándose en posesión de unos 40.000 pisos en alquiler e incontables viviendas de compra, con las que estarían especulando para provocar de forma especulativa una fuerte alza de los precios”. Y añade: “Sustenta estas afirmaciones en un dossier de noticias de prensa económica”.
Los delitos en los que Blackstone podría haber estado incurriendo, según la PAH, están tipificados en los artículos 281 y 284 del Código Penal, castigados con penas de hasta cinco y dos años de prisión, respectivamente. El primero castiga a quien “detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios, o de perjudicar gravemente a los consumidores”. El segundo, “a los que empleando violencia, amenaza o engaño, intentaren alterar los precios que hubieran de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, títulos valores o instrumentos financieros, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de contratación”.
“No se aportan indicios mínimos”
El juzgado indica que, “aunque la denuncia dedica bastante espacio a explicar el proceso de adquisición de viviendas por parte de Blackstone y las condiciones en las que pudo adquirir”, estas circunstancias “nada tiene que ver con el núcleo de la denuncia y la clasificación propuesta (delitos contra el mercado y los consumidores), y quedan desde luego, fuera de este procedimiento y fuera del alcance de esta resolución”. Por eso, señala que “en cuanto a lo que sí es el objeto de la denuncia y del proceso, no se aportan indicios mínimos, por insignificantes o débiles que sean, para validar los enlaces lógicos que sustentan la denuncia, y afirmar que podríamos estar ante una conducta delictiva contra el libre mercado y los consumidores”.
Los “enlaces lógicos” de los que habla el auto y que el juzgado no ve sólidos son, por un lado, los supuestos movimientos especulativos de Blackstone. Por otro, la “emergencia habitacional” en España, que desde la PAH explican con datos como la ejecución de más de 33.000 lanzamientos en el primer trimestre de 2018, las subidas cercanas al 20% de media en los precios del alquiler, un parque público de vivienda para el alquiler o social de cerca de un 1% o los 3,4 millones de viviendas vacías.
El fondo de inversión Blackstone se hizo en 2018 con el 50,1% de Testa, la mayor socimi de vivienda de alquiler en España. La denuncia también incluía a la propia Testa, a Albirana, a Anticipa -encargada de gestionar los créditos hipotecarios fallidos o con alta morosidad de Caixa Cataluña-, a Fidere -que gestiona los cerca de 1.800 pisos del parque público del Ayuntamiento de Madrid que vendió Ana Botella- y a Aliseda, el servicer de Banco Popular.