El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional verá por primera vez este viernes si la reforma de la ley de justicia universal, aprobada en junio, impide perseguir a unos padres residentes en España por permitir que se practicara a su hija la mutilación genital (ablación) en Gambia en 2005.
Los 18 magistrados que componen el pleno tienen que dirimir si en este procedimiento, en el que están procesados los padres de la niña, prevalece, sobre la reforma de la ley de justicia universal, el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica, han informado fuentes jurídicas.
En esta misma reunión, el pleno analizará también si la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula la jurisdicción universal, permite seguir investigando el genocidio en campos de concentración nazis en los que murieron miles de españoles y el asesinato de cinco jesuitas españoles en El Salvador.
Además, deberán también a analizar si, tal y como sostiene la Fiscalía, corresponde a la Sala de lo Penal y no al juez Santiago Pedraz decidir si se mantienen abiertos los casos en los que se investiga la muerte en Irak del cámara José Couso y el asalto a la embajada española en Guatemala en 1980, en el que murieron tres españoles, en conexión con el genocidio maya.
En estos casos, Pedraz ha decidido proseguir investigando sin consultar a la Sala, lo que ha motivado sendas quejas de la Fiscalía, que considera que antes de adoptar cualquier decisión al respecto debía haber elevado sendos sumarios al pleno.
Del mismo modo ha actuado su compañero Eloy Velasco, que decidió continuar con la causa en la que investiga el asesinato de cinco jesuitas españoles en El Salvador en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría, por considerar que la reforma permite que prosiga la investigación por el delito de asesinato terrorista.
El pleno estudiará al respecto un recurso de la Fiscalía, en el que considera, por un lado, que el juez debería concluir el sumario y elevarlo al pleno para que resuelva sobre su archivo y por otro si, de mantenerlo abierto por terrorismo, cabe extender la investigación también por genocidio y lesa humanidad.
Este último punto también afectaría al caso en el que Pedraz investiga Guatemala, ya que decidió mantenerlo abierto al entender que la calificación de los hechos como terrorismo le salva del cierre que propugna la reforma de la justicia universal.
Además del terrorismo, el juez considera que la causa se debe instruir también por los delitos conexos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de género, torturas, asesinato y detenciones ilegales, porque el objeto de la investigación no son los delitos sino los hechos: el presunto genocidio maya en Guatemala en el que supuestamente fueron asesinados 250.000 indígenas y se produjeron 1.475 violaciones.
Por el contrario, en el caso abierto por genocidio, tortura y crímenes contra la humanidad contra varios guardias de las SS de los campos de concentración de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg, el juez de la Audiencia Ismael Moreno preguntó al pleno si debe continuar con esta causa o tiene que archivarla, a la luz de la reforma de la ley de justicia universal.
En este caso, la Fiscalía de la Audiencia Nacional es partidaria de que el pleno lo archive, pero también pide a los magistrados que “valoren” la procedencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley reformada.