El exembajador de España en Caracas Raúl Morodo y su hijo Alejo han reconocido la comisión de los delitos de fraude a la Hacienda Pública que cometieron entre 2013 y 2017 en el juicio que se celebra desde este lunes en la Audiencia Nacional, lo que implica que ambos evitarán su entrada en prisión. “¿Se declara culpable de estos delitos y se conforma a cumplir las penas señaladas?”, le ha preguntado el presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, al diplomático. “Sí, señor presidente”, ha contestado Morodo.
En la misma línea se ha expresado su hijo Alejo, que ha asegurado que se conforma con los hechos y con las penas recogidos en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción “menos en lo relativo” a su mujer y al decomiso de los bienes. El Ministerio Público ha rebajado hasta los 10 meses de prisión su petición para Raúl y a los dos años de cárcel para Alejo por los delitos cometidos contra la Hacienda Pública por el IRPF del ejercicio 2013 y del 2014.
Inicialmente, Anticorrupción solicitó tres años y medio de cárcel para Raúl Morodo y ocho años y medio tanto para su hijo Alejo como la esposa de éste, Ana Caterina Varandas. Esta última no ha reconocido los hechos y ha descartado alcanzar un acuerdo de conformidad, con lo que el juicio se celebrará contra ella.
La acusación popular que ejerce Manos Limpias ha solicitado la misma condena que la Fiscalía para ambos, aunque ha mantenido su acusación contra la mujer de Alejo, para quien solicita una pena de 12 años y medio por los mismos delitos. La Abogacía del Estado, por su parte, ha anunciado que retira su acusación después de haber alcanzado un pacto con los tres acusados. El tribunal ha dispensado de acudir al resto de sesiones a Raúl Morodo, de 89 años, después de preguntarle si tenía algo que decir en su defensa. La vista oral se reanudará este martes con la declaración de Varandas y la prueba en su contra.
La relación con PDVSA
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción destaca que habría sido entre los años 2007 y 2015 cuando Alejo Morodo habría centrado su “actividad profesional en la supuesta prestación de servicios de asesoramiento legal y consultoría internacional”, que le habrían generado “cuantiosas rentas”.
Anticorrupción explica que Alejo Morodo se valió de “relaciones entabladas por su padre con altos cargos de Venezuela durante los años 2004 a 2007 en los que ejerció el cargo de embajador de España” para así iniciar “una supuesta relación contractual con la empresa pública venezolana PDVSA para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional que se extendió hasta el año 2014”.
“Con el fin de defraudar a la Hacienda Pública española, consciente de que la debida tributación de esas rentas por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) le supondría un considerable desembolso económico, decidió interponer tres sociedades instrumentales para que facturaran formalmente esos supuestos servicios, eludiendo así tributar sus rentas por el IRPF para hacerlo con el menor tipo impositivo que le ofrecía el Impuesto de Sociedades”, sostiene el Ministerio Público.
En la “ejecución de esta ilícita actuación”, indica Anticorrupción, “participaron Ana Varandas y Raúl Morodo”. En el caso del exembajador, añade la Fiscalía, “también ocultó a la Hacienda Pública las ganancias que percibió con cargo al patrimonio de dos de aquellas sociedades”.