La reclusa de ETA Inés del Río Prada ha salido por la puerta de la cárcel de Teixeiro (A Coruña) poco después de las cuatro de la tarde. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió esta mañana por unanimidad su excarcelación, tras esuchar el informe favorable de la Fiscalía, informaron fuentes jurídicas. Los 17 magistrados aplicaron así el fallo del Tribunal de Estrasburgo, que considera que el Estado español ha violado dos artículos de la Convención Europea al realizar una aplicación retroactiva de la 'doctrina Parot'.
Al tratarse de un licenciamiento definitivo de condena, la Audiencia Nacional remitió de inmediato la decisión directamente a la prisión de Teixeiro. Fuentes de Instituciones Penitenciarias habían confirmado esta mañana a eldiario.es que Del Río iba a ser puesta en libertad independientemente de la hora en la que fuera recibido el licenciamiento en el centro penitenciario.
El auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es contundente sobre la aplicación del fallo de Estrasburgo: “La resolución es clara y concluyente: incumbe al Estado asegurar la puesta en libertad de la demandante en el plazo más breve, ya que se encuentra privada irregularmente de libertad desde el 3 de julio de 2008. Misión que concierne en primer lugar a este tribunal, en tanto órgano de ejecución al que se encuentra sometida la señora Del Río Prada”.
Inés del Río fue miembro del 'comando Madrid' más sanguinario de la historia, el que actuó en la capital a mediados de los ochenta. Fue condenada por 24 asesinatos, entre ellos los 12 guardias civiles asesinados en el atentado de la Plaza de República Dominicana. Del Río Prada habría salido de la cárcel en 2008 de no haberle sido aplicada la 'doctrina Parot'. El fallo de Estrasburgo ha adelantado el licenciamiento de Del Río en cuatro años. Finalmente, ha pasado 26 años y tres meses en prisión.
Por si quedara alguna duda, los 17 magistrados recuerdan que las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos “son vinculantes y obligatorias para todo Estado parte” del Convenio europeo. Y dice más: “Si la jurisdicción no ejecutara de manera adecuada la sentencia, sería el Tribunal Constitucional el que tendría que reaccionar anulando una decisión contraria a derecho, y a los derechos humanos básicos, para amparar a la interesada”.
Bloqueado el pago
Bloqueado el pago
En el mismo auto que acuerdan la libertad de Inés del Río, los magistrados de la Sala de lo Penal bloquean el pago de 30.000 euros por daños morales del Estado a la reclusa de ETA, así como 1.500 euros por el pago de costas. Dice la Sala de lo Penal que esas cantidades “se imputarán al pago de las responsabilidades civiles pendientes” y que en su momento no pagó a las víctimas Inés del Río.
La decisión de los 17 magistrados viene avalada también por la postura de la fiscalía que esta mañana ha anunciado su apoyo al cumplimiento de la resolución de Estrasburgo sin discusión alguna sobre sus efectos. El Ministerio Público había puesto de manifiesto que la resolución de Estrasburgo es clara a la hora de indicar la medida requerida “para poner remedio al derecho o derechos declarados vulnerados”. “No es otro que garantizar la puesta en libertad de la Sra. Del Río en el plazo más breve posible”, agrega.
Los 17 magistrados que integran el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional habían iniciado pasadas las nueve y cuarto de la mañana la reunión convocada para decidir sobre la excarcelación de la miembro de ETA. Poco antes de la una tenían listo el auto, del que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez, experto en derecho internacional, al que ha correspondido la tarea por reparto.
El viernes, más decisiones
El viernes, más decisiones
El Pleno se volverá a reunir el próximo viernes. Abordará dos casos de entre la treintena de recursos de presos de ETA que tenía pendiente de resolver antes del fallo de Estrasburgo. El viernes, los magistrados, presididos por Fernando Grande-Marlaska, estudiarán el recurso de Josefa Mercedes Ernaga, condenada por el atentado de Hipercor, y José Piriz López, asesino de un antiguo miembro de ETA.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, también había manifestado este martes, durante un desayuno informativo, que su departamento “no va a poner ninguna dificultad” a la ejecución de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que este lunes condenó a España por aplicar la “doctrina Parot”, si bien cada caso se analizará de forma individual. Torres-Dulce ha resaltado: “España es un Estado de Derecho y como tal estamos sujetos a la Constitución y a los tratados internacionales. Aunque discrepemos, la sentencia obliga a ejecutarla en sus estrictos términos, la Fiscalía no va a poner ninguna dificultad a su ejecución”.
Torres-Dulce ha añadido que la decisión de Estrasburgo “no cuestiona en sí misma la doctrina Parot sino la manera de aplicar retroactivamente dicha normativa jurisprudencial”. Por ello, se examinará cada caso concreto de preso afectado por la aplicación de esta doctrina “para decidir si procede o no procede su aplicación”. “Ni vamos a ralentizar ni a acelerar absolutamente nada”, ha indicado Torres-Dulce.