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La Audiencia Nacional rechaza poner en libertad al responsable de Ausbanc

La Audiencia Nacional ha rechazado conceder la libertad provisional a Luis Pineda, presidente de Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc). El tribunal cree que existe riesgo de fuga por el patrimonio que todavía controla y que podría destruir pruebas.

En un auto dictado este martes, la sección tercera de lo penal rechaza el recurso de Pineda contra su prisión provisional, que cumple desde que fue detenido el pasado 15 de abril en el marco de las investigaciones por la trama de extorsión a entidades bancarias.

La Audiencia Nacional entiende que persisten sobre Pineda “los indicios de su participación en los delitos que se explican por el instructor”. También existe riesgo de fuga“ derivado del entramado empresarial y bienes en el extranjero que el apelante aparentemente controla”, y que según el tribunal “podría darle soporte si decidiera sustraerse a la acción de la justicia”.

Además, el auto también recoge el riesgo de que el líder de Ausbanc destruya pruebas si sale en libertad, porque “hay testigos a los que todavía no se ha escuchado”, o porque pudiera ocultar parte del patrimonio investigado.

“El paso del tiempo no justifica la libertad provisional del apelante cuando la causa es compleja y se está lejos de cumplir los plazos máximos de prisión provisional”, continúa el auto.

Por contra, la Audiencia Nacional sí que ha accedido a la libertad provisional de Miguel Bernad, responsable de Manos Limpias, y cuya libertad fue acordada el pasado día 22 por el instructor del caso, Santiago Pedraz. En su caso, el juez consideró que debido a lo avanzado de la instrucción y a su estado de salud, era difícil que destruyese pruebas del proceso.

Según la Fiscalía, Pineda y Bernad crearon una trama para extorsionar a bancos a cambio de no iniciar acciones legales contra ellos o de no publicar noticias perjudiciales para sus intereses en la red de revistas que manejaban. A través de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, la Fiscalía cree que los acusados se enriquecían personalmente.