El pleno de la Audiencia Nacional ha archivado las causas del presunto genocidio en el Tíbet y la persecución a los seguidores del grupo Falun Gong en ese país porque tras la reforma de la justicia universal aprobada en marzo no se cumplen los requisitos para investigar estos casos en España.
Según han informado fuentes jurídicas, los magistrados del pleno de la Sala de lo Penal del tribunal han decidido archivar estas dos causas con nueve votos favorables y siete en contra, aunque han aprobado continuar con la investigación de la muerte de Bay Hamdai Bugema, supuestamente atropellado por un furgón policial en un asentamiento en El Alaiún (Sahara Occidental), ya que España sigue siendo de derecho la administradora de este territorio.
En cuanto a los casos del Tíbet y de Falun Gong, el pleno los archiva porque no se cumple ninguno de los requisitos que contempla la reforma de la justicia universal para estos delitos: los ocho querellados no son españoles ni residen en España, ni se denegó su extradición por parte de las autoridades españolas.
Los siete magistrados que se han mostrado en contra de archivar estos dos casos, que investigaba el juez Ismael Moreno, dudaban de la constitucionalidad de la reforma y por ello querían enviar estos casos al Tribunal Constitucional para que decidiera si va en contra de los preceptos de la Carta Magna.
El pasado 10 de febrero, Moreno ordenó la busca y captura para su detención e ingreso en prisión incondicional de cinco exdirigentes chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin, por genocidio, torturas y lesa humanidad en relación a la represión en el Tíbet, una causa que según críticos con la reforma fue el detonante de que el Gobierno limitase la aplicación de la justicia universal.
Moreno investigaba también la muerte entre 1999 y 2002 de seguidores de Falun Gong, práctica espiritual prohibida por China en 1999, al estimar un recurso de ese movimiento y después de que en 2006 el Tribunal Supremo ordenara a la Audiencia Nacional instruirlo.
El pleno sí ha acordado hoy continuar la investigación abierta por el asesinato del ciudadano español Baby Hamday Bugema, que resultó muerto en el asalto en octubre de 2010 al “Campamento de la dignidad” establecido cerca de El Aaiún.
Por estos hechos, el hermano del fallecido presentó una querella por genocidio y lesa humanidad contra varios ministros de Marruecos y altos cargos policiales de ese país, entre ellos el exministro del Interior marroquí, Taib Cherkaui, y el exgobernador de El Aaiún, Mohamed Jelmous.
En este caso, la Sala de lo Penal, siguiendo el criterio de la Fiscalía, se declara competente al entender que España sigue siendo potencia administradora de derecho sobre el territorio del Sahara, conforme a las normas de Naciones Unidas.
El pleno ha acordado por último confirmar la falta de jurisdicción de España para investigar a otros ocho marineros egipcios que fueron detenidos el 6 de marzo de 2014 en un buque sin bandera que navegaba en aguas internacionales y que transportaba 9.851 kilos de hachís.
Como ya se han pronunciado en plenos anteriores, los magistrados entienden que con la nueva ley de jurisdicción universal los tribunales españoles no son competentes para investigar hechos como el presente.
El juez Fernando Andreu acordó su libertad el pasado 8 de abril, ya que la reforma establece que los tribunales españoles solo serían competentes para juzgarlos en caso de que los detenidos sean nacionales o la droga tenga como destino España.
Desde la reforma de la justicia universal aprobada en marzo por el Congreso, el pleno ya ha avalado la liberación de medio centenar de narcotraficantes extranjeros apresados en barcos fuera del territorio nacional.