De madrugada, en un grupo de WhatsApp y bajo la amenaza mortal del COVID-19, la luz verde de compras de material sanitario por el Ayuntamiento de Madrid se encendió dos veces en la madrugada del 24 al 25 de marzo de 2020. En una de las ocasiones, para comprar a través de una consultora estadounidense 500.000 mascarillas FFP2 por valor de 2,5 millones de euros. En la otra, para adquirir mascarillas por medio de Alberto Luceño y Luis Medina. La primera operación está siendo investigada como una presunta estafa en un juzgado de Madrid a raíz de la denuncia que el Consistorio madrileño puso contra el intermediario estadounidense. La segunda, de la que salieron las comisiones de Medina y Luceño, también centra una causa judicial, con la diferencia de que el Ayuntamiento nunca acudió a los juzgados y sí lo hizo la Fiscalía Anticorrupción.
El Ayuntamiento de Madrid considera que son dos casos completamente distintos. Para sostenerlo defiende que el material adquirido a través de los investigados Luis Medina y Alberto Luceño no solo llegó y fue utilizado sino que en el caso de las mascarillas se trataba de un producto de calidad destacable y obtenido a “buen precio”, de acuerdo a los salvajes vaivenes del mercado en aquellos días de inicio de la pandemia, según declaró la responsable de compras del Consistorio, Elena Collado, ante el fiscal Anticorrupción.
El recorrido del caso cuestiona algunos aspectos de esta afirmación en lo que respecta a los guantes y los test. En el caso de los guantes, el Ayuntamiento había comprado a Luceño y Medina 2,5 millones de guantes de nitrilo por un precio de 5 millones de dólares. A dos dólares el guante, éste debía llegar hasta el codo por motivos profilácticos, según Collado pactó verbalmente con Luceño. Pero lo que recibió Madrid fueron unos guantes hasta la muñeca, insuficiente para que los funcionarios en primera línea contra el virus estuvieran seguros.
“Respiré, lo hablé con todo el mundo. Qué ha pasado, qué ha pasado. Tardaron horas, pero fue el día más largo de mi vida. En ocho horas estaba la transferencia [de devolución] hecha por 4 millones y pico y el precio estaba adecuado al mercado”, declaró Elena Collado en Anticorrupción. Lo que hizo Luceño fue renunciar a una comisión desmesurada y dejar los guantes hasta la muñeca al precio al que realmente los vendía la empresa malaya. De dos dólares a 0,39, todavía muy por encima de los 0,08 a los que los funcionarios del Ayuntamiento los habían encontrado en un supermercado de Madrid. La pregunta que surge es por qué el Ayuntamiento se quedó con unos guantes tan caros que no servían para proteger a sus trabajadores y que en total le costaron casi un millón de euros.
En el sumario del caso Mascarillas figura un informe de la Policía Municipal sobre otra presunta estafa, la cometida por un comisionista estadounidense, Phillippe Haim Solomon. Fueron un millón de mascarillas por valor de 2,5 millones de euros en una compra en la que los agentes locales detectan posibles delitos contra la propiedad industrial, estafa y contra los derechos de los consumidores. Sobre este último dicen: “Tanto los fabricantes como el importador ha ofertado las mascarillas realizando indicaciones que no se corresponden con los mismos habiendo generado un perjuicio grave tanto a la Administración como finalmente a los usuarios finales”. Esto es, el Ayuntamiento compró bajo engaño otras mascarillas distintas a las que había solicitado. Como ocurrió con los guantes de Luceño y Medina. elDiario.es ha preguntado al Consistorio por su destino, sin obtener por ahora respuesta.
El informe de la Policía Municipal, fechado el 5 de marzo de 2021, se adjuntó a una denuncia que se remitió a los juzgados de Plaza de Castilla, donde, según fuentes municipales, se instruye una causa al respecto. En aquella época, añaden, se informó a los miembros de la presentación de la querella a los grupos municipales a través del Consejo de Administración de la funeraria municipal, la funeraria pública de donde salieron los fondos para la adquisición de las mascarillas FFP2.
En cuanto a los 250.000 test rápidos adquiridos a la empresa malaya Leno a través de Luceño y Medina estos llegaron en tres lotes. Solo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable, del 94%, mientras que otros 115.000 se quedaban en el 80% y otros 60.000 alcanzaban únicamente el 66,7% de fiabilidad. A la queja del Ayuntamiento Luceño respondió con que faltaban reactivos con los que fortalecer la eficacia de los test. El otro acusado, Luis Medina, ha presentado un escrito en el juzgado en el que asegura que los reactivos se entregaron y que eso solucionó cualquier problema del producto sanitario. La Fiscalía Anticorrupción asegura, tras 17 meses de investigación, que “no consta que hasta la fecha se hayan enviado nuevos reactivos ni que se haya corregido de otra manera el defecto de sensibilidad de los test”. Un portavoz del Ayuntamiento asegura que los test fueron utilizados, sin precisar en qué cantidad.
A raíz de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción el Ayuntamiento se ha personado como acusación particular en el Juzgado número 47, que investiga a Luceño y Medina, como víctima de la presunta estafa urdida por ambos. Al mismo tiempo, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida defiende que no había motivos para denunciar a los dos intermediarios porque todo el material que se les encargó fue recibido, algo a lo que se aferra el propio Medina para pedir que el Ayuntamiento sea expulsado del caso. Este lunes, el alcalde defendió la extraordinaria calidad de las mascarillas de grafeno de la empresa malaya, pero cuando los periodistas insistieron en el destino de los test y los guantes, el alcalde prefirió arremeter contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La denuncia del Ayuntamiento de Madrid por el engaño en la compra de un millón de mascarillas a través de un intermediario estadounidense lleva en punto muerto desde julio del año pasado. Un juez de Madrid archivó provisionalmente la causa al constatar que la identidad que le había facilitado el Consistorio de la capital sobre el presunto estafador, Phiippe Haim Solomon, era falsa. Hace unos días, la Policía Municipal ha facilitado al juez una nueva posible identidad y ahora el magistrado Jorge Israel Bartolomé debe decidir si reabre la causa, informan a elDiario.es fuentes jurídicas.Un tema al día, el podcast de elDiario.es