El Ayuntamiento de Madrid pactó con un comisionista que parte de las mascarillas se enviaran al hospital de su mujer
“Sigo trabajando con todos los recursos que puedo, que no son pocos, para servir cuanto antes, siendo muy consciente de la responsabilidad”. Estas palabras salieron del teléfono móvil del empresario Alberto Luceño el 26 de marzo de 2020. Con los tres contratos de mascarillas, test y guantes firmados y parcialmente pagados por la funeraria municipal de Madrid, los comisionistas negociaban detalles con el Ayuntamiento mientras, por detrás, ya esperaban impacientes su botín millonario procedente del proveedor malayo. Pero la sucesión de mensajes entre Luceño y Elena Collado, alto cargo del Ayuntamiento, duró hasta noviembre de ese año y por el camino el empresario, ahora imputado, tuvo tiempo para pedir que cada miembro de su familia tuviera cuatro test de COVID salidos de la compra del consistorio y para planificar que 50.000 mascarillas fueran a parar al hospital donde trabajaba su esposa.
Fue a finales de abril de 2020, cuando las mascarillas ya estaban en Madrid y cuando tanto Alberto Luceño como Luis Medina habían recibido cobros desde Malasia en su banco de Madrid con el título “mask” o “commission”. Pide Luceño a Collado: “Lo que sí te pediré por favor es que cuando lleguen los test pueda tener 4 para cada miembro de la familia”. Ella contesta: “Claro que sí”. Mensajes de un mes después dan a entender que esta entrega de test no se produjo cuando, ya en mayo, Luceño explica que tanto él como Luis ya se habían hecho los test anteriormente.
El contrato para traer test fue el que menos rentable resultó para el Ayuntamiento. Según el Tribunal de Cuentas, cada test costó más de 16 euros, con mucha diferencia el precio más alto pagado por un ayuntamiento en nuestro país en esas primeras semanas de pandemia. De ahí salió una cuantiosa comisión para Luceño y, además, finalmente una buena parte de los test resultaron poco sensibles y por tanto inservibles. La relación vía WhatsApp entre Luceño y Collado se extendió hasta al menos hasta el 13 de noviembre de 2020, diez días después de que la Fiscalía empezara su investigación.
No fue la única referencia en estas conversaciones a Alberto Luceño, su familia y el material que él mismo había traído desde China a precios desorbitados. En abril de 2020, pocos días antes de que llegaran las mascarillas FFP2 que habían comprado, él y la funcionaria del consistorio acordaron que 50.000 mascarillas fueran a parar al Hospital Puerta de Hierro donde su mujer trabaja como nefróloga. “Te mandé correo de la donación. Pero no me has contestado. Cuando llegarán las 50 mil máscaras a Puerta de Hierro”, pregunta Luceño a su interlocutora. “Con lo que llegue va directo al hospital de Charo”, decía Collado días antes.
Dos días después, el propio Luceño coordinaba la llegada de las mascarillas al hospital. “Ya he coordinado con Roberto a las 10:30 en Puerta de Hierro”, le dice. Poco antes, Elena Collado le había pasado el contacto de Roberto Moreira. Unos días después, Luceño presumía del éxito de envío de mascarillas al centro: “Me ha llamado del hospital de mi mujer para darme las gracias, están todas las especialidades encantados”, dijo. “Me comenta mi mujer que se le acercan todos los días jefes de otras especialidades para decirle que están encantados y que muchas gracias al Ayuntamiento y a mi”, afirmó también.
La compra de mascarillas también fue uno de los grandes negocios de Luceño y Medina, según la Fiscalía Anticorrupción. Compraron un millón de mascarillas por más de seis millones de euros y cada uno había pactado una comisión de un millón. El margen era tan alto que Luceño, a espaldas de su socio, se llevó dos millones más.
Meses de mensajes
Tal y como revela este periódico este miércoles, los mensajes entre Luceño y la funcionaria del consistorio reflejan la llamada del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, al comisionista Luis Medina Abascal cuando no sabía que era un comisionista y, según el regidor para darle las gracias por la donación de más de 100.000 mascarillas. Desde el principio el alcalde ha defendido que la llamada se produjo una vez adjudicados los contratos y es cierto, pero después la alto cargo Elena Collado siguió cruzando mensajes durante meses con Alberto Luceño.
Mensajes que, sobre todo, trataban detalles sobre la entrega del material que llegaba a duras penas desde China, los problemas que se planteaban en las aduanas y esta entrega de mascarillas al hospital donde trabajaba la mujer de Luceño, pero también otras cosas.
Trataron, por ejemplo, la devolución del cargamento de guantes que no se ajustaba a lo que el Ayuntamiento había comprado. También abordaron el precio de estos guantes de nitrilo. En septiembre y octubre todavía estaban abordando cómo hacer llegar a España los reactivos que, supuestamente, ayudarían a mejorar la sensibilidad de los test que compraron meses atrás. Y un mensaje final que demuestra un nuevo ofrecimiento, este fallido, de test de antígenos: “No me dijiste nada de los test de antígenos que te mandé”, dice Luceño. Contesta Elena Collado: “Perdona, había comprado Madrid Salud 60.000 hace un mes o así”.
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