El Ayuntamiento de Valladolid denuncia a un funcionario por adjudicar contratos a cambio de jamones
Los jamones llegaban directamente al despacho del técnico de Administración y Gestión de Servicios Urbanos del Ayuntamiento de Valladolid, según el actual equipo municipal. Los enviaba el Grupo API, que con dos de sus mercantiles había conseguido la adjudicación de contratos de conservación de la señalización horizontal y vertical de las calles de la ciudad. El funcionario, según el Ayuntamiento, habría disfrutado también de la cesión de un vehículo alquilado por la mercantil, un Volkswagen Passat que el técnico utilizaba desde el año 2010. También se benefició su hijo, que fue contratado en 2013 por Grupo API Conservación para la UTE Señalización Madrid y en la que sigue en la actualidad y está contratado además por Salmantina de Seguridad Vial, perteneciente también a API.
En la denuncia presentada en la Fiscalía Provincial se menciona, además, que el funcionario habría recibido “entradas para espectáculos taurinos, entradas y desplazamientos al palco de la empresa en el Santiago Bernabéu, en concreto a un partido de cuartos de final de Champions League que enfrentó al Real Madrid con el Bayern de Múnich, siempre en compañía del gerente de la empresa, e invitación a comidas, viajes y estancias pagados a ferias del sector celebradas en Amsterdam”. Aunque en la denuncia no se determina el presunto delito, fuentes del caso precisaron que trataría de cohecho.
A consecuencia de ello, el Ayuntamiento entiende que el seguimiento del contrato de la señalización horizontal y vertical que realizaba este funcionario siempre era favorable a los intereses del Grupo API, “llegándose a pintar dos veces las mismas líneas con objeto de llegar a facturar al Ayuntamiento el 100% del importe del contrato, porcentaje de ejecución que siempre alcanzaba en todas las anualidades del contrato”.
El alcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE) y el concejal de Urbanismo Manuel Saravia (Valladolid Toma la palabra), desvelaron este lunes los detalles de la denuncia ya en poder de la Fiscalía. Ambos empezaron a sospechar al llegar al gobierno el pasado mes de mayo, cuando comprobaron la existencia de un contrato de señalización del Grupo API de “elevada cuantía”, y que ascendía a 800.000 euros anuales. Según Puente, había empresas que lo hacían por la mitad por lo que decidió suspender la adjudicación. “Queríamos ver por qué no se habían considerado ofertas más ventajosas”, explicó.
Mientras Puente y Saravia estudiaban las peculiaridades de la adjudicación y comprobaban que en Bilbao un contrato similar ascendía a 500.000 euros, un ex trabajador del Grupo Api acudió en noviembre al Ayuntamiento y reveló los detalles de la presunta connivencia entre el funcionario y la empresa adjudicataria. Fue entonces cuando se abrió un expediente disciplinario al trabajador municipal ya que, tal y como apuntó la asesoría jurídica, era necesario “aun siendo los hechos susceptibles de delito”. Una vez resuelto el expediente y con la conclusión de que existen indicios de criminalidad, el Ayuntamiento dio traslado a la Fiscalía el pasado 18 de enero. En la actualidad, el funcionario expedientado se encuentra de baja psicológica.
La rueda de prensa en la que Puente informó de la denuncia se produjo inmediatamente después de la del Grupo Municipal Popular, que aseguró que haber detectado “irregularidades” en la adjudicación, el pasado verano, por procedimiento de emergencia del contrato de señalización horizontal de las calzadas al Grupo API que, aunque se había anulado (por las sospechas ante el elevado coste) acabó contratando finalmente por el procedimiento de urgencia.
Puente salió al paso de las acusaciones del PP y explicó que el procedimiento de emergencia estaba “motivado por el informe del técnico de área en el que se alerta de que si no se pintan las rayas se entraría en situación extremadamente peligrosa con riesgo de accidentes y atropellos”. Aunque estudiaron el cierre de las calles afectadas o el desbloqueo del contrato, la mejor solución era un contrato menor con API por importe de 34.000 euros. Un contrato que se produjo antes de saber que el funcionario habría recibido regalos por parte de esa misma empresa.
