Garzón declaró que la única investigación judicial penal que existe en el mundo respecto de los supuestos crímenes del franquismo es, precisamente, la abierta en Argentina y ante la juez federal argentina María Servini de Cubría.
“No hay ninguna investigación abierta en España que vaya a establecer las eventuales responsabilidades por crímenes presuntamente cometidos durante la dictadura del franquismo y después, durante la etapa democrática, hasta el día de hoy”, reiteró Garzón en un posterior encuentro con periodistas.
El exmagistrado dijo que las dos únicas causas en curso en España relacionadas con el franquismo son una por un presunto crimen de guerra y otra por la apropiación de niños en clínicas en las décadas de 1960 y 1970.
“Más allá, entiendo que no hay ninguna investigación efectiva y tampoco puede haberla, y ese es el sentido y la justificación de la investigación en Argentina, por cuanto el Tribunal Supremo español definió en marzo de 2012 que no era posible esa investigación”, sostuvo Garzón.
La causa que lleva adelante Servini de Cubría fue abierta en virtud del principio de justicia universal y a ella se unieron muchas víctimas del franquismo después de que Garzón, que llevaba el caso en España, fuera inhabilitado el año pasado por ordenar escuchas policiales en otro proceso.
Garzón destacó hoy que la investigación en curso en Argentina “es la única posibilidad que le queda a las víctimas del franquismo dentro de la Justicia penal, porque no hay ningún otro procedimiento abierto, ni puede haberlo en España, para continuar con la investigación”.
El abogado argentino que lleva la querella presentada en Buenos Aires, Carlos Slepoy, dijo hace unos días a Efe que para junio próximo está previsto que declaren ante Servini de Cubría denunciantes, legisladores y alcaldes españoles.
Está previsto además que declaren varias víctimas del franquismo por videoconferencia.
Slepoy dijo que también están pendientes de que la juez acuerde el “dictado de órdenes internacionales de detención de nueve personas imputadas”, entre las que se encuentran los exministros Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina y Fernando Suárez, por sus responsabilidades cuando ejercían sus cargos.
La querella argentina se presentó por “delitos de genocidio y/o lesa humanidad” cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y abarca el periodo entre julio de 1936, fecha del levantamiento militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas celebradas en España tras la dictadura.