Agonizaba el mes de febrero de 2013 cuando el juez Fernando Andreu ordenó a dos peritos del Banco de España que elaboraran el informe que marcaría el devenir del 'caso Bankia', y con él, el posible esclarecimiento de los motivos del crack financiero y la crisis de la economía española. El resultado es demoledor, según coinciden distintas fuentes del caso. Y las consecuencias, nefastas para los responsables del agujero en una entidad sistémica. Su presidente en el momento del rescate, Rodrigo Rato, está imputado por seis delitos. El informe de los peritos apuntala todos ellos y muestra otros nuevos, como el de la estafa recogida en el artículo 282 bis. Solo con él, Rato podría sumar a los anteriores seis años de condena.
El informe de los peritos concluye que Bankia maquilló sus cuentas antes y después de ser rescatada con 23.500 millones de euros de dinero público, el sumidero por el que se escapó una parte del futuro de los españoles. Esa huida hacia adelante, la salida a bolsa en julio de 2011, se concreta en el artículo referido, dedicado a los administradores de las sociedades emisoras de valores que falseen la información económico-financiera contenida en los folletos de emisión, con el objeto de captar inversores. En el caso de que un tribunal considere que la gran estafa del 'caso Bankia' es “de notoria gravedad”, sus responsables pueden ser castigados con la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.
Este jueves, la euforia era patente entre los abogados de las acusaciones. “Es una bomba”, aseguraba uno de ellos. Han pasado dos años y medio de interminables declaraciones de imputados, defendidos por los abogados más caros de España, que redirigían responsabilidades hasta conducir el caso a un callejón sin salida. Pero desde ayer, las acusaciones tienen en su poder más de 400 folios de prueba acusatoria, un informe pericial del Banco de España que tendrá un peso determinante en el juicio oral, destacan expertos penalistas.
Uno de esos expertos considera que el falseamiento recogido en el artículo 282 bis se puede repetir en el caso de Rato y el resto de la cúpula de Bankia tantas veces como informes remitieron a otras tantas instituciones, como la Comunidad de Madrid o el Ministerio de Economía. A ellos se deben sumar los delitos inicialmente imputados al exvicepresidente del Gobierno en el 'caso Bankia': apropiación indebida, falseamiento de cuentas, administración desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas. Estas imputaciones se afianzan en las 400 páginas del informe, según los abogados de las acusaciones particular y popular.
De igual forma ocurre con la presunta responsabilidad de Rato en el uso de las tarjetas ‘black’. “La voluntad de ocultación de la existencia de estas tarjetas y sus gastos asociados es clara y la motivación para hacerlo también, teniendo en cuenta el escándalo producido al conocerse los hechos”, consignan los peritos.
Los delitos de apropiación indebida y societario que el juez atribuye a Rato y Blesa, y por los que les ha impuesto fianzas de responsabilidad civil millonarias, pueden ampliarse a otro fiscal. En el caso de los usuarios, los gastos sin declarar no alcanzan los 120.000 euros de umbral que establece la ley. Sin embargo, entre todos superan esa cifra anualmente y los administradores de la entidad serían responsables del delito fiscal. El juez Fernando Andreu aguardaba la recepción del informe del Banco de España para tomar nuevas decisiones en la pieza separada que mantiene abierta por los plásticos opacos. Ninguna de las acusaciones consultadas se atreve, por el momento, a hacer un cómputo ajustado de una petición de condena, pero en el estado actual de la investigación, los cálculos más conservadores apuntan a más de diez años.
La responsabilidad de Deloitte
Pero si el informe resulta altamente perjudicial para los responsables de Bankia no lo es menos para los supervisores, la CNMV, el Banco de España y, sobre todo, coinciden los expertos, la auditora Deloitte. Los peritos son claros al respecto: “Debería haber detectado los errores contables”. Y no lo hizo. La auditora es responsable de dar el visto bueno para que Bankia saliera a bolsa, con el consiguiente daño para los inversores. Entre otros, sería responsable de ese delito de falsificación de la información para la salida a bolsa, penado hasta con seis años, en concepto de cooperadora necesaria. “Es importante que Deloitte aparezca señalada, que el pool de indemnizadores se amplíe. En el caso de condena, contribuirá a que los accionistas recuperen su dinero: es solvente”, aseguraba este jueves uno de los penalistas consultados.
El informe de los peritos deberá ser ratificado en sede judicial por ambos. Declararán como testigos y podrán ser interrogados por juez, fiscal y el resto de las partes, incluidos los caros abogados de los imputados, que intentarán rebatir las afirmaciones recogidas en el extenso informe.