El Ayuntamiento de Barcelona ha retirado este jueves el busto dedicado a Juan Carlos I del Salón de Plenos del consistorio porque, según el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ya no es el jefe de Estado, por lo que considera que es una “anomalía” no justificada que esté situado en la sala. Pisarello ha resaltado en rueda de prensa que estudiarán con el resto de partidos si se coloca en su lugar una representación del Rey Felipe VI, tras lo que ha asegurado que revisarán desde el consenso la simbología y la iconografía monárquica tanto en el Ayuntamiento como en la ciudad, ya que considera que está “sobrerrepresentada”.
El comisionado de Estudios Estratégicos y Memoria Histórica, Xavier Domènech, ha recordado que el busto -que se ha trasladado al almacén de del barrio de Canyelles mientras se decide su ubicación definitiva, que proponen que sea el Museu d'Història de Barcelona- se colocó en substitución de uno de Francisco Franco, y ha defendido que la figura es “poco representativa con los usos normales de la representación del jefe de Estado”.
“El busto, que además está delante de un cuadro, tiene una dimensión en el Salón de plenos que entendemos que no corresponde a los usos democráticos”, ha asegurado, y ha considerado que en toda la zona noble del Ayuntamiento y el edificio Palau hay un sobredimensionamiento de la representación de la monarquía que debería, al menos, estar compartida con otras memorias de la ciudad, como la republicana, ha dicho.
Cumplir la ley
Pisarello ha asegurado que estudiarán con el resto de partidos cómo dar cumplimiento a la ley, ya que ha recordado que un reglamento de 1986 obliga a colocar una efigie del jefe de Estado en el Salón de plenos, pero ha resaltado: “La norma dice efigie, que es cualquier tipo de representación. Puede ser una fotografía o un dibujo, es muy interpretable”.
Ha señalado que tanto el Gobierno municipal como otros partidos del consistorio tienen convicciones republicanas, y ha defendido que, pese a que la monarquía es una institución constitucional, comporta “cierta anomalía democrática, ya que es una institución no electiva y desde el punto de vista histórico ha estado a veces vinculada a privilegios y opacidades impropios de un régimen representativo del siglo XXI”.
Estatua de la república
Domènech ha explicado que prevén elaborar un Plan de actuación memorial consensuado con las fuerzas políticas y las entidades y vecinos de la ciudad, que pretende revisar el nomenclátor y la iconografía de Barcelona y que estudiará “hasta qué punto la monarquía está sobredimensionada y hasta qué punto esta referencia de la memoria monárquica es compatible con un régimen de libertades democráticas”.
Ha propuesto que la primera “actuación simbólica” sea trasladar la estatua de la República, situada ahora en la plaza Llucmajor, al cruce entre paseo de Gràcia y la avenida Diagonal -conocido como la plaza del Llapis, de donde en 2011 se retiró la estatua de la Victoria, símbolo franquista- y restituir la placa del presidente del Gobierno de la Primera República Francesc Pi i Margall.
Defiende que su línea de actuación “no quiere ser de revisión y sustracción, sino que quiere ser propostiva”, y que corrija la situación actual, en la que considera que hay símbolos sobredimensionados y también otros infrarrepresentados propios de la memoria de la ciudad. Ha asegurado que trabajarán “desde el consenso y con las fuerzas de la oposición” para revisar la simbología, objetivo por el que han encargado a la dirección de patrimonio del Institut de Cultura de Barcelona (Icub) un estudio que esperan que esté terminado en un plazo de unos ocho meses.
Propone acotar a los últimos 200 años de historia la simbología, ya que la memoria “es más intensa en los últimos siglos que en los tiempos muy anteriores”, pero ha señalado que es un criterio de entrada discutible que se decidirá desde el consenso.