La venganza en tres actos que prometía el escrito de Luis Bárcenas a la Fiscalía Anticorrupción acaba de superar su ecuador. Tras la declaración en el caso Púnica y la de los últimos dos días en el juicio de la caja B solo resta que aparezcan los documentos que acreditarían las concesiones de administraciones del PP a empresarios a cambio de mordidas y que, según ha reiterado Bárcenas en la vista, está tratando de recuperar tras haberlos confiado a un amigo. Hasta ahora, el extesorero ha dejado un puñado de titulares sobre graves episodios de corrupción por parte de Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal o Esperanza Aguirre que no tendrán consecuencia penal alguna por ser inconstatables o estar prescritos.
El último de ellos fue la descripción del encuentro celebrado en febrero de 2009 en el despacho del presidente del PP, ubicado en la planta séptima de la aún sede nacional del partido de la calle Génova de Madrid que el actual líder, Pablo Casado, ha decidido abandonar. Acababa de estallar el caso Gürtel y Bárcenas fue a entregar el “remanente” de la caja B a Mariano Rajoy. Como había explicado la previa, el episodio de corrupción había advertido a los empresarios en contra de seguir entregando dinero al PP, por lo que Álvaro Lapuerta y él decidieron cerrar la caja B. Junto al dinero, Bárcenas entregó a Rajoy constancia documental extraoficial y el presidente del PP reaccionó “espantado”. “Me dice que cómo puedo tener esos papeles y los destruye en la destructora que tenía a su espalda”, continúa Bárcenas. Todo ello es grabado subrepticiamente por él, según trasladó en 2013 la periodista Marisa Gallero, que ella hace constar en un libro y que está citada a declarar como testigo en la vista oral.
El abogado Gustavo Galán, que defiende a Bárcenas, preguntó a su cliente por el déficit documental que tienen sus afirmaciones y que el letrado de la acusación popular Gonzalo Boye puso de manifiesto en el trámite de las cuestiones previas. El extesorero afirmó que él ha colaborado con la justicia desde que entró en prisión en junio de 2013 de forma ininterrumpida. En este sentido defendió que el juicio de la caja B se está celebrando por la documentación que él aportó al juez Pablo Ruz y que completaba la publicada por El País, defendió sus distintas confesiones o su declaración en la vista de Gürtel.
“Yo he seguido colaborando con la justicia pero se me hace muy difícil cuando papeles que darían un soporte adicional a lo que ya he presentado me han sido sustraídos”, explicó a continuación Bárcenas. Y en ese momento entró de lleno en la investigación de la Operación Kitchen y citó escritos de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad de Asuntos Internos que señalan al comisario Andrés Gómez Gordo, el policía que fue asesor de María Dolores de Cospedal, como la persona que se quedó con la grabación a Rajoy, otra a Javier Arenas y diversa documentación, después de que le fuera sustraída presuntamente por el también comisario Enrique García Castaño de un local donde su mujer guardaba obras de arte.
En sus respuestas al fiscal el lunes, Bárcenas reveló un episodio desconocido hasta ahora: el supuesto intento del PP por que fabricara unos papeles distintos a los publicados por El País para que el partido pudiera denunciar una maniobra contra él. Fue el abogado Javier Iglesias –El Largo, según las menciones de Villarejo y su banda en las grabaciones del caso Tándem– quien le ofreció 500.000 euros de dinero negro de los empresarios a cambio de saldar su conflicto laboral con el partido. Bárcenas lo rechazó porque, según él, quería cobrar legalmente y además la deuda ascendía a 975.000 euros.
Su letrado le siguió preguntando por el carácter de su colaboración de la justicia y Bárcenas negó cualquier animadversión hacia sus “compañeros de partido durante más de treinta años”. “Lo único molesto para mí es la cobardía de una serie de personas que no están dispuestas, como otros estamos haciendo, a reconocer que nos hemos equivocado, que hemos cometido errores, que nos hemos financiado irregularmente, y que sabíamos lo que estábamos haciendo. Y en un momento como éste, donde todos están fuera de la política, y eso que se llaman responsabilidades políticas no se les pueden exigir, me parece una cobardía en términos coloquiales eso de no dar la cara”, afirmó Bárcenas con un matiz, la consabida mala relación que tiene con Cospedal en la que destaca, dijo, la “animadversión” que tiene hacia él la exsecretaria general del PP.
Luis Bárcenas también descartó cualquier inquina al PP como partido excluyendo al “PP de Pablo Casado” de cualquier responsabilidad. Fue “el PP de Mariano Rajoy”, añadió, quien ordenó la operación policial para robarle las pruebas de la caja B que aún constaban en su poder. En este sentido, afirmó que había dado instrucciones a su letrado para que desmintiera la noticia de El Mundo de una negociación entre dos personas próximas al PP y un amigo suyo. Reconoció que eran “próximas” al actual PP porque uno de ellos, el magistrado entonces de la Audiencia Nacional Enrique López ahora es vicesecretario de Justicia de la formación y consejero del ramo en la Comunidad de Madrid y el letrado Jesús Santos presta servicio al partido, pero negó que mantuvieran una negociación como tal con él a través de un tercero.
Esta colaboración que ofrece Luis Bárcenas se ha encontrado con la desconfianza de la Fiscalía. Anticorrupción hizo pública una nota cuando el PP acusó al Ministerio Público de pactar con el acusado para perjudicarle. En esa nota, la Fiscalía especializada rebajaba la importancia del ofrecimiento de Bárcenas y lo atribuía en exclusiva a la iniciativa del extesorero. Esa distancia con la oferta quedó de manifiesto cuando Anticorrupción retiró a una de las dos fiscales históricas de Púnica de la declaración a Bárcenas e hizo que las preguntas las formulase un fiscal recién incorporado al caso que en todo momento cuestionó las afirmaciones del extesorero del PP. Entre estas acusaciones, Bárcenas dijo que Esperanza Aguirre había recogido un sobre con una donación irregular de 60.000 euros por un empresario que quería aportar a su campaña de 2007.
El carácter remiso de la Fiscalía al ofrecimiento de Bárcenas se confirmó el lunes cuando el respresentante del Ministerio Público en el juicio de la caja B, Antonio Romeral, llegó a poner en duda los papeles de Bárcenas cuestionando la credibilidad de algunas anotaciones, pese a ser la prueba sobre la que se apoya la misma causa y que ha sido validada por sendas sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
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