El lunes, el retorno de Luis Bárcenas a los titulares por un recurso del PP que pedía su absolución de su extesorero. El martes, la imputación de Mariano Rajoy en Andorra para esclarecer su participación en la policía política que actuó durante su gobierno. Y el miércoles, la apertura de juicio oral contra el llamado cártel del fuego, un grupo que amañaba contratos de servicios de extinción de incendios y que, según la Audiencia Nacional, sobornó a Serafín Castellano, quien fuera conseller de la Generalitat Valenciana con Francisco Camps y el hoy senador Alberto Fabra, además de delegado del Gobierno hasta su detención durante el primer mandato del propio Rajoy.
La corrupción es la bicha que no se mienta en el número 13 de la calle Génova de Madrid. Es anatema. Se llevó por delante a Rajoy, y a tantos otros, y hundió al PP a sus peores registros. Pero son tres escándalos de corrupción relacionados con el PP que se han materializado de una u otra manera en la última semana de campaña de las elecciones de Andalucía del próximo domingo. El candidato de la derecha llega a ellas, según sus propias declaraciones, sin la presión de vencer en las urnas, cosa que dan por segura, sino con la de saber si tendrá que tragar con Macarena Olona de vicepresidenta.
El pánico a la corrupción es tal que el lunes el PP tomó una decisión pocas veces vista: desistir de su propia defensa jurídica. ¿El motivo? Lo dio el vicesecretario Esteban González Pons: “La estrategia jurídica choca con la lógica política. Debe pesar más la política que la estrategia jurídica”. Una estrategia con una vigencia de una década.
La dirección de Feijóo prefirió así renunciar al recurso que sus abogados presentaron ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que condenó al PP como responsable civil subsidiario por los pagos en dinero negro que Luis Bárcenas hizo a la constructora que reformó la sede nacional del partido. La senda jurídica era obvia: para que el PP pueda ser declarado inocente, primero es el ejecutor del delito el que debe ser absuelto. Por eso el abogado del partido, Jesús Santos, redactó un recurso en el que se reivindicaba la inocencia de un Bárcenas que sí había reconocido en el primer juicio su propia culpabilidad.
“La dirección nacional ha conocido por los medios que un recurso de los abogados pide la absolución de Bárcenas”, señaló Pons. Primero, en Génova achacaron el lío a la anterior dirección. “Se redactó en noviembre y se presentó ad cautelam tres días antes del congreso nacional”, justificó Pons. Pero la realidad es que el documento se registró en el Supremo el 20 de abril, casi tres semanas después de la elección de Feijóo como presidente. Además, la dirección de Pablo Casado, en silencio desde su salida, se revolvió y difundió que ellos no habían tenido nada que ver. De hecho, hay un nexo de unión entre ambas cúpulas: la secretaria general, Cuca Gamarra.
El martes la dirección del PP cambió de estrategia y puso en la diana “a los abogados” del PP. “Si los abogados hubieran permitido a la nueva dirección leer el recurso, seguramente no se habría presentado”, dijo Pons en Antena 3. Un señalamiento tanto al letrado que ha defendido al PP en algunos de los casos más duros, Jesús Santos, como al jefe de la Asesoría Jurídica del partido, Alberto Durán. Un funcionario de la casa que suma trienios de contrato y que es, además, el director de Cumplimiento Normativo (Compliance), uno de los puestos vitales en cualquier estructura desde que en 2010 se introdujera la responsabilidad penal de las personas jurídicas (empresas, partidos, ...)
Para intentar no empantanar la campaña de Juan Manuel Moreno con el nombre más asociado a la corrupción, la dirección del PP abrió otra vía de agua. ¿Cómo pudo registrar el abogado el recurso por su cuenta? ¿Consultó con el director de la Asesoría Jurídica? Y este, ¿preguntó a alguien? ¿Una decisión así quién la toma? ¿Y cómo? ¿La estructura del PP funciona al margen de su presidente?
elDiario.es preguntó el lunes, sin éxito, si se iban a adoptar medidas contra Duarte. Pero en las últimas horas varias informaciones en diversos medios apuntan cuando menos a un creciente nerviosismo en Génova porque nadie quiere hacerse responsable del lío y se señalan unos a otros. Según El Mundo, se ha puesto en marcha una “auditoría informal” para esclarecer lo ocurrido.
Rajoy, imputado
Con todo, Bárcenas es un nombre amortizado para el PP. O eso creen en Génova. Mucho más en Andalucía, donde no es el PP de Moreno, con menos de cuatro años de legislatura, el partido que arrastra el lastre de la corrupción. Con lo que no contaban los estrategas, quizá, es con la noticia que se conoció el martes: un juez de Andorra ha imputado a Mariano Rajoy.
Que la justicia de un país extranjero tome acciones de esta forma contra un expresidente del Gobierno ya es llamativo. Pero, además, lo hace para intentar esclarecer uno de los grandes misterios políticos de la última década: quién está en la cúpula de la llamada policía política y de la Operación Catalunya. Es decir, quién ordenó crear una estructura parapolicial para investigar extrajudicialmente, e inventar pruebas, a políticos independentistas, a rivales políticos como Podemos y a destruir las pruebas que atesoraba Bárcenas sobre la corrupción del partido.
Una trama cuya investigación judicial está comenzando a dar sus primeros frutos ahora, pese a que las primeras informaciones sobre la existencia de una brigada política en la Policía Nacional se publicaron hace ya ocho años. Eugenio Pino ya ha sido condenado en un tribunal. Y queda mucha tela que cortar.
El señalamiento judicial de Rajoy lo es, además, al referente político de Feijóo. Pero no solo. En 2018, Juanma Moreno apoyó la opción continuista de Soraya Sáenz de Santamaría en el congreso extraordinario celebrado en Madrid. Frente a la impugnación total y la renovación que prometió Pablo Casado, el autodenominado sector moderado del PP se aglutinó en torno a la ya exvicepresidenta como heredera moral de Rajoy.
De hecho, Moreno asumió su primer cargo importante durante el primer Gobierno del gallego como secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en el Ministerio de Ana Mato. Fue el trampolín que le permitió en 2014 dar el salto a liderar el PP de Andalucía.
Un fuego en el País Valencià
El tercer frente que se le abre al PP en la recta final de la campaña ha sido en una de las plazas que más problemas ha generado al partido en los últimos años, el País Valencià.
Quien fuera conseller con los cuatro presidentes que el PP ha tenido en la comunidad (Eduardo Zaplana, Juan Olivas, Francisco Camps y el hoy senador Alberto Fabra), y delegado del Gobierno designado directamente por el Consejo de Ministros que presidía Mariano Rajoy hasta su detención, Serafín Castellano, ha sido procesado por el juez de la Audiencia Nacional José Manuel García Castellón.
Feijóo comparte hoy asiento con Fabra en el Senado, aunque el expresident de la Generalitat no tiene ningún cargo orgánico ni en la institución que dependa del actual presidente.
Según el auto de paso a procedimiento abreviado, que da pie a la apertura del juicio oral, se señalan delitos como “organización criminal; de alteración de precios en concursos o contratación pública; cohecho; falsedad documental; malversación de caudales públicos; prevaricación; asociación ilícita, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos; tráfico de influencias y exacciones ilegales”.
El PP vivió una situación similar durante las elecciones catalanas de 2021. Algunos de los nombres eran los mismos: Bárcenas pidió un careo con Mariano Rajoy ante el juicio que acabó con la condena que se quiso recurrir apelando a la inocencia del extesorero, tal y como se conoció este lunes. El resultado entonces fue demoledor, el PP apenas logró tres diputados en el Parlament. Al día siguiente, Pablo Casado anunció la venta de la sede de la calle Génova de Madrid que Feijóo ahora ha detenido. Y unos meses después, Isabel Díaz Ayuso ganaba sus elecciones. Está por ver el impacto de la corrupción en las urnas este 19J.