El acuerdo entre el PP y Vox para gobernar la Generalitat valenciana se cerró de sopetón. 24 horas antes, la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo trazó su “línea roja” para permitir el pacto de Carlos Mazón con la ultraderecha: prescindir de su candidato, Carlos Flores, condenado por violencia machista. En apenas horas, por arte de birlibirloque, Flores desapareció de la quiniela valenciana y pasó a encabezar la próxima lista del Congreso. Y mientras el público atendía a la mano derecha, la otra colocaba a un torero de vicepresidente y entregaba a la extrema derecha 1.500 millones de euros del presupuesto público.
Las réplicas del terremoto que provocó la coalición entre PP y Vox para recuperar el poder valenciano han escalado hasta la planta noble del número 13 de la calle de Génova, en Madrid, donde tiene su despacho el líder del partido, quien este lunes aseguró en una entrevista en la cadena SER que Flores “tuvo un divorcio duro”. Una frase que tuvo que salir a matizar su portavoz, Borja Sémper, quien no explicó a qué se refería su jefe cuando dijo sobre el futuro diputado nacional de Vox convicto: “Hace 20 años, es verdad. Es un catedrático de Derecho Constitucional, es verdad. Ha cumplido la sanción, es verdad”.
El ambiente dista mucho del éxtasis que se vivió tras las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Dos días después, con la convocatoria de las generales para el 23 de julio ya sobre la mesa, Feijóo recibió a sus candidatos autonómicos en la puerta de la sede nacional con una performance de la que quedan ya pocas reminiscencias: música, aplauso y paseíllo triunfante ante las cámaras de televisión.
Aquel día, el líder de la derecha dio por hecho que todos sus barones en condiciones de gobernar lo harían, aunque para ello tuvieran que sumar con el partido de Santiago Abascal. Uno a uno, se refirió a ellos como “presidentes”. Incluida María Guardiola, pese a que perdió en Extremadura contra Guillermo Fernández Vara, aunque un “pacto de perdedores” podría abrirle la llave del poder.
En el PP pensaban que podrían hacer como en 2019, cuando Vox entregó todo el poder municipal y autonómico sin pedir compartir gobiernos. Pero el propio Abascal ya dejó claro que no tenían intención de hacer tal cosa. Porque, ¿cómo podría luego reclamarle él mismo a Feijóo ser vicepresidente del Gobierno tras el 23 de julio?
El que más corrió fue Carlos Mazón. Poco más de dos semanas después de las elecciones cerraba el acuerdo con Vox: coalición, vicepresidencia y tres consejerías, incluida Agricultura. La gran deseada por la ultraderecha, además de Cultura: las ha pedido en todas las instituciones donde ha podido hacerlo.
Feijóo felicitó a Mazón, según reveló este y nadie ha desmentido en el PP. Pero la reacción al acuerdo ha puesto en guardia a otros barones autonómicos que también negocian con Vox para lograr gobernar. Desde Aragón a Murcia, pasando por Baleares, donde Marga Prohens ha hecho presidente del Parlamento autonómico a un hombre que ha dicho, entre otras cosas, que “las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene”.
Pero donde más ha impactado el acuerdo con la ultraderecha es en Extremadura. María Guardiola dijo desde el primer momento que quería gobernar en solitario, pero la aritmética es muy complicada para la dirigente del PP. Tanto, que este martes el PSOE se ha hecho con la Presidencia de la Asamblea autonómica ante la ausencia de un pacto entre derecha y ultraderecha.
Guardiola había ofrecido el puesto a Vox a cambio de que renunciaran a su intención de entrar en el Gobierno. Les planteó, además, otro puesto en la Mesa que gobierna la Asamblea. Y asumió un decálogo de medidas que, tal y como ella misma reconoció, serían del gusto de cualquier votante de Abascal: “libertad de elección” para los padres dentro de los colegios, mantener las centrales nucleares, acabar con la ley de Memoria Histórica autonómica, reducir la Red Natura 2000 (espacios naturales protegidos) para dar cabida a “empresas” y “nuevos proyectos industriales”, además de potenciar la caza, los toros y volver a poner todo el monte al servicio de la explotación ganadera.
Pero Guardiola no ha querido aceptar su entrada en el Gobierno, al menos de momento y en las condiciones planteadas por Vox. Este mismo martes anunciaba su renuncia temporal a intentar la investidura. “Iremos a elecciones si hay que ir”, dijo la líder del PP. “Mi palabra y mi trabajo son mi patrimonio. Las cosas no se dicen por decir y las promesas están para cumplirlas”, afirmó, para recordar su compromiso de gobernar en minoría. También aludió a la posición de Vox en un tema como la violencia machista, pese a sus propias contradicciones.
Con la constitución de la Asamblea este martes se pone en marcha el calendario para que algún candidato logre la investidura. La votación se celebrará como tarde en un mes, en la antesala de las elecciones generales, pero el proceso se puede extender casi hasta el otoño antes de que se convoquen nuevamente las urnas.
De momento, Feijóo no se ha pronunciado sobre lo ocurrido en Extremadura. Desde la dirección nacional de Vox, Jorge Buxadé ha insistido en el Gobierno de coalición.
Quienes siguen con detenimiento lo ocurrido son los otros barones que aspiran a gobernar con el apoyo directo o indirecto de Vox. Un dirigente que ya antes del 28M barruntaba que él, o alguno de sus compañeros, tendrían que “inmolarse”, da por segura la repetición electoral en Extremadura y cree que es la ultraderecha la que se ha disparado en el pie al negarle el voto a Guardiola.
En Baleares, Prohens necesita al menos la abstención de Vox. De ahí su gesto de cederles la Presidencia del Parlamento. La líder del PP, además, ha asumido en un documento programático firmado con la ultraderecha algunas de sus reivindicaciones ideológicas más duras, como hablar de “violencia intrafamiliar” o poner el foco en la “inmigración ilegal”.
Esta entrega ideológica del PP a Vox ha sido la habitual en los acuerdos municipales alcanzados para las investiduras de este pasado fin de semana.
En Murcia, Fernando López Miras está en una situación similar. Este ha amenazado, como Guardiola, con la repetición electoral, y ha desligado la negociación con lo ocurrido en otras comunidades, en clara referencia a la Valenciana y a Baleares. Para empezar, los puestos en la Mesa de la Asamblea se los han repartido PP y PSOE. Vox se ha quedado sin nada.
Y en Aragón, Jorge Azcón mantiene una negociación soterrada y “a fuego lento”, según el PP de la región. El exalcalde de Zaragoza es quien lo tiene más complicado de los tres, puesto que necesita sí o sí el voto favorable de Vox para la investidura.
La clave ahora son los plazos. Como en el caso de Extremadura, todas las asambleas regionales establecen un calendario que dejará las primeras votaciones de investidura muy próximas a las generales del 23 de julio. La idea de todos los barones era intentar posponer los acuerdos, llevarlos más allá de las elecciones y así evitar que Vox formara parte de la campaña. Las prisas de Mazón lo han impedido, y han puesto el listón muy alto. La ultraderecha no acepta ya menos que eso. Guardiola ha sido la primera víctima, era la que más complicado lo tenía, pero no tiene por qué ser la última.
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