Begoña Gómez será la nueva directora del IE Africa Center, un centro de estudios africanos que depende de la Fundación Instituto de Empresa y que trabajará para impulsar, con empuje de capital público y privado, proyectos en África. Su fichaje, pese a que está ajustado a su carrera y experiencia profesional y según el IE se cerró antes de llegar Sánchez a la Presidencia, ha suscitado muchos debates, la mayoría fagocitados por la derecha política, que ha encontrado en el anuncio otra vía para hacer la oposición y desgastar al Gobierno.
Pero, ¿la posición de Gómez como esposa del presidente puede condicionar de alguna manera su trabajo si es un rostro conocido para sus interlocutores? ¿Es posible compaginar agenda institucional (si la tiene) con su agenda como directiva sin que existan interferencias? ¿Sería lógico y justo que el desarrollo de su carrera profesional quedara condicionado por ser pareja del jefe del Ejecutivo? ¿Su contratación, que es legal, es estética para la imagen de un Gobierno tan preocupado por los detalles?
Tras conocerse el fichaje, la cuenta oficial del PP ya hablaba de la “agencia de colocación” de Pedro Sánchez y algunos cargos populares han calificado la incorporación de Gómez a la empresa privada como “cohecho impropio”. Mensajes similares se han repetido por redes sociales en las últimas 24 horas y el Instituto de Empresa ha tenido que salir al paso aclarando que el IE Africa Center no se nutrirá de fondos públicos dependientes del Gobierno de España ni de organismos que estén fundamentalmente sostenidos con sus fondos aunque la institución cuelga de una fundación que sí tiene financiación mixta.
Por ejemplo, el Ejecutivo, ya con Pedro Sánchez en La Moncloa, firmó en julio la prórroga de un convenio de colaboración entre la entidad pública Casa Árabe y la Fundación IE por un año más, según publicó OKdiario. Entonces, según el Instituto de Empresa, ya había habido contactos con Gómez para iniciar este proyecto. En cualquier caso, este convenio de colaboración esta circunscrito solamente a un fin: el funcionamiento del Observatorio de Finanzas Islámicas en España–Islamic Finance Lab.
Con todo, para el politólogo Pablo Simón, esta contratación se cuela en una “zona gris”. A su juicio, “no hay duda de la plena competencia de Gómez para desarrollar el puesto”. “Su currículum la avala, ese no es el problema, sino que si mantiene agenda institucional y a la vez desarrolla su carrera como directora tendrá dos gorros. Si vas a una cena con el presidente de Sudáfrica con Sánchez, ¿cómo quién hablas? ¿haces contactos? Eso me genera dudas”, explica en conversación con eldiario.es.
La autonomía de Begoña Gómez en el desarrollo de su trabajo y el derecho a que continúe con su carrera profesional independientemente de la posición de su marido, Pedro Sánchez, no es un asunto sujeto a discusión para Marina Subirats, catedrática emérita de Sociología de la Universidad de Barcelona.
Subirats considera que, en esta polémica, hay una parte de resistencia social porque “durante muchos años se ha considerado que la unidad era la pareja y todo está subordinado al hombre”. “Eso se eleva con un presidente del Gobierno, pero es un mensaje muy positivo que Begoña Gómez tenga su propia vida, su propio ritmo. Tiene toda la legitimidad para hacer su vida profesional, independiente, y no tiene por qué verse perjudicada cuando, como en este caso, el puesto encaja con su formación y a su trayectoria”, explica.
Lo legal y lo estético
Para los expertos consultados, no hay discusión sobre la legalidad del nombramiento, pero sí sobre la estética y las consecuencias que la circunstancia tiene sobre un Gobierno que “ha medido cada paso”, apunta Simón. “Aquí el Gobierno tiene que ponderar en qué polémicas está dispuesto a meterse y valorar si las encaja o realmente pueden provocar un daño. Supongo que en este caso han asumido que se iba a levantar recelo pero no iban a privar a Begoña de desarrollar su carrera”, abunda el politólogo, convencido de que este filón será empleado por la oposición como una vía de desgaste más pese a que “no es un nombramiento público”.
“El PP lo mete dentro de una serie de nombramientos que hace el Gobierno, como el de Tezanos (CIS), Paradores, Correos... para reforzar la idea de que están colocando a todo el mundo. Pero eso es un totum revolutum para vender que el presidente que entró por la puerta de atrás canibaliza las instituciones y se hace con todo el pesebre público. Hay que analizar los casos con sus matices, no meterlo todo en el mismo saco”, reflexiona Simón.
Concretar cuáles serán las funciones y competencias de la nueva directora del IE Africa Center, experta en captación de fondos para ONG con 20 años de experiencia, “solventaría” para Simón y Subirats algunas de estas dudas y debates. “Esto se soluciona rápido teniendo la certeza de que sus funciones no tienen correlato con la actividad institucional que pueda tener”, apunta Pablo Simón.
Sobre esta cuestión, fuentes del IE aseguran que el trabajo de Gómez estará centrado en “el liderazgo ejecutivo”. “El objetivo es dar un marco común a lo que ya se está haciendo en África desde hace diez años con el IE. Tener unas directrices coordinadas y de eso se encargará”, explican fuentes del Instituto de Empresa, que no concretan si tendrá un papel directo en la captación de fondos para esos proyectos. Según datos aportados por el IE, en el último ejercicio el porcentaje de fondos públicos de la financiación total de la fundación alcanzaba solo el 2%; y “a lo largo de la historia nunca ha superado el 5%”.
La germinación de casos de corrupción vinculados a fundaciones, como el caso Nóos, ha cristalizado las sombras y suspicacias sobre esta figura jurídica, de la que cuelga también el IE Africa Center. El Instituto Nóos, con Diego Torres a la cabeza, facturó 1,2 millones de euros por organizar tres jornadas deportivas en el Palma Arena. Fue el origen del caso, que reveló que el dinero iba a parar a varias sociedades, entre ellas Aizzon, vinculada con Iñaki Urdangarin, que después creó una fundación para, según la justicia, seguir haciendo lo mismo: recibir dinero público a espuertas, en total 6,2 millones de euros entre Valencia y Baleares.
“El caso Nóos es uno determinado. Hay fundaciones que hacen trabajo valioso. Lo que ha pasado aquí es que estamos en una situación de enorme crispación. Nos hemos acostumbrado a la corrupción. Esa sensación de permanente sospecha corrompe las bases mismas de la sociedad, nadie se fía de nadie”, analiza Subirats.
Es la primera vez que la actividad profesional de la pareja del presidente del Gobierno genera polémica por supuestos conflictos de intereses. No hay precedentes en este sentido: bien porque la esposa del jefe del Ejecutivo dejó su trabajo –Viri Fernández solicitó una excedencia en Telefónica– o bien porque su actividad no tenía nada que ver, como el caso de Sonsoles Espinosa, que es soprano.
También hay que recordar la entrada en política de Carmen Romero, que fue diputada por el PSOE en cuatro legislaturas, o Ana Botella, como edil del Ayuntamiento de Madrid en 2003, cuando José María Aznar aún ocupaba la presidencia del Gobierno. Tras su salida, continuó en la política. Se había apartado de su puesto de funcionaria y en 2011 ocupó el puesto de alcaldesa de Madrid, que dejó Alberto Ruiz-Gallardón cuando se fue al Ministerio de Justicia. Iba de número dos en su lista en 2007.