Hace meses que su imputación se daba por descontada. Tanto es así que ayer, cuando a la lista de imputados en casos de corrupción de la bancada popular en las Cortes Valencianas se sumaron la alcaldesa y el ex alcalde de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, la suma total que se ofrecía variaba dependiendo del medio que la recogía.
Rafael Blasco —hasta hace unos instantes la voz del PP valenciano en la cámara autonómica— es, no obstante, el que hace diez. La causa por la que oficialmente ha sido imputado hace unas horas, la vinculada al caso Cooperación, que investiga el entramado construido alrededor de consejería de Solidaridad y Ciudadanía en el periodo en que Blasco ocupó su titularidad (entre 2008 y 2011), con la finalidad de captar fondos originalmente destinados a cooperación internacional.
La juez Pía Calderón, que instruye el caso en el TSJ valenciano, ha imputado al diputado popular “tras estimar la existencia de sólidos indicios de su participación en la comisión de los hechos investigados, inicialmente calificados como delitos de fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental”.
Convencido de su inocencia
“Estoy convencido de mi inocencia”, ha declarado esta misma mañana a la Cadena Ser el todavía diputado popular en Las Cortes, que no ha acompañado la dimisión en su puesto de portavoz del grupo popular con la renuncia al acta de diputado que le otorga su condición de aforado. Una condición que no impidió que la juez Nieves Molina, titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, remitiera el caso al TSJ tras observar numerosos indicios de delito en la conducta del ex conseller, tal como quedó plasmado en su auto.
Blasco ha sido citado a prestar declaración ante la juez el próximo día 18 de octubre de 2012, a las 10 horas, y se da por descontado que acudirá asistido por el letrado Javier Boix, con el que lleva preparando su defensa desde hace semanas. El penalista, recientemente popularizado tras arrancar la sentencia de no culpabilidad del jurado popular en la causa de los trajes de Francisco Camps y asiste en la actualidad entre otros a Carlos Fabra o el ex director de la CAM Roberto López Abad, ya logró en 1991 la absolución de Blasco —que a resultas de la acusación fue expulsado del PSPV— en otro caso de presunta corrupción, entonces mediante la anulación de las cintas que constituían la prueba principal.
El dinero de “Negrolandia”
Esta vez también hay grabaciones de conversaciones —tanto con la voz de Blasco como con las del resto de los 27 imputados hasta la fecha en la causa— recogiendo frases tan clarificadoras como “hay que dar prioridad a lo nuestro antes que a lo de los negratas” o “¿se han cerrado los proyectos de Negrolandia?”, emitidas por uno de los presuntos cerebros de la trama, Augusto César Tauroni, cuyas empresas ya se vieron beneficiadas por el paso previo de Blasco por otras consellerías a lo largo de la pasada década.
No obstante, y aunque como un malo de película el diputado del PP comenzara a utilizar cabinas telefónicas para mantener conversaciones una vez se destapó el “caso Cooperación”, el auto original remitido por la juez Nieves Molina aporta numerosos datos documentales que apuntan a un desvío estimado de 4 millones de euros.
Tras saltar la esperada noticia, la reacción de la oposición no se ha hecho esperar. El vicesecretario del PSPV-PSOE, Francesc Romeu, ha señalado que “la imputación de Blasco, Castedo y Alperi supone un escalón más en el desprestigio de la Comunidad Valenciana que provoca el PP”. Marga Sanz, portavoz de EUPV en Las Cortes, ha exigido al presidente del Consell que obligue de inmediato a Rafael Blasco “a dejar su acta de diputado, al igual que al resto de los 9 imputados del PP que permanecen sentados en Las Cortes. Estamos en un estado total de corruptocracia y si Fabra no actúa está avalándola. Es un insulto a las intituciones y a la ciudadanía”.