La insistencia de la Fiscalía de Madrid por imputar a Elpidio José Silva un delito castigado con cárcel, por la supuesta filtración de los correos de Blesa, puede complicar el futuro judicial del autor o receptor de esos mensajes. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido la petición del juez en excedencia para que declare como testigo en la causa el expresidente de Caja Madrid.
El abogado de Elpidio José Silva considera necesario que Blesa confirme la veracidad de los correos electrónicos antes de seguir acusando a su defendido de haberlos puesto en manos de los medios de comunicación. El exbanquero está citado para el viernes 27 de febrero a las 10 de la mañana.
Los correos electrónicos, que Silva ordenó incautar en el transcurso del conocido como ‘caso Blesa’, han sido reclamados por la Audiencia Nacional –con muchos filtros– en la pieza separada del ‘caso Bankia’ que investiga las preferentes, un producto financiero que arruinó a miles de clientes y que fue comercializado cuando Miguel Blesa presidía Caja Madrid. Pero donde los correos se convierten en un instrumento más peligroso para el exbanquero es en otra pieza separada del 'caso Bankia', la de las tarjetas ‘black’. Solo en esta investigación, Blesa está imputado por apropiación indebida y administración desleal y le ha sido impuesta una fianza civil de 16 millones de euros.
De hecho, fue un correo publicado en diciembre de 2013 por el diario.es el que permitió conocer a la actual dirección de Bankia la existencia de las tarjetas 'black' y ordenar una auditoría interna. En el mensaje, el secretario del Consejo de Administración de Caja Madrid Enrique de la Torre se refiere a los plásticos para consejeros y directivos como tarjetas “black a efectos fiscales”.
La Audiencia de Madrid anuló la incautación de ese correo y los más de 8.000 restantes del 'caso Blesa', así como el resto de la instrucción. Una querella de la Fiscalía derivó en un proceso contra Silva, que acabó condenado a 17 años y medio de inhabilitación por varios delitos, entre elllos prevaricación. Pero para entonces, los correos electrónicos ya habían salido a la luz, poniendo de manifiesto las prácticas clientelares y el desfalco de la entidad que, ya convertida en Bankia, tuvo que ser rescatada con 23.500 millones de euros de dinero público.
La obligación de decir la verdad
La declaración como testigo de Blesa fue rechazada en un primer momento por la jueza que investiga el caso de la filtración de los correos, Susana Polo. Pero los argumentos de la defensa de Silva en su recurso terminaron por convencerla: el exbanquero tiene derecho a declarar en una causa que le afecta, pero además tiene que acreditar que lo divulgado se corresponde con los originales.
Blesa, por tanto, deberá reconocer como auténticos los correos que le señalan en la causa de las preferentes y las tarjetas 'black', ya que al comparecer como testigo tiene obligación de decir la verdad. Hasta ahora, la defensa de Blesa ha perseguido por todos los medios que los correos no sean utilizados en las investigaciones que se siguen contra él, alegando que se trata una prueba anulada por la Audiencia de Madrid y que son propiedad de su defendido, y no de Bankia.
Esos correos electrónicos no sólo describían prácticas de dudosa ética por parte de políticos y banqueros, también evidenciaban la comisión de distintos delitos que aún son investigados por la Justicia. El pasado septiembre, el juez Fernando Andreu admitió la incorporación de una parte muy pequeña de esos correos a la investigación de las preferentes. Por otra parte, varios mensajes de los correos incautados en su momento por Silva y otros que ha aportado recientemente Bankia figuran ya en el sumario.
El 1 de septiembre de 2009, el secretario saliente del Consejo de Administración, Enrique de la Torre, escribió un correo electrónico al entrante, Jesús Rodrigo, poniendo en copia a Miguel Blesa. En un párrafo de ese mensaje describe la dinámica de los plásticos opacos: “Los miembros de la Comisión de Control, conforme a la normativa de Caja Madrid, no pueden pertenecer a Consejos de filiales o participadas. Por tanto solo cobran dietas por las reuniones de la Comisión (1350 € brutos). Además, tiene cada uno una tarjeta visa de gastos de representación, black a efectos fiscales hasta ahora (no está nada claro que la nueva jefa de inspección mantenga este criterio sobre todo teniendo en cuenta que Cipriano no conocía los nuevos importes), de 25000 € anuales excepto su Presidente que tiene una cobertura de 50000 €”.
Blesa defendió en su declaración ante el juez el 16 de octubre pasado que las tarjetas ‘black’ eran un complemento retributivo de “libre disposición”. Según fuentes presentes en el interrogatorio, el expresidente de Caja Madrid no acertó a dar una respuesta coherente al juez Fernando Andreu cuando éste le preguntó por el artículo 24 de la Ley de Cajas, que prohíbe a los consejeros cobrar por gastos no relacionados con la asistencia a reuniones. Tampoco convencieron al juez las respuestas de Rato y Blesa que Andreu impuso a ambos fianzas civiles de 3 y 16 millones, respectivamente, para asegurar las responsabilidades pecuniarias de una posible condena.
La testigo de la “magia negra”
Pero la citación de Blesa se produce en el marco de otra causa muy distinta, donde el imputado es Elpidio Silva. Como en el juicio que le ha valido la inhabilitación, el motor del proceso es la Fiscalía de Madrid, que abrió diligencias previas a raíz de la declaración de una examante de Silva, según se presenta ella misma, quien acusa al juez en excedencia de haber filtrado los correos. La mujer se presentó en la Fiscalía dos días después de que José María Aznar denunciara en ese mismo órgano a eldiario.es y otros medios por el supuesto “contenido difamatorio” de los mensajes que aludían a su persona. La declaración está fechada 60 minutos antes de que el abogado de Blesa remitiera un burofax a esta redacción amenazando con una querella.
La jueza Susana Polo continuó con la instrucción incluso después de que la Policía se lo desaconsejara por escrito dada la debilidad de los indicios presentados por la mujer. Susana García Romera, que así se llama, acusó a Silva de practicar contra ella “exorcismos” y “magia negra” en sus declaraciones ante la Fiscalía y los agentes. Se convirtió en la testigo protegido TP/14 y llegó a cobrar 4.000 euros de fondos públicos en ese concepto.
Pero después se esfumó. Dejó de acudir a los requerimientos del proceso, se le retiró la condición de testigo protegido y el tribunal ordenó a las Fuerzas de Seguridad su localización. El pasado miércoles, por fin, se presentó en el TSJM para ratificar que Silva filtró los correos a pesar de que reconoce que ella nunca los vio. En su declaración alegó que no había sido localizada porque va de casa en casa de amigos por temor al juez.