Cuando parecía que estaba hecho, el único tren con destino a algo parecido a un pacto de Estado descarriló. El portazo del PP de Alberto Núñez Feijóo a las negociaciones para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su renuncia explícita a cualquier acuerdo con “este PSOE” hacen inviable ningún pacto entre el Gobierno y la oposición. Por el camino han descarrilado otros, como una leve reforma de la Constitución, el pacto antitransfuguismo, la actualización del acuerdo sobre violencia machista, la democratización de la ley de secretos oficiales o la reforma de la de seguridad nacional.
La reciente ruptura por el CGPJ no es más que la última de las que se han producido desde que en mayo de 2018 Pedro Sánchez asumió la Presidencia del Gobierno. Cuando comenzó la negociación para desbloquear el Poder Judicial, el líder socialista se estrenaba en el cargo al frente del Ejecutivo, en solitario y tras la moción de censura. Desde entonces se han sucedido los acontecimientos en política: una doble cita electoral en 2019, la primera coalición en décadas, la salida de la política de Pablo Iglesias (antes la de Albert Rivera) y el golpe de mano que sacó a Pablo Casado de la dirección del principal partido de la derecha para entregársela a Alberto Núñez Feijóo.
Y pese a los muchos cambios, el pacto ha sido imposible. La que parecía ser la excepción de una legislatura que se ha caracterizado por la ausencia total de acuerdos entre Gobierno y oposición, al final no lo ha sido. Y nada invita a pensar que en 2023 los dos principales partidos de España lograrán acercar posturas en nada más.
Primero, porque en año electoral los dirigentes políticos suelen huir de entregar ninguna victoria al enemigo, y la premisa de un acuerdo es que todas las partes tienen que ceder. El miedo a la reacción de los propios es real, evidente. Especialmente en el aspirante a la Moncloa, que se juega su primera y única opción de alcanzar la Presidencia del país. Feijóo, que tendrá 62 años cuando los españoles sean convocados a las urnas, va con pies de plomo, consciente de que cualquier resbalón puede echar al traste con sus opciones, que se han ido diluyendo con el paso del tiempo a tenor de las encuestas publicadas en las últimas semanas. Y el miedo le ha hecho mella.
En la ruptura el PP ha reforzado el relato que se ha construido sobre Pedro Sánchez desde que asumiera el poder, en junio de 2014. Hasta el punto de que se hace casi imposible para los suyos asumir que es alguien con quien es posible cerrar cualquier acuerdo. Un “felón”, alguien capaz de “hipotecar” a las generaciones venideras con tal de “aguantar en Moncloa”, de entregar la unidad de la nación “a quienes quieren terminar con ella”. Estas frases, y muchas otras, han sido pronunciadas por las direcciones actual y pasada, en foros internos o institucionales.
Y se mantienen. “No pienso pactar con el desastre”, dijo Ayuso el pasado 7 de abril. Ese día, el recién aclamado presidente del PP visitó la Moncloa para su primera reunión con Sánchez como líder de la oposición. Una tesis a la que finalmente ha sucumbido el presidente del PP, quien tras romper las negociaciones con el Gobierno dijo: “Los pactos de Estado llegarán con otro PSOE”.
¿Y qué se ha quedado por el camino? Feijóo recibió de manos de Sánchez aquél día de abril un documento con 11 propuestas de pacto. Solo una se ha materializado: la eliminación del voto rogado. Y el mérito habría que atribuírselo a otros, porque PSOE y PP han llegado con poco entusiasmo a un acuerdo parlamentario por el que sí han empujado fuerzas como Podemos, IU, ERC o Bildu, entre otros.
La Constitución inmutable
Reformar la Constitución española es imposible, hasta que deja de serlo. Desde 1978 solo dos veces se ha tocado la Ley Fundamental, y ambas por imposición externa: para permitir a los ciudadanos de la UE ser candidatos en las elecciones municipales (1992) y para anteponer el pago de la deuda a los servicios públicos (2011).
Pero en la sociedad española, y también entre los partidos, existen otros consensos de reforma constitucional que, sin embargo, no se abordan. Uno es la sustitución de la palabra “disminuido” del artículo 49 del máximo texto legal. Una reivindicación del colectivo con el que están de acuerdo todos los partidos, hasta el punto de que el Congreso tiene abierta desde hace meses una ponencia para estudiar la reforma.
Sánchez y Feijóo se han conminado el uno al otro a acometer la reforma. Pero el asunto está bloqueado. El presidente del Gobierno quiere que se haga en el marco parlamentario, mientras el líder del PP prefiere convertirlo en un acuerdo bipartito ajeno a las Cortes que llevar luego al resto de grupos para su ratificación. Más o menos, lo que se hizo en las dos reformas anteriores.
¿Y por qué no sale? Más allá de la pelea del relato, el bipartidismo no controla las Cortes Generales como antes. Y el artículo 167.3 de la Constitución establece que su propia reforma “será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras”. 35 diputados o 21 senadores. Un número no tan difícil de lograr. ¿Y quién quiere un referéndum hoy en toda España? El PP y el PSOE, no.
Feijóo ha expresado en público su temor a que abrir la Constitución puede llevar a que otros partidos exijan otras reformas, así como su rechazo a una consulta entre todos los españoles. El líder del PP ha puesto como condición que la reforma del artículo 49 no sirva para tocar otros elementos. Por eso ya nadie habla de modificar otros preceptos que serían fácilmente consensuados, como la prelación del hombre sobre la mujer en la sucesión al frente de la Corona.
Antitransfuguismo
El Pacto Antitransfuguismo fue un hito en la política española que intentó poner orden en la inestable política municipal en pleno desmadre del ladrillo tras la práctica liberalización del suelo acometida a finales del siglo pasado. Con la intención de evitar la corrupción en los ayuntamientos a cuenta de los planes urbanísticos, un objetivo quizá inalcanzable, se establecieron mecanismos que dotaron de estabilidad a las corporaciones municipales y que estas no dependieran de la voluntad cambiante de un concejal.
Pero el transfuguismo, como la corrupción, no ha desaparecido. Y en 2021, tras la moción de censura de Murcia, que desencadenó las de Castilla y León y Madrid, el PP abandonó el pacto después de que la comisión parlamentaria donde se le hace el seguimiento tildó de tránsfuga al presidente de Murcia, Fernando López Miras, y a los diputados de Ciudadanos que cambiaron de caballo en el último segundo e hicieron descarrilar una operación que nunca se ha esclarecido del todo.
A día de hoy, el PP se mantiene al margen del pacto. Y la nueva dirección de Feijóo no ha mostrado ningún interés en volver. Pese a que el presidente del Gobierno se lo planteó en el documento de abril, la nueva dirección nacional del partido no lo ha abordado. Y si lo ha hecho, no ha informado del resultado de la deliberación.
Ni secretos oficiales ni Ley de Memoria
El Gobierno presentó este verano el anteproyecto de la nueva ley de secretos oficiales, que democratiza una norma redactada por el Franquismo y que ha consagrado la impunidad de la dictadura y de otras acciones posteriores cometidas por miembros del Estado en virtud del sacrosanto “sentido de Estado”.
Todos esos secretos seguirán siéndolo hasta que un juez o el Gobierno lo determinen. Pero desde que se apruebe la nueva norma, será mucho más difícil que los documentos oficiales se puedan ocultar a investigadores, periodistas y público en general. La ley, cuyo proceso legislativo llevará varios meses, no contará con el respaldo del PP, que ha anunciado ya su intención de modificarla. Su principal queja, que la gestión de los secretos ya no dependerá del Ministerio de Defensa ni del CNI, y el sempiterno “entreguismo” a Catalunya.
El PP tampoco se ha avenido a negociar la Ley de Memoria Democrática, ya aprobada y cuya derogación ha comprometido Alberto Núñez Feijóo. Ni la respuesta del Gobierno de coalición a la crisis, cuyas medidas ha rechazado sistemáticamente para, luego, exigir sus prórrogas. Es el caso de la bonificación de 20 céntimos en el precio del combustible o de la bajada del IVA en la factura del gas y de la luz. Contra todas votó el PP.
Violencia de Género y Ley de Seguridad Nacional, únicas opciones
Hasta el final de la legislatura quedan dos leves opciones de que se produzca algún acuerdo entre el Gobierno de coalición y el principal partido de la oposición, además de otros grupos. Una es la Ley de Seguridad Nacional, que pasó su primer trámite parlamentario con el rechazo de los socios parlamentarios que sostienen al Gobierno y el apoyo de la oposición: PP, Vox y Ciudadanos. Ahora falta la tramitación parlamentaria, para la que queda un plazo de no más de 11 meses. Muy justo.
La otra es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que caduca a finales de este año. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ya trabaja con los grupos para actualizarlo. Todos, excepto la ultraderecha, se han sumado a la negociación. Y todos han mostrado su interés en un nuevo texto que por primera vez no tendrá un tiempo tasado de duración. Entre los objetivos destacan el de garantizar una financiación pública “estable, suficiente, con independencia del ciclo económico” y blindar los fondos destinados a las organizaciones especializadas sin ánimo de lucro. Pero los trabajos se eternizan y no se prevé que terminen hasta 2023, lo que puede dificultar que se logre cerrar el acuerdo.
Ambas dependen del PP. La Ley de Seguridad Nacional, porque difícilmente ERC, PNV o Bildu la apoyarán. Y el pacto Contra la Violencia de Género, porque sin los de Feijóo difícilmente se podrá gestionar un acuerdo que depende en buena parte de la gestión de las comunidades autónomas, que tienen muchas de las competencias que se financian desde el Gobierno central. “Los pactos de Estado llegarán con otro PSOE”, dijo Feijóo. Si es así, no habrá acuerdos hasta 2024.