El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, ha asegurado este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso que el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuesta cada año más de 12 millones de euros a las arcas públicas. Además, el ministro ha asegurado que por cada año que no se renueva el Consejo, el Tribunal Supremo acumula en torno a 1.000 asuntos de retraso.
El coste anual para evitar el colapso del sistema ronda los 10 millones de euros más los 2,5 del Gabinete Técnico, por lo que Bolaños ha determinado que “devolver la normalidad al Consejo no es una opción, es una obligación que no está sujeta ni a condiciones ni a voluntades individuales”. A su juicio, el bloqueo está provocando una “crisis institucional” que se divide en tres ramas de “anormalidad”: constitucional, europea y del funcionamiento del sistema de justicia.
El ministro ha asegurado, además, que la situación en la que se encuentra el órgano, tras cinco años de bloqueo del PP, supone que el número de plazas vacantes en los órganos superiores de la judicatura española roza las 90. Sólo en el Tribunal Supremo hay 23 vacantes sin cubrir, prácticamente un tercio de los magistrados de la institución.
Bolaños ha determinado que “devolver la normalidad al Consejo no es una opción, es una obligación que no está sujeta ni a condiciones ni a voluntades individuales”.
Por todo ello, el ministro ha instado al PP a llegar a un acuerdo al que ya llegaron en 2022 a pesar de que “se echaran atrás en el último momento”, y señala que la discrepancia de la oposición “no es de contenido, sino de estrategia partidista”.
Bolaños ha ofrecido al PP dialogar en la comisión de trabajo que ha propuesto Pedro Sánchez para el acuerdo de un “asunto imprescindible” como es la renovación del CGPJ. Para él, se trata de una “obligación constitucional y un llamamiento muy claro de la Comisión Europea, cuya preocupación prioritaria es la renovación del órgano de gobierno de los jueces”.