Ni una semana, sin psicodrama en el Gobierno de coalición. Esta vez a causa de los desahucios y la inmigración. Antes fueron los alquileres, el SMI, el IMV, el “escudo social”, la designación de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado o la estampida de Juan Carlos I a Emiratos Árabes por citar algunos de los ejemplos que han dado lugar a controversias entre el PSOE y Unidas Podemos.
Cuando Pablo Iglesias dijo hace cinco años aquello de que hacer política implica “asumir decisiones difíciles y cabalgar contradicciones” no sabía hasta qué punto iba a tener que sortear las incongruencias propias entre lo que se dice cuando uno es oposición y lo que sucede cuando forma parte de un Gobierno. No todo es posible ni tan sencillo y muchas de las decisiones dejan cicatrices en los partidos jóvenes, nada que no hayan vivido los viejas formaciones en las últimas décadas.
Que gobernar supone también hacer renuncias porque la política no es una foto fija, sino en constante movimiento ante la que no siempre se puede permanecer inmóvil, es algo que el partido de Pablo Iglesias tiene tan asumido a estas alturas como la fuerza de su proporcionalidad en escaños respecto al PSOE dentro del Gobierno. Más claro: 35 diputados no son 120 y quienes llevan las riendas de la coalición son los socialistas
No en vano en el acuerdo entre socialistas y morados que precedió a la investidura de Pedro Sánchez ambos buscaron limitar las fricciones en áreas que ya entonces se preveían especialmente sensibles, e Iglesias asumió que mientras los suyos tendrían responsabilidad e influencia sobre algunas carteras socioeconómicas, las llamadas políticas o ministerios de Estado recaerían única y exclusivamente sobre los socialistas, lo que obligaría a Unidas Podemos a asumir decisiones no siempre compartidas y que levantan recelos de sus votantes.
“Tenemos programa y ganas de cambiar las cosas, pero también somos conscientes de una realidad, y es que hay ministerios donde tradicionalmente se es más impermeable a cualquier renovación”, admite un dirigente de la formación morada, para quien Justicia, Interior o Exteriores son las áreas más “esclerotizadas del Estado y a las que resulta más complicado acceder”.
Hay quien lo explica también sobre la base de la autonomía de la que gozan algunos cuerpos de funcionarios reticentes a los cambios y que ante un experimento novedoso como es un gobierno de coalición pueden poner más resistencia. Aluden a jueces, diplomáticos, abogados del Estado o técnicos comerciales, cuya renuencia a cualquier transformación “que afecte mínimamente al estatu quo les hace entrar en convulsión”. Una clara señal, en todo caso, de que se puede tener el gobierno pero no el poder y de que gobernar no siempre significa mandar, lo que obligará a los morados a redoblar el esfuerzo pedagógico ante sus votantes si no quiere acusarlo en las urnas.
Lo ocurrido esta semana a cuenta de la enmienda que Podemos presentó con ERC y Bildu a los Presupuestos para exigir la prohibición de los desahucios hasta 2023 y la crisis migratoria en Canarias da una idea sobre qué pulsos pueden emprender los de Iglesias para presionar a sus socios y conseguir sacar adelante sus propuestas y qué posiciones, por el contrario, no pasarán del legítimo ejercicio de deslizar cierta crítica y marcar un perfil propio, pero no servirán jamás para modificar la estrategia del Gobierno.
El impacto de la discusión entre PSOE y Podemos sobre los desahucios provocó esta semana múltiples llamadas, declaraciones públicas y mensajes, además de un notable malestar entre los socialistas, que aún así eran conocedores de la posición de sus socios al respecto y de la presión ejercida durante meses para sacar adelante una cuestión de justicia en tiempos de pandemia y de especial vulnerabilidad de cientos de familias.
Sánchez e Iglesias habían hablado del asunto el viernes anterior durante el transcurso de un almuerzo en La Moncloa y el líder de Podemos no percibió en absoluto que el tema estuviera zanjado, pese a la negativa del Ministerio de Economía. Unidas Podemos entendió que debía intensificar la presión dentro y fuera del Ejecutivo para doblar el pulso a Nadia Calviño, con quien también algunos socialistas tienen roces. De ahí el texto mancomunado en el Parlamento con ERC y Bildu del que el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, informó a su homóloga socialista la noche anterior. Adriana Lastra acusó recibo, según versión de los morados, pero también avisó de que el PSOE no firmaría la enmienda y tampoco la aprobaría en los términos en que había sido escrita. Cuestión distinta es si avisó o no a La Moncloa de lo que se venía encima y del tsunami que podía provocar la enmienda de sus socios de gobierno.
Socialistas y morados están convencidos de que el asunto, en todo caso, será resuelto y que se prorrogará la prohibición de ejecutar desahucios mientras dure la pandemia, tal y como pretende Iglesias. De momento, en la calle los lanzamientos siguen.
El modus operandi respecto a los temas sociales es siempre el mismo desde que arrancó la coalición. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pactarán una transacción que ambos puedan vender ante la opinión pública en respuesta a una demanda a la que el electorado socialista no entendería que su Gobierno diera la espalda.
Del “psicodrama” mediático al acuerdo
La estrategia de provocar un “psicodrama político mediático” antes de alcanzar un acuerdo en el seno del Gobierno no es nueva y Podemos la ha activado, en respuesta a las reticencias de sus socios ante asuntos de especial sensibilidad social, en más ocasiones de lo que a sus dirigentes les hubiera gustado. “El objetivo –explican– no es buscar foco, sino presionar al PSOE con asuntos que están incluidos en el pacto de gobierno y que sin embargo se resisten a aceptar en el marco de las reuniones internas”. Ocurrió tras las semanas más crudas del confinamiento con la polémica sobre si bajo el estado de alarma se debía o no permitir a los niños salir a pasear acompañados de un mayor de edad. Sánchez lo había hablado con Iglesias, responsable de los asuntos sobre Infancia, durante el fin de semana. El presidente compareció ante los medios y emitió señales de que el Gobierno podría autorizar la salida de los menores, sin embargo el martes el Consejo de Ministros no lo autorizó y la portavoz María Jesús Montero se desmarcó de la medida. Ya por la tarde, y tras una acalorada disputa entre ministerios, Iglesias forzó la decisión tras escribir un tuit previo a la comparecencia del ministro de Sanidad, que forzó a Illa a asumir la decisión.
Otro ejemplo más reciente fue con motivo de la limitación del precio de los alquileres en el marco de la negociación presupuestaria. Se trataba de un asunto tabú para el área económica y en Podemos sabían que era difícil que Calviño cambiara de actitud, después de varias semanas de negociación. Iglesias convocó al sindicato de alquileres en su despacho y, con posterioridad, Unidas Podemos se adhirió a un manifiesto firmado por ocho partidos que habían respaldado la investidura de Sánchez en el Congreso, lo que motivó que el PSOE se aviniera a una nueva negociación que protagonizaron esta vez la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que acabó en acuerdo.
Y lo mismo ocurrió con los apoyos parlamentarios a los Presupuestos, después de que tras el verano el PSOE instalara en la opinión pública que Ciudadanos sería interlocutor preferente del Gobierno para sacar adelante las cuentas públicas. En aquella ocasión, tronaron en La Moncloa las palabras de Rafa Mayoral e Isa Serra, en rueda de prensa para anunciar que Unidas Podemos no estaría jamás en el apoyo a un Presupuesto pactado con los naranjas. Sánchez llamó entonces a Iglesias para manifestarle su enfado por aquellas declaraciones, si bien ambos quedaron en reunirse al lunes siguiente y salieron de la reunión con un pacto para que la elaboración del texto fuera mancomunado entre ambas formaciones y que el peso de la negociación lo llevarán María Jesús Montero por el PSOE y Nacho Álvarez por Podemos. Iglesias también impuso que la ronda de consultas para buscar apoyos arrancara con los grupos parlamentarios que votaron “sí” a las investidura, seguidos de los de la abstención para acabar con los del “no”. El orden desplazaba a Ciudadanos a la penúltima posición y desde entonces dirigentes de Unidas Podemos intentan evitar a toda costa que Inés Arrimadas esté en la foto final de las cuentas públicas.
Son tres ejemplos, pero ha habido muchos más, de cómo Podemos libra determinados pulsos dentro y fuera del Gobierno para redoblar la presión sobre su socios y arrastrarlos al acuerdo. Casi todos tienen que ver con las áreas socioeconómicas, ya que en materias de Estado, como Interior, Justicia o Exteriores los de Iglesias saben de antemano que la batalla la tienen perdida. Se ha visto también esta semana con motivo de la crisis migratoria en Canarias y con la devoluciones en caliente de los inmigrantes en situación irregular avaladas por el Constitucional.
“El Gobierno tiene que establecer urgentemente un proceso de devolución que cumpla con los derechos humanos”, declaraba Ione Belarra en relación al régimen especial de las interceptaciones en las vallas de Ceuta y Melilla, para quien el Gobierno de España debe establecer “un proceso de devolución que cumpla con los los derechos humanos y permita identificar a niños y niñas, a mujeres víctimas de trata y a solicitantes de asilo”.
La coordinadora general de Podemos Canarias, Laura Fuentes, pedía además la “inmediata dimisión” del ministro de Interior, Fernado Grande-Marlaska, por la salida el martes de 227 inmigrantes del campamento de Arguineguín (Gran Canaria) sin un lugar donde pernoctar o al que acudir. Fuentes afirmaba que se habían vulnerado los derechos humanos de estas personas y puesto en peligro la paz social con los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, ciudad a la que habían sido trasladados, al tiempo que calificaba de “profundamente decepcionante” que un ministro de un gobierno progresista “juegue de esta forma con la dignidad de las personas migrantes”.
La petición de dimisión de Marlaska no solo no había sido consensuada con la dirección federal de Unidas Podemos, sino que provocó un profundo malestar de Pablo Iglesias, pero su entorno atribuyó el comunicado de Canarias a la autonomía orgánica de las federaciones autonómicas. Aun así admiten que en Inmigración, un asunto de Estado pero muy sensible para el electorado de Unidas Podemos, su capacidad de influir en la estrategia del Gobierno es limitada, más allá de que pueda hacer pública su profunda discrepancia con las devoluciones en caliente, las avale o no el Constitucional, o con la manera en que Marlaska está gestionando la crisis canaria.
Algo parecido sucedió cuando el Gobierno no hizo partícipe a Iglesias de la decisión del rey emérito, el pasado verano, de salir de España e instalarse en los Emiratos Árabes, después de que la Justicia suiza y española abrieran una investigación sobre su patrimonio y varias cuentas en el extranjero no declaradas al fisco español. Unidas Podemos provocó mucho ruido mediático, hizo ostentación pública de la discrepancia... y al final supuso el reconocimiento de que gobernar también supone cabalgar algunas contradicciones ante las que el único margen es remarcar las diferencias ideológicas.