El alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE), se ha preguntado hoy si “otros” imputados como él en la causa judicial relacionada con la Operación Patos, “de otras administraciones”, pueden decir “clarito como el agua” que no tienen que ver “nada de nada de nada” con la trama corrupta investigada.
En su primera aparición pública tras su imputación en una causa que investiga supuestas irregularidades en contrataciones públicas de varias administraciones de Galicia, Caballero ha reiterado lo que viene defendiendo los últimos días, que no recibió ningún regalo de la constructora Eiriña, señalada como centro de la trama.
El recién elegido presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha subrayado que la propia policía “le dice al fiscal” en el informe que consta en el sumario que la pluma estilográfica que supuestamente recibió fue devuelta a la tienda por la empresa que se la pretendía regalar.
Se ha ratificado “con mucha más fuerza y contundencia que antes” en que todo lo que se apunta en el sumario relacionado con su persona es “completamente falso”.
Preguntado por las imputaciones de tres miembros del gobierno municipal de Vigo, Ángel Rivas -ya investigado en otra causa anterior-, David Regades e Isaura Abelairas, los dos primeros por supuestos amaños en contrataciones y enchufes de personal, Caballero ha remitido a “sus propias declaraciones”.
“Lo sabe todo el mundo: lo mío, clarito y nada de nada de nada. Por cierto, no sé si otros, de otras administraciones, pueden decir lo mismo, pero no entro en eso”, ha zanjado.
La juez de instrucción 7 de Vigo, Carmen García Campos, comunicó ayer sendos autos en los que imputa en la causa por la Operación Patos a Caballero y a tres de sus ediles, y al expresidente de la Diputación de Pontevedra y jefe del PP provincial, Rafael Louzán.
También figuran en la lista de 46 nuevos imputados, aparte de las cinco personas que en su día fueron detenidas y puestas en libertad con cargos, el exvicepresidente de la Diputación de Pontevedra y líder del PP de Vigo, José Manuel Figueroa, y la delegada de la Xunta en esta ciudad, María José Bravo Bosch.
La juez instructora, que se ha inhibido en favor de los juzgados decanos de Ourense, Santiago, Pontevedra y Ponteareas en aquella parte de la investigación relacionada con estas ciudades, requerirá nueva documentación en la investigación de la pieza principal, que sigue asumiendo.
Por el momento no hay fecha para la toma de declaraciones de los imputados, entre los que hay, aparte de políticos, técnicos de diversas administraciones y empresarios.
La Operación Patos estalló en febrero de 2014 cuando la Policía detuvo a cinco personas, un exconcejal de Nigrán (Pontevedra) y administradores y empleados de las empresas Cespa y Eiriña; y practicó registros en las corporaciones de Vigo, Nigrán, Santiago, Pontevedra, Ponteareas y Ourense.
También hubo registros en la delegación de la Xunta en Vigo, en dependencias de la Zona Franca, el Consorcio del Casco Vello y el puerto, y en la Diputación de Pontevedra.