Cabify ha cumplido su amenaza y ha demandado a Podemos y a algunos de sus principales dirigentes, con la portavoz parlamentaria, Irene Montero, y el responsable de Sociedad Civil, Rafael Mayoral, a la cabeza. La empresa considera que el partido ha “atentado contra su honor” y aporta como pruebas tuits del partido y algunos de sus principales rostros, así como artículos de prensa, en los que alentaban la huelga de taxistas de mayo de 2017.
La demanda, a la que ha tenido acceso eldiario.es, va dirigida además contra el senador de Catalunya en Comú-Podem Óscar Guardingo y contra el cofundador del partido Juan Carlos Monedero. En ella, la empresa de VTC considera que el partido y sus representantes “han atentado contra el honor” de la compañía a través de las redes sociales “desde su puesto de cargo público” pese a que Monedero, por ejemplo, no lo tiene.
Cabify se autocalifica en la demanda como “agencia de viajes online” y señala que los comentarios vertidos por Podemos y sus dirigentes no son ciertos. La denuncia recoge algunos de los tuits de Podemos, Rafael Mayoral e Irene Montero sobre la huelga de taxistas de hace un año. En ellos, denunciaban las condiciones laborales de los trabajadores de VTC o las fórmulas para evitar pagar impuestos en España que usa la compañía.
En el caso de Monedero, que no tiene cargos orgánicos en Podemos, Cabify se acoge a las opiniones vertidas en su blog de Público: “Se las arreglan para sortear los impuestos, las obligaciones sindicales, los seguros, las condiciones laborales”.
Cabify asegura en su demanda que “ha intentado (de buena fe) contactar reiteradamente con los principales implicados” en la denuncia. Tal y como publicó eldiario.es, la compañía ya avisó hace un año de que demandaría al partido si no rectificaba sus opiniones. “Los codemandados no han mostrado ningún interés en conocer la realidad de la operativa de mi representada”. Y acusa a Podemos y sus dirigentes de buscar “publicidad” y “visibilidad” con su apoyo a las protestas de los taxistas.
Podemos no se retracta
La compañía asegura que el daño recibido “ha sido extraordinario” ya que llega “de una fuerza política y unos dirigentes ”especialmente mediáticos“. ”La repercusión ha sido aún mayor debido al eco que se hicieron“ algunos medios como ”periódicos líderes“ como ”Expansión o eldiario.es“.
La demanda fue registrada el pasado 31 de mayo a través de la filial de la compañía Maxi Mobility Spain. El acto de conciliación tendrá lugar el próximo 22 de junio. Pero fuentes de Podemos avanzan a eldiario.es que ni el partido ni las personas demandadas tienen intención de retirar sus apreciaciones políticas sobre el conflicto entre el taxi y las empresas que gestionan los VTC.
“Nos quieren poner mordazas por apoyar la huelga de los taxistas y defender los derechos de la gente trabajadora”, aseguran desde Podemos a este medio. “Nosotras denunciamos los paraísos fiscales frente a quienes los defienden y hacen uso de ellos”, añaden. Y apuntan: “Detrás de este conflicto hay una disputa política entre los que defienden un modelo económico extractivo basado en la precariedad laboral y el recorte de derechos y quienes apuestan por la defensa de un modelo de solidaridad basado en los impuestos”.
El diputado Rafael Mayoral, por su parte, asegura que la intención de Cabify es “ejercer una mordaza empresarial en contra de la libertad de expresión de Podemos y de los cargos públicos de libre elección”.
El conflicto entre las compañías de VTC, especialmente Uber y Cabify, y el taxi vienen de lejos. Podemos no ha sido la única organización que se ha posicionado al lado de los taxistas. Sindicatos y otros partidos también lo han hecho.
El Congreso ratificó este mismo mes de mayo un real decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy que elevaba a rango de ley la relación 1-30 entre las licencias VTC y las de taxi. Es decir, por cada 30 licencias de taxi puede haber una de vehículo con conductor.
El decreto ley fue respaldado por PP, PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Ciudadanos y Foro se abstuvieron.
Esta norma también ha sido ratificada recientemente por el Tribunal Supremo, que considera ajustado a derecho ese límite.