El Consejo de Ministras ha dado luz verde este mediodía al decreto ley que permitirá la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Lo ha anunciado la vicepresidenta Carmen Calvo en una rueda de prensa en la que ha asegurado que la intención del Gobierno es que todo el “procedimiento administrativo” que permitiría la exhumación se complete antes de que acabe 2018: “Calculamos que con todos los plazos de tiempo nos iremos al final de año”.
Calvo ha señalado que, con la aprobación del decreto ley, el Consejo de Ministras permite “cumplir con la ley y con los pronunciamientos del Congreso de los Diputados para proceder a uno de los contenidos preferentes de la Ley de Memoria Histórica, que es exhumar los restos del dictador del lugar donde están las víctimas de la contienda”.
La familia y el Ayuntamiento
El primer paso para proceder a la exhumación de Franco será en el Consejo de Ministras del próximo viernes, con la aprobación de un acuerdo de incoación que dará 15 días a los afectados para presentar las alegaciones que consideren oportunas. Será dentro de ese plazo de tiempo cuando la familia Franco tendrá que pronunciarse sobre dónde quieren que sea trasladado el cuerpo del dictador. En caso de que la familia discrepe sobre la decisión de exhumar los restos o no se pronuncie, será el propio Gobierno el que buscará un lugar “digno y respetuoso” para enterrar al dictador.
Una vez que se decida cuál será el destino final del cuerpo, el Ministerio de Justicia remitirá al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial el proyecto para la exhumación. Desde el Ayuntamiento de la localidad aseguran a eldiario.es que la secretaria del consistorio y sus servicios jurídicos serán los encargados de estudiar el decreto una vez que el Gobierno se lo envíe, aunque “hasta ahora” no ha habido contactos entre el municipio y el Ejecutivo.
Además, la cartera dirigida por Dolores Delgado solicitará un informe de sanidad mortuoria, que deberá emitirse en el plazo máximo de un mes. Si todos los trámites cumplen con el calendario previsto por el Gobierno, el informe debería estar preparado a mediados del mes de octubre. Concluidos todos estos trámites, volverá a abrirse un proceso de alegaciones de diez días.
La convalidación del Congreso
El Ejecutivo de Pedro Sánchez espera, además, que el decreto ley sea convalidado por la mayoría del Congreso de los Diputados. La vicepresidente del Gobierno ha anunciado que lo tramitarán como proyecto de ley y negociará el apoyo con todos los grupos parlamentarios. Para conseguir los avales en la Cámara Alta tendrán un mes de plazo.
En principio, cuenta con la mayoría necesaria para hacerlo: solo PP y Ciudadanos se resisten a apoyar la iniciativa. El partido de Albert Rivera ha anunciado que se abstendrá y el Partido Popular insiste en que tampoco la avalará, aunque todavía no ha dejado claro si se abstendrá o si votará en contra del decreto ley de exhumación.
Aunque los populares cumplan con su anuncio y presenten un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley del Gobierno, no podrán detener el procedimiento para desenterrar al dictador. Constitucionalistas consultados por eldiario.es aseguran que el Tribunal Constitucional no podrá suspender cautelarmente el decreto y, por tanto, el proceso seguirá adelante.
Incluso en el caso de que el Alto Tribunal al final del proceso diera la razón a los conservadores y anulara la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la sentencia no implicaría la reversión del decreto, por lo que no forzaría a las autoridades a devolver los restos del dictador al Valle de los Caídos.