El Partido Popular de Pablo Casado ha decidido hacer frente a la nueva ley educativa aprobada la semana pasada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, la conocida como 'ley Celaá', con la misma estrategia que el partido empleó hace más de una década contra otras normativas aprobadas durante el primer Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, como la del matrimonio igualitario, la de la regulación del aborto, el Estatut catalán o la también ley de Educación de 2006 (LOE).
Igual que entonces, el plan de los populares consiste en salir a las calles en manifestaciones y protestas como las que recorrieron el pasado domingo varias ciudades españolas –Casado participó en la de Madrid junto a otros dirigentes como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso–, y a las que también se sumaron Vox y Ciudadanos, la recogida de firmas o los recursos ante los tribunales.
El PP tratará además de hacer oposición al Gobierno progresista desde aquellas comunidades en las que gobierna –Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Murcia–, desarrollando otras normativas o disposiciones que, en función de las competencias autonómicas, desactiven al máximo posible la nueva ley educativa, que antes de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado (BOE) aún debe ser refrendada por el Senado.
La estrategia de llevar a las calles y a los tribunales su labor de oposición al Gobierno no le funcionó hace más de diez años al PP, entonces dirigido por Mariano Rajoy, que tras perder las generales de 2008 que dieron una segunda legislatura a Zapatero cambió de plan, abrazó la moderación y centró su trabajo contra el Ejecutivo en el Parlamento.
Pero Casado está ahora convencido de que sí puede obtener rédito político de sus ataques a la 'ley Celaá', en un contexto que la dirección popular considera más polarizado que hace diez años y en el que compite por el mismo electorado que Vox, aunque también busca recuperar a votantes fugados a Ciudadanos e incluso a socialistas “descontentos” con la gestión de Sánchez.
Un debate transversal
La tesis de la dirección popular es que la defensa de la educación concertada, esa que Génova 13 ve ahora en peligro porque la nueva ley prohíbe los pagos por una educación que debe ser gratuita o niega los conciertos con los centros que segreguen por sexos, es una causa transversal, que va más allá de la tradicional división entre izquierda y derecha. Lo mismo sucede para la dirección del PP con la defensa del castellano, cuya vehicularidad ha sido retirada de la nueva normativa para facilitar los modelos de inmersión lingüística en aquellas comunidades con lengua propia.
En sus argumentarios internos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, la dirección de Casado pide a todos los dirigentes del partido que en sus comparecencias públicas repitan que el Gobierno “ha entregado la educación” de los niños “a los independentistas para sacar los Presupuestos adelante y seguir en el poder”. “El futuro de nuestro país dependerá de una ley cargada de sectarismo político y adoctrinamiento ideológico, y que incumple los principios constitucionales al anular la libertad educativa y al castellano como lengua vehicular”, apunta la cúpula del PP en las consignas que cada día envía a todos sus cargos.
Para el equipo de Casado, “Sánchez ha pasado por encima de las demandas de la sociedad y de la comunidad educativa, sin más objetivo que garantizar la estabilidad de un gobierno que se ha echado al monte”. “El PSOE ha dejado de ser un partido de Estado rompiendo el pacto constitucional con una ley que es de todo menos educativa”, sentencia la dirección del PP en sus argumentarios.
El plan para las próximas semanas consiste en recurrir la 'ley Celaá' al Tribunal Constitucional en cuanto se publique en el BOE y también en buscar amparo en la Unión Europea, a donde Casado acude desde hace semanas tratando de presentar cada una de las iniciativas del Gobierno como ilegítimas e intentando que los socios europeos vean con desconfianza la labor de Sánchez por su coalición con Unidas Podemos para condicionar la llegada de los fondos para hacer frente a la pandemia.
Defensa del Estado autonómico
Además, el PP tiene previsto presentar mociones contra la nueva norma educativa “en todos los ayuntamientos, diputaciones y parlamentos regionales” e intentará “frenar” los “aspectos más lesivos” de la ley,“ como la libertad de elección y la educación concertada y especial”, en las cinco comunidades en las que gobierna “a través de decretos u órdenes”.
El domingo, tras participar en la marcha a favor de la educación concertada, el PP de Madrid hizo público un vídeo de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el que asegura que “la Comunidad de Madrid va a seguir defendiendo la libertad de las familias para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos”. “Nos vemos en una situación inesperada, sin consenso y la Comunidad de Madrid va a seguir dando esta batalla tan importante”, remarcaba la dirigente autonómica.
Este lunes, Casado aseguraba en una entrevista en la Cope que, con todas esas iniciativas, el PP pretende evitar que la reforma educativa “socave la libertad de las familias” y para “poner a salvo la libertad educativa”. La 'ley Celaá', añadía, “durará solo lo que dure este Gobierno” porque si los populares llegan al poder lo primero que harán será derogarla. “Hasta entonces, la recurriremos al Tribunal Constitucional, a Europa porque allí sí que se defiende la libertad y las comunidades autónomas en las que gobierna el PP van a legislar para evitar que esta ley socave la libertad de las familias y para poner a salvo la calidad educativa, también en la pública”, apuntaba.
Preguntado por el margen de esas autonomías para legislar contra esa norma, que tiene carácter orgánico, Casado citaba directamente lo que ya ocurrió con el Gobierno de Zapatero y recordaba que las comunidades del PP impulsaron entonces distintas leyes en sus territorios. Como ejemplo, señalaba que en la Comunidad de Madrid se aprobó la Ley de Autoridad del Profesor, en Castilla y León se impulsó una ley de refuerzo de la educación rural y en Galicia “se blindó el trilingüísmo respetando la lengua cooficial” con el castellano y el inglés.
“Cuando nosotros defendemos el Estado autonómico recuerdo que también es para estas situaciones. Cuando hay un Gobierno en la Moncloa que es malo para los intereses de las familias españolas, es bueno que en las comunidades pueda gobernar otro partido”, sentenciaba el líder del PP. Ante estas palabras, la propia ministra de Educación, Isabel Celaá, consideró después, en una entrevista en TVE, que Casado “está llamando a una suerte de desobediencia”.