La propuesta legislativa fue impulsada por el PSdeG la pasada legislatura y, en aquel momento, incluía un régimen sancionador que preveía multas a partir de 150 euros para las infracciones leves, que podrían alcanzar los 500.000 euros en el caso de acciones muy graves, como la toma de represalias contra quienes intentasen impedir por vía judicial o administrativa una discriminación.
No obstante, la mayoría popular ha suprimido el capítulo de las sanciones y también se ha opuesto a la inversión de la carga de la prueba, de forma que no será el demandado quien deba demostrar que no ha incurrido en discriminación ni vulnerado el principio de igualdad por razón de orientación sexual o identidad de género.
Otro de los aspectos criticados por los grupos de la oposición, la exclusión de la protección que ofrece esta legislación frente a la discriminación de las personas intersexuales --aquellas que presentan características físicas propias tanto de hombres como de mujeres--, fue finalmente atajada por el PP, que aceptó que este colectivo formase parte del título de la norma.