En 2004 se fraguó la idea y a comienzos de 2007 se puso probablemente una de las primeras piedras más caras de la historia: 1,4 millones de euros costó el acto. Desde entonces y durante más de una década, el Campus de la Justicia consumió ingentes cantidades dinero público a pesar de que nunca se levantó más que uno de los quince edificios proyectados. Su libro de cuentas, que ha encontrado por fin el Gobierno de Madrid, tras una década sin detallar los números, son una radiografía de la era del despilfarro de las administraciones públicas antes de la crisis.
En su libro de apuntes, al que ha tenido acceso eldiario.es, hay abultadas facturas en restaurantes de lujo de la capital y generosas nóminas pagadas a empleados bien relacionados con el PP junto a ingresos a subcontratas que se iban a encargar de hacer el trabajo de las empresas adjudicatarias. Hay además clamorosos contratos con auditoras -que cobraron por vigilar las cuentas hasta cuando el proyecto estaba enterrado- y gigantescos gastos en publicidad y exposiciones de arte. Obras impresionistas junto a maquetas fallidas.
Tras la primera entrega, centrada en el enorme gasto en arquitectos de renombre -hasta cuatro premios Pritzker iban a colaborar en el proyecto- y la sombra de la corrupción con las empresas de Gürtel y Púnica, en esta eldiario.es aborda los gastos cotidianos del Campus de la Justicia.
Por su gerencia pasaron nombres célebres de la política madrileña como Alfredo Prada, Francisco Granados o Salvador Victoria. Los tres fueron consejeros de Justicia de la Comunidad de Madrid y los tres terminaron su carrera con polémica. Granados lleva dos años y medio en prisión por su papel en la Púnica y Victoria se retiró imputado en la misma trama. Prada abandonó la política empujado por su gestión al frente del Campus de la Justicia.
Los gastos de Alfredo Prada
Aunque el proyecto no fraguó, durante una década sus gestores cargaron al presupuesto pagos en algunos de los restaurantes más caros de la capital y en hoteles de lujo. Piu di Prima, Loft 39, el restaurante Sanxenxo o Hotel Ritz son algunos de los establecimientos donde los responsables del Campus tiraron de tarjeta de empresa.
Parte de esos gastos son atribuibles a una sola persona. Alfredo Prada fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid, consejero de Justicia y, por tanto, presidente de la empresa pública encargada de la gestión del Campus. Durante aquellos años además de su sueldo dispuso de una Visa Platinum asociada a una cuenta de La Caixa.
Con ese plástico invirtió más de 24.000 euros en viajes y comidas durante un par de años. Él siempre alegó que era un error y que esos gastos no eran suyos. Hace tan solo unos meses, la entidad bancaria tuvo que emitir un comunicado en el que aclaraba que la Visa era efectivamente de Prada y que la usó durante su etapa al frente del Campus.
Tres millones en nóminas de 10 trabajadores
Prada es un personaje fundamental para explicar el despilfarro del Campus de la Justicia. Con él llegaron a la empresa pública numerosos cargos afines al PP que ocuparon puestos de responsabilidad con generosas remuneraciones. Los balances a los que ha tenido acceso eldiario.es recogen el pago de esas nóminas, que para solo 10 trabajadores supusieron un gasto de tres millones de euros.
Entre los empleados que más cobraban estaba Isabelino Baños, director técnico del proyecto y el hombre que manejaba todos sus hilos. Según el libro de contabilidad, Baños tenía una nómina de casi 9.000 euros limpios al mes. Se ha negado a comparecer en la comisión de la Asamblea de Madrid, donde los grupos querían preguntarle qué criterio siguió para comprometer 229 millones en proyectos técnicos.
Miguel Jiménez de Córdoba, ex consejero delegado del Campus también ingresaba cerca de 9.000 euros netos al mes. Tras él aparece Mariano Sampiñar, que además de cobrar una nómina de 7.000 euros mensuales aprovechó su paso por el Campus de la Justicia para que se le pagara un MBA de 37.000 euros.
Otro nombre relevante es Andrés Gómez Gordo, un policía que fue investigado por su presunta relación con la mafia china, que cobraba 6.000 euros cada mes como director de Seguridad. Solo trabajó unos meses y al marcharse se llevó una indemnización de 30.000 euros. Tras su salida del Campus, encontró un hueco en la Consejería de Justicia.
Esas abultadas nóminas y la formación a cargo de las arcas públicas no fueron suficientes para garantizar la buena gestión del proyecto. En los libros de contabilidad del Campus destacan los pagos a Bovis Lend Lease SA, que comienzan en el año 2007 con 1,7 millones de euros y se prolongan durante varios ejercicios hasta sumar al menos cuatro millones de euros.
¿Qué es Bovis Lend Lease? Según la documentación de la Comunidad, esta empresa de gerencia desarrolló servicios de “consultoría y asistencia técnica para los servicios profesionales de gestión integrada del proyecto y la construcción de la urbanización y la edificación del Campus de la Justicia de Madrid”. En otras palabras, actuó como una subcontrata que se ocupaba de la operativa diaria del proyecto, a pesar de que ya había unos cuantos directivos a los que se pagaba por ello.
Baños, al que la oposición considera como uno de los responsables del despilfarro, trabajó en Bovis antes de recalar en el Campus y volvió a esa empresa cuando abandonó la gerencia del proyecto.
Sagardoy, KMPG y los auditores amigos
Las auditoras y los despachos de abogados fueron otras de las principales vías de agua de las cuentas del Campus. Desde el comienzo aparecen importantes pagos -que superan los 300.000 euros- a KPMG, la empresa a la que Francisco Granados encargó que auditase la contabilidad de la empresa pública que gestionaba el proyecto.
Los ingresos a esta empresa se extienden hasta el año de la liquidación del proyecto, en 2015, a pesar de que ya desde 2011 se había dado por fracasado y apenas tenia actividad. La auditora siguió cobrando por vigilar las cuentas con el Campus enterrado, al igual que los despachos de abogados que proveían la asistencia legal.
Según se detalló durante la comisión de la Asamblea de Madrid, el gobierno regional gastó 1,2 millones en los servicios de abogados para liquidar el Campus. Entre 2009 y 2015 se contrató a despachos sin concurso público, entre los que destacan los 252.000 euros a Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente del Real Madrid. Con ese dinero subcontrató a su vez a la empresa del marido de una diputada del PP.
Hay también numerosos abonos al despacho Fernández y Toth, que superan el medio millón de euros, y que según la oposición se efectuaron sin el respaldo de un contrato.
The Washington Times y las exposiciones de arte
El Campus se publicitó durante varios años. Los libros de apuntes recogen pagos directos a periódicos como ABC, La Razón, El País y el grupo Recoletos. Los periódicos afines a Aguirre recibieron más dinero, en la línea que han seguido los repartos de publicidad de las administraciones madrileñas del PP.
Además de esos pagos, el Campus contrató los servicios de empresas como ABBA Publicidad o Red de Medios, que facturaban por colocar publicidad del proyecto en diversos medios escritos.
En total, el gobierno regional gastó casi medio millón de euros en inserciones publicitarias. A elevar ese montante ayudaron los pagos que durante varios años se hicieron a The Washington Times, un periódico estadounidense cercano a los republicanos que durante varios ejercicios ingresó 12.000 euros procedentes de las arcas del Campus. Sí, un gobierno madrileño pagó por publicitar sus sedes judiciales en un diario de Washington con una difusión media en torno a los 60.000 ejemplares diarios.
Además de la publicidad en medios, se organizaron eventos para promocionar el complejo. Hubo exposiciones que incrementaron el gasto de dinero público, como “Iustitia, la Justicia en las Artes” o “Campus, Imágenes de la Justicia”, organizada por la Fundación Arte Vida, que aparece en varios apuntes contables. Cinco millones de euros por ambas exposiciones.
Esa última exposición, con sede en la Real Fábrica de Tapices, reunía “un magnífico conjunto de obras de arte, algunas de ellas emblemáticas en la Historia de España y en la Historia de Madrid, que concluye con el proyecto arquitectónico del Campus de la Justicia de Madrid como el mejor emblema de la nueva Justicia del siglo XXI”, dijo Prada en su presentación. Junto a obras de Mariano Benlliure, Joaquín Sorolla o Juan de Solís, figuraban las maquetas del Campus que costaron dos millones de euros.
Además de las exposiciones en Madrid se hicieron actos por todo el mundo. Los responsables del proyecto viajaron a ciudades como Nueva York, Milán, Singapur o Bueno Aires. En total fueron 72 actos, y algunos de ellos contaron con la participación de Norman Foster y Zaha Hadid.
Más de 100 millones para “absolutamente nada”
El Gobierno de Cristina Cifuentes ha admitido que el proyecto fue un fracaso. Su coste total oscila entre los 105 millones de euros que calcula el Ejecutivo regional y otras estimaciones que lo elevan hasta los 140. Hay consenso en que ese dinero “no ha servido para absolutamente nada”, como admitió el actual consejero de Justicia, Ángel Garrido.
Cifuentes enterró la idea de un complejo con edificios diseñados por arquitectos de renombre, pero no renuncia a agrupar todas las sedes judiciales de Madrid en un mismo espacio. No será fácil dar un nuevo impulso al proyecto, en parte porque el único edificio construido dificulta su uso para otros menesteres.
El apoderado de la sociedad Campus de la Justicia entre octubre de 2011 y febrero de 2013, Javier Rodríguez, lo explicaba así: “El Instituto de Medicina Legal, el dónut, tiene 14.000 metros cuadrados: les invito que hagan una visita al Campus, está sobredimensionado, tendría que pasar un Chernóbil para que fuera usado. No tiene valor como edificio administrativo. Es para muertos, con olor a cadaverina”.
Contó también que cada año había que sacar a los conejos que se colaban dentro, que su climatización suponía un alto coste y que cada mueble que se quiera colocar dentro debe estar hecho a medida por sus paredes redondeadas. Los edificios circulares incrementan enormemente el gasto, pero cuando se ideó el proyecto había dinero para 15.
Mientras el Gobierno regional intenta resolver el futuro del Campus, que ahora se llama Ciudad de la Justicia, la Comunidad de Madrid paga 29 millones de euros anuales para el alquiler de sedes judiciales en mal estado.