Esperanza Aguirre se propuso en 2004 reunir en un inmenso terreno todas las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. El proyecto pretendía ser ejemplo para toda Europa y no escatimó en costes. Se contrataron a arquitectos estrella como Zaha Hadid o Norman Foster. Las partidas para promocionar la iniciativa consumieron cantidades ingentes de dinero público. Por medio se colaron contratos a asesores vinculados al PP, despachos de abogados prohibitivos y facturas en los hoteles y restaurantes más caros de Madrid. Más de una década después el proyecto ha quedado reducido a un único edificio sin uso en mitad de un descampado de 200.000 metros cuadrados.
Las cuentas de ese fracaso salen ahora a la luz. La Comunidad de Madrid ha encontrado por fin el libro mayor del Campus de la Justicia, que recoge movimientos de dinero durante la década que lleva vivo el proyecto. Hay anotaciones que no coinciden, balances con pagos duplicados y diarios de apuntes que nunca han aparecido. A pesar de todos esos errores y omisiones, el detalle de los pagos ayuda a conformar el relato del despilfarro, del que hasta ahora solo se conocían capítulos sueltos.
Durante los últimos años han ido saliendo a la luz algunos detalles de esos gastos. Los datos a cuentagotas durante los gobiernos de Aguirre y su sucesor, Ignacio González, con mayoría absoluta pasaron a ser una catarata de información con Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid en minoría.
A través de dos entregas y con la ayuda de las cuentas del proyecto, eldiario.es recopila ahora las principales vías de agua de una idea fracasada que se ha tragado más de 100 millones de euros de dinero público.
Norman Foster y Zaha Hadid para diseñar los juzgados
Esperanza Aguirre quiso que los edificios que iban a albergar todas las sedes judiciales estuviesen diseñados por los mejores arquitectos del mundo sin reparar en la factura. Con la economía española a pleno rendimiento encalomada a la burbuja inmobiliaria, su Gobierno decidió que había dinero para contratar a los mejores. El libro de cuentas del Campus recoge pagos a multitud de firmas de arquitectura entre las que destacan los nombres de Zaha Hadid y Norman Foster. En total, el gobierno regional esperaba gastarse 500 millones de euros en un total de 15 edificios.
Hadid, la primera mujer ganadora del prestigioso premio Pritzker, diseñó la que iba a ser la sede de los Juzgados de lo Social. Su proyecto iba a costar 13 millones de euros, pero la arquitecta solo percibió 50.000 porque no llegó a firmar ningún contrato. Su diseño de 75.000 metros cuadrados expresaba, según la propaganda de Aguirre, “los dos valores esenciales que el Gobierno regional quiere simbolizar en la Campus de Justicia de Madrid: la transparencia y la democracia”.
Los mismos valores quería trasmitir Norman Foster con el diseño de los edificios de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia. Su estudio se felicitó por contribuir al “emplazamiento único más grande dedicado a la justicia de Europa, que reinventará el proceso judicial de la región mediante la plena integración de sus diversas sedes existentes”. Al final no fue así, pero Foster y su equipo cobraron por ello.
El estudio ingresó más de 10 millones de euros, aunque reclamaba 13, por el diseño de los dos edificios. Junto a los apuntes a su nombre, aparecen pagos a firmas destacadas de arquitectos que facturaron por diseños y maquetas de los diferentes edificios del Campus. En pie solo está el Instituto de Medicina Legal, obra del arquitecto Alejandro Zaera-Polo -que abandonó el proyecto por falta de fondos- y cuyo coste fue de 21 millones de euros, aunque ahora está valorado en menos de 17.
Hay también cuantiosos pagos a los arquitectos Frechilla y López Peláez, que superan el millón y medio de euros, los encargados del diseño general del Campus e ideólogos del conjunto de edificios circulares. También se abonaron grandes cantidades de dinero a ICA Arquitectura, que diseñó el edificio que pretendía albergar la sede de la Fiscalía. Firmas como Picado de Blas (el decanato), Pino + Paredes Arquitectos (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo), Rafael de la Hoz (Penal) o Angel Borrego Cubero (Registro Civil) también cobraron del Campus.
Junto a los estudios de arquitectura y la constructoras, el COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid) también facturó importantes sumas al Gobierno regional, según recoge lo que queda de contabilidad oficial. Fueron los encargados de organizar los concursos de ideas para las sedes, a los que se presentaron más de 300 estudios. Por ese cometido, recibieron cientos de miles de euros.
Los contratos garantizaban que las constructoras cobrasen, aunque no pusiesen ni un ladrillo, como finalmente sucedió. Los pagos a las empresas que tenían previsto acometer las obras superan los 27 millones de euros, con una buena parte destinada a rescindir contratos que ya se habían cerrado.
Las empresas de seguridad (Alium) y de conservación de infraestructuras (Elmex) también se han llevado parte de los fondos. Proteger el único edificio en pie cuesta 12.000 euros al mes. Aunque no tenga actividad y sirva únicamente como escenario para películas.
Tras el fiasco de lo que pretendía ser también un ejemplo mundial de diseño arquitectónico, el Gobierno de Madrid planteó recuperar la idea de reunir los órganos judiciales en sedes más modestas. Lo intentó en 2012 pero no le dieron los fondos, así que esperó hasta principios de 2015, cuando González planteó sacar a concurso el conjunto del Campus y que una empresa levantase todos los edificios sin tantas filigranas.
Esa idea tampoco fraguó, en parte por el rechazo del COAM, que defendió que los arquitectos originales debían ser quienes acometiesen el proyecto. “Cualquier modificación del plan inicial crea incertidumbres y requiere una nueva tramitación que durará muchos meses”, argumentaron los arquitectos madrileños.
Las empresas de Gürtel y Púnica
Como otros grandes proyectos de la época de Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid, el Campus de la Justicia no se libra de la sombra de la corrupción. Y lo hizo desde el principio. El mismo acto de colocación de la primera piedra en 2007 se convirtió en un símbolo del despilfarro que acompañaría al proyecto durante los años siguientes: costó 1,4 millones de euros. De parte de la organización se encargó la empresa de José Luis Ulibarri, un constructor implicado en el caso Gürtel, que luego fue adjudicatario de contratos que no llegaron a cerrarse.
Este empresario leones se enfrenta a siete años de prisión por pagar comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Su cercanía al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, le permitió hacer negocio en algunos municipios madrileños gobernados por el PP, en los que ganaba concursos con ofertas irrealizables.
La trama Púnica también aparece relacionada con el proyecto. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga las partidas de publicidad durante la época de Aguirre. Sospecha que sirvieron al PP de Madrid para financiarse ilegalmente. Entre las empresas sospechosas de haber pagado actos electorales al partido está Over Marketing, de Daniel Mercado, el publicista que ha admitido haber participado en el amaño de contratos con distintas administraciones del PP.
Over Marketing y Traci Comunicación -otra de las empresas de Mercado- se encargaron en los primeros años de parte de la promoción de este proyecto. Según el balance del Campus de la Justicia, recibieron en total 362.000 euros por sus trabajos de publicidad para el Campus de la Justicia.
Ese dinero se pagó por trabajos que se realizaron en los ejercicios de 2005 y 2006. El primer año Over Marketing recibió 65.277 euros y Traci Comunicación cobró 116.145 euros, y ambas percibieron las mismas cantidades el ejercicio siguiente. Entre sus trabajos figuraban eventos de promoción o elaboración de lonas publicitarias, pero no está claro que el total de esos montantes se destinase a los encargos para los que habían sido contratadas ambas empresas.
Tras la promoción de las empresas de Mercado y la colocación de la primera piedra por parte de un empresario de Gürtel, el proyectó echó a andar en 2007 y un año más tarde estalló la crisis. La expansión del barrio de Valdebebas, al norte de Madrid, se paralizó y el Campus quedó aislado. Los fondos comenzaron a escasear. Aunque no se construyó más que el primer edificio, el plan siguió consumiendo recursos públicos durante años: pagos en hoteles y restaurantes de lujo, abultadas nóminas para contratar enchufados y gastos de promoción que recogerá la segunda entrega sobre el despilfarro del Campus de la Justicia.