Hace 22 meses el estallido del Qatargate, una trama de sobornos desde Marruecos y Qatar a una red de políticos y asistentes, conmocionó al Parlamento Europeo. Los controles habían fallado y una institución bastante denostada por el público (sólo el 42% de los ciudadanos tienen una imagen positiva y es el porcentaje más alto de su historia, según el último Eurobarómetro) se veía en el centro del huracán. Los grupos prometieron entonces endurecer sus reglas. Sin embargo, el funcionamiento de la Eurocámara sigue siendo opaco y carente de recursos para detectar y combatir casos como el del agitador Luis ‘Alvise’ Pérez que reveló elDiario.es.
El código de conducta de los eurodiputados prohíbe expresamente la recepción de dinero a cambio de ejercer influencia u orientar el sentido del voto. Alvise Pérez recibió en plena campaña 100.000 euros en metálico para sortear al Tribunal de Cuentas de manos de un empresario de criptomonedas al que prometió “influir en la legislación en materia de libertad financiera y civil”.
El Parlamento Europeo se lava las manos ante esa situación bajo la premisa de que el candidato de Se Acabó la Fiesta no era eurodiputado en el momento en el que se produjo el cobro y que, por tanto, no le aplicaba el código de conducta. Además, sostienen que lo que tiene que ver con ese tipo de irregularidades queda en manos de las autoridades judiciales nacionales. Para investigar a Alvise por ese asunto, eso sí, la justicia española tendría que pedir un suplicatorio a la Eurocámara para que le levante la inmunidad.
Los diputados al Parlamento Europeo no solicitarán, aceptarán ni recibirán beneficio económico alguno, directo o indirecto, ni cualquier otra recompensa a cambio de ejercer influencia o votar (...) y se esforzarán conscientemente por evitar cualquier situación que pueda dar pie a sospechas de soborno.
“No establecerán acuerdo alguno para actuar ni votar en interés de una persona física o jurídica que pueda comprometer su libertad de voto”, agrega el artículo 2 de ese código de conducta. “Vamos a presentar al Parlamento Europeo 10.000 medidas en defensa de las criptodivisas y de los negocios que operan con ellas. Que ahí, estás más que invitado al Parlamento Europeo si te gusta dar una charla”, le ofreció Alvise a Alvaro Romillo, el fundador de Madeira Club Invest (MIC) que le había entregado el dinero. “Lo podemos hacer con fondos de [la] Comisión de Industria…y cosas así. Es que yo quiero apoyar en el Parlamento Europeo las iniciativas basadas en criptodivisas”, le dijo Alvise a un escéptico con la política Romillo.
Esa conversación se produjo el 13 de septiembre, cuando Alvise ya tenía su acta parlamentaria y había participado en dos plenos. “No podemos comentar en casos individuales ni en procedimientos nacionales”, despejan desde la Eurocámara.
Para las infracciones que se cometen “en el marco de las funciones” de los eurodiputados, es decir, cuando su mandato es efectivo, las normas del Parlamento Europeo sí prevén un mecanismo de sanciones, pero que depende en buena medida de la voluntad política activarlo. La presidenta, Roberta Metsola, asistida por el Comité Asesor, integrado por ocho miembros de distintos grupos que ella misma ha nombrado, tendría que decidir si inicia un proceso sancionador. La respuesta de la Eurocámara sobre la posibilidad de comenzar un procedimiento contra Alvise es la misma: el silencio.
Sin noticias de sus ingresos
Fuentes parlamentarias justifican la opacidad en la necesidad de velar por el respeto a la presunción de inocencia de los parlamentarios, que en caso de apertura de un proceso son notificados y tienen posibilidad de presentar alegaciones. La investigación es confidencial hasta que se decide la sanción, que se anuncia en el Pleno. El castigo puede ir desde un apercibimiento hasta la suspensión parcial y temporal de las funciones del eurodiputado (nunca el derecho a voto), la eliminación de puestos de representación o la pérdida de las dietas (350 euros diarios) entre dos y 60 días (o sea, un máximo de 21.000 euros).
Alvise, que ha llegado a Bruselas cargando contra los privilegios de los eurodiputados, se saltó las reglas nada más aterrizar al ocultar a la Eurocámara sus ingresos. Tampoco en este caso la institución revela si ha tomado cartas en el asunto para obligar al eurodiputado a publicar las cantidades que percibió antes de entrar en política. Lo que establecen las normas es que si la presidenta del Parlamento concluye que la declaración es “incorrecta o está desfasada”, pedirá explicaciones.
“A falta de una aclaración satisfactoria, el Presidente consultará al Comité Asesor sobre la Conducta de los Diputados. Si el Comité Consultivo concluye que la declaración no se ajusta al Código de conducta, recomendará al Presidente que pida al diputado que corrija su declaración”, recoge ese documento. A partir de ahí hay dos opciones, que el investigado corrija la declaración en 15 días o que no lo haga y la presidenta le imponga una sanción como las mencionadas anteriormente.
En busca de grupo político
El otro problema con el que se ha topado Alvise es la búsqueda de una familia política a la que sumarse. Primero tuvo conversaciones con el grupo más ultra de la Eurocámara (Soberanistas), liderado por Alternativa por Alemania, pero no cuajaron. Después solicitó formalmente integrarse en la extrema derecha de los Reformistas y Conservadores (ECR), al que pertenecía Vox antes de abandonar a Giorgia Meloni por la ultraderecha de Marine Le Pen y Viktor Orbán.
En aquel momento Alvise difundió una foto en la que aseguraba haberse unido a ese grupo, que le desmintió categóricamente al asegurar que había pedido la adhesión y que tenían que analizar “en detalle” la solicitud. “Se espera que las deliberaciones continúen en septiembre”, aseguraron en julio fuentes del grupo.
La decisión tiene que pasar primero por la dirección del grupo y después adoptarse por el grupo en su conjunto y ese paso aún no se ha dado. “No podemos hacer comentarios en este momento”, señalan desde ECR, que ha dilatado la respuesta a Alvise mientras él sigue esperando.