El carpetazo en Suiza y la inviolabilidad de Juan Carlos I dejan impune la donación de 65 millones de Arabia Saudí

El 8 de agosto de 2008, Juan Carlos I recibió 100 millones de dólares (64,8 millones de euros al cambio de entonces) procedentes de Arabia Saudí en una cuenta abierta en un banco suizo por una sociedad instrumental. Ese depósito se cerró en junio de 2012 y el remanente —alrededor de 65 millones de dólares— fue transferido a la cuenta en Bahamas de una sociedad de la que había sido su amante durante años, la empresaria alemana Corinna Larsen. Estos hechos, que sucedieron con Juan Carlos I en el trono, cuando era la máxima autoridad del Estado, están acreditados en la investigación seguida desde el verano de 2018 por el fiscal suizo Yves Bertossa, quien ha mantenido imputados a los supuestos testaferros del monarca por la recepción de esos fondos y la creación de una estructura opaca con instrumentos en diferentes países para ocultar los fondos. 

Tras una investigación de más de tres años, la fiscalía helvética ha constatado una “voluntad de encubrimiento” detrás de esa operación, pero no ha logrado encontrar un “vínculo suficiente” entre esa donación y la adjudicación de las obras del AVE a La Meca en favor de un conglomerado de empresas españolas, tal y como sospechaba Bertossa. En consecuencia, el fiscal acordó este lunes archivar las pesquisas no sin poner el acento en lo llamativo de los importes afectados, el origen de los bienes, la falta de documentación justificativa y las supuestas “donaciones sucesivas”: de Arabia Saudí al rey emérito, primero; y del monarca a la que era su amante, después.  

La decisión exonera de cualquier responsabilidad penal por estos hechos a Larsen; a Arturo Fasana, el gestor de la cuenta en la que el rey recibió el dinero; y a Dante Canonica, el director de la fundación panameña a cuyo nombre se ingresaron esos fondos. Y, sobre todo, despeja un horizonte judicial que lleva tres años copando titulares y poniendo en una situación muy comprometida al monarca, que en agosto de 2020 se marchó de España ante la “repercusión pública” que estaban generando “ciertos acontecimientos pasados” de su “vida privada”, según explicó la Casa Real en un comunicado. Eso sí, los ahora exonerados tendrán que hacer frente a 200.000 euros en costas judiciales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló entonces de “noticias perturbadoras”.

Aunque Juan Carlos I nunca llegó a ser investigado por Bertossa, la suiza era, hasta el momento, la vía principal para indagar en el origen de parte de la fortuna de quien fue jefe del Estado. En España, la Fiscalía Anticorrupción tenía la lupa puesta en el caso del AVE a La Meca desde finales de 2018, pero en el Ministerio Público tuvieron claro desde el principio que la inviolabilidad del monarca jugaba a su favor: esa comisión habría llegado en 2008 y Juan Carlos I no dejó el trono hasta seis años después. En el verano de 2020 esa investigación pasó a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ha investigado si el monarca cometió blanqueo y delito fiscal por el supuesto cobro de una comisión para hacer de intermediario en esa adjudicación. No obstante, tiene intención de archivarla próximamente sin denunciarlo al considerar que los hechos se produjeron cuando era inviolable para las leyes españolas.

El origen: los audios de Corinna Larsen

El fiscal Bertossa inició estas pesquisas en 2018 tras la publicación de unos audios en los que Larsen atribuía a Juan Carlos I el uso de testaferros para ocultar una supuesta fortuna en Suiza. La conversación había tenido lugar en Londres en 2015 con el comisario jubilado José Villarejo, actualmente acusado por múltiples delitos, y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga. Tras la publicación de esos audios, el fiscal suizo inició una investigación y detectó el rastro de una supuesta donación a la empresaria en unos registros en los despachos de Dante Canonica y de Arturo Fasana, un gestor de fondos radicado en Ginebra viejo conocido de la policía y los jueces españoles, pues manejó las cuentas ocultas en Suiza del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa. 

La investigación reveló después que Fasana había ingresado en agosto de 2008 en una cuenta en la banca privada Mirabaud a nombre de la fundación panameña Lucum —cuyo primer beneficiario era Juan Carlos I y el segundo Felipe VI— los citados 100 millones de dólares procedentes del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí y que en 2012 el monarca había transferido ese dinero a Larsen. En el marco de estas pesquisas, Bertossa solicitó formalmente información a España sobre su investigación del AVE a La Meca y viajó a Madrid a reunirse con los fiscales de Anticorrupción y el juez del caso Villarejo.

La sospecha del fiscal suizo era que ese dinero fue fruto de una comisión ilegal por la intervención del monarca para lograr que las empresas españolas hiciesen una sustanciosa rebaja en las obras del AVE a La Meca. Pero esta hipótesis tenía el problema de que una operación en ese sentido habría supuesto que fueran las empresas españolas —entre las que está la división internacional de OHL— las que hubieran pagado por obtener esa rebaja, no al revés. Además, el ahora rey emérito recibió el dinero en 2008, tres años antes de la adjudicación del contrato. 

En los últimos años se han publicado informaciones, sin haber sido desmentidas, que apuntan a que Juan Carlos I retiró durante años hasta 100.000 euros mensuales de esa cuenta del banco Mirabaud. Según El Confidencial, el monarca habría usado el dinero para sufragar gastos no declarados de toda la familia real. Esas ingentes retiradas de dinero se produjeron entre 2008 y 2012, cuando el país estaba inmerso en una grave crisis económica y el monarca no escatimaba en llamamientos al comportamiento ético de dirigentes y ciudadanos en sus discursos públicos. Los extractos bancarios publicados certifican, por ejemplo, que en 2010 sacó de esa cuenta 1,5 millones de euros. Es el mismo año en el que, según el citado Fasana, el monarca llevó a Ginebra un maletín repleto de billetes, en total 1,7 millones de euros, procedentes de una entrega que había realizado el sultán de Bahréin. 

Bertossa también sopesó que el dinero pudiera provenir de una “una gestión desleal de fondos públicos” por parte de Abdalá bin Abdulaziz, que era el rey de Arabia Saudí cuando el Ministerio de Finanzas de su país donó los 100 millones de dólares a Juan Carlos I. Pero, según informa la Tribune de Genève, el fiscal no llegó siquiera a enviar comisión rogatoria alguna a ese país para intentar validar esta hipótesis al entender inconcebible que la petromonarquía acusara a uno de sus antiguos reyes de desvío de fondos. 

La interacción entre ambas monarquías se resume en cuatro décadas de relación económica y personal. Cuando Abdalá bin Abdulaziz falleció en 2015, tanto Juan Carlos como su hijo Felipe visitaron el país para presentar personalmente sus condolencias. Y su sucesor, el monarca Salman bin Abdulaziz Al Saud, ofreció una cena en honor del rey emérito a la que asistieron varios príncipes de la dinastía saudí. Arabia Saudí acumula denuncias de las organizaciones de todo el mundo por las violaciones de derechos humanos que se producen en su territorio.

La demanda de Larsen

Tras hacerse público el archivo, la empresaria alemana declaró este lunes en un comunicado que su “inocencia” era “evidente” y que este episodio ha servido para “dañar aún más” su imagen en una “campaña continua de desprestigio” contra su persona por parte de “ciertos intereses españoles”. “Mientras tanto, los infractores no han sido investigados y se les ha dado tiempo para ocultar sus actividades. Permanecen impunes”, dijo la examante del rey a través de sus portavoces. 

Larsen siempre ha declarado que los 65 millones que recibió en su sociedad de las Bahamas fueron un “un obsequio” del rey tras años de relación extramatrimonial y una muestra de “gratitud” y “amor” para agradecerle lo bien que había cuidado de él. Años después, esa donación es también clave en la demanda por acoso que la empresaria ha presentado contra Juan Carlos I en el Reino Unido y que puede poner en aprietos al monarca si el juez de Londres Matthew Nicklin entiende que no conserva su inmunidad y puede ser juzgado en ese país. La cuestión de la inmunidad o no del emérito es clave porque determinará si esa demanda puede ser examinada por la Justicia inglesa. 

Según la empresaria, Juan Carlos I inició “un patrón de conducta equivalente al acoso” a partir de 2012, a raíz de la ruptura total de sus relaciones, y se mantuvo hasta la fecha de presentación de la demanda. Es decir, se habría extendido desde el periodo en el que era inviolable para las leyes españolas hasta después de perder ese privilegio constitucional con su abdicación en 2014.

Ese supuesto acoso, sostiene Larsen, incluyó amenazas y difamaciones, así como “vigilancia” tanto “encubierta” como “visible” por parte de agentes del rey emérito y de los servicios secretos españoles. Todo ello, según su versión, con la intención de que reanudaran su relación o le devolviera o volviera a poner a su “disposición para su uso” el dinero que había recibido de Arabia Saudí. Unos fondos que han alimentado parte de la fortuna de quien fuera jefe del Estado y cuyo origen, previsiblemente, seguirá cubierto por un manto opacidad.