La sentencia del Tribunal Supremo sobre la llamada Primera Época de Gürtel, que ha confirmado la existencia de una financiación irregular en el PP durante dos décadas, no acaba con el vía crucis judicial del partido de Pablo Casado. La formación conservadora se enfrenta en los próximos días a testimonios clave de la operación Kitchen, la supuesta operación parapolicial que puso en marcha el Ministerio del Interior durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy precisamente para arruinar la investigación sobre esa contabilidad paralela abierta en la Audiencia Nacional, el llamado caso de la caja B.
El 30 de octubre, en apenas dos semanas, comparecerá en sede judicial el exministro Jorge Fernández Díaz. El juez sitúa en el “centro” de esa operación al Ministerio del Interior que él dirigió entre 2011 y 2016. Desde allí “se habría dirigido y coordinado la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de éste, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad”, escribió el auto en el que acordó su imputación. A esta conclusión llegó el juez, según dijo él mismo, por los audios del comisario Villarejo y la documentación incautada. Este viernes rechazó el último recurso presentado por su defensa de Fernández Díaz y confirmó que tendrá que declarar.
Pero un día antes, el 29 de octubre, hay otra cita clave. Ese día comparecerá en la Audiencia Nacional el que fuera su número dos, Francisco Martínez, que indignado por las supuestas mentiras en público de Fernández Díaz, depositó en un notario cuatro mensajes seleccionados que le implican en la operación. Esos SMS no sólo sitúan al exministro como conocedor sino como quien le anunció su existencia y le informaba de sus novedades. Anticorrupción ha pedido al juez que impute también a María Dolores de Cospedal, pero García-Castellón ha optado por escuchar primero la declaración trascendental de Martínez.
Según su relato, tiene en su mano la implicación de la anterior cúpula de Rajoy en el Gobierno y en el PP. “Si tengo que declarar porque me impliquen, también irán [Jorge] Fernández Díaz y probablemente [Mariano] Rajoy”, dejó por escrito en septiembre del año pasado. Martínez —que en el sumario de Kitchen aparece mencionado como 'Paco' o 'Choco', los apodos con los que se referían a él los policías implicados— se ha negado hasta en dos ocasiones a declarar ante el juez Manuel García Castellón. Ahora, sin embargo, ha amenazado con tirar de la manta si sus antiguos superiores se siguen poniendo “de perfil”. Él no va a ser el único que sufra las consecuencias de un asunto que, asegura, ni le “importaba”, ni le “preocupaba”, ni le “interesaba”.
Además, el sumario contiene indicios del conocimiento y/o participación en la operación de los dos únicos políticos que en ese momento estaban por encima de Fernández Díaz: el presidente Mariano Rajoy y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. El primero, como supuesto conocedor del espionaje al extesorero de su partido y máximo interesado en recuperar las pruebas que le comprometerían al partido y a él mismo. La segunda, como responsable del Centro Nacional de Inteligencia, organismo que según los mensajes que Fernández Díaz envió a Martínez habría estado al tanto de todo.
El PP promete mano dura
En la dirección del Partido Popular no esconden que el horizonte judicial marcado por las declaraciones y la investigación de la operación Kitchen “preocupa” e “indigna” en las filas de la formación que preside Pablo Casado. Él ha prometido mano dura ante cualquier implicación de dirigentes o exdirigentes en el espionaje a Bárcenas. “Caerá quien tenga que caer”, insiste el propio Casado cada vez que se le pregunta por este asunto.
Génova 13 remarca también que los hasta ahora principales implicados en la trama, Martínez y Fernández Díaz, forman parte “del pasado” del PP y que desde su elección como líder del partido, Casado siempre ha realizado un ejercicio de “regeneración” tratando de romper con algunas de esas prácticas que, según la dirección de los populares, les “abochornan”. El núcleo duro del equipo de Casado insiste en que Martínez “ya no está en el partido”, que a Fernández Díaz se le abrió un expediente informativo en cuanto se conoció su imputación, tal y como establecen los estatutos, y que por el momento no temen la imputación de Cospedal, uno de los principales apoyos de Casado en las primarias, que decantó su victoria frente a la archienemiga interna de la exdirigente, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.
Esas mismas fuentes recalcan, en todo caso, que si finalmente Cospedal fuera imputada el partido seguiría la misma vía que con Fernández Díaz, siempre que en ese momento la también exministra siguiera militando en el PP. Sobre su vinculación con el triunfo de Casado, la dirección popular insiste en que el actual líder del PP planteó “un nuevo tiempo” al ganar las primarias y que desde entonces se han renovado todos los órganos internos con la premisa de “no pasar ni una” en materia de corrupción.
Cuando se levantó el secreto de sumario de la operación Kitchen y empezó a hacerse pública información sobre el caso, Casado trató de desvincularse de esta operación afirmando que él era un diputado raso por Ávila cuando se produjeron los hechos. Esta semana, tras la sentencia del Supremo sobre Gürtel, la dirección del PP cargó contra el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber motivado su moción de censura de 2018 en la corrupción de la formación conservadora.
A juicio de Génova 13, es una “mentira” pese a que, en su resolución, el Alto Tribunal señala que la Audiencia Nacional, en su sentencia de hace dos años, “contó con prueba de cargo válida y suficiente para concluir la existencia de una 'Caja B' del PP”. En todo caso, la supuesta financiación irregular del PP durante casi 20 años es la materia central de otro procedimiento, una pieza separada del caso Gürtel, denominada Caja B o de los 'papeles de Bárcenas', que comenzará a juzgarse en febrero de 2021. El horizonte judicial del PP no está ni mucho menos despejado.