Ni la petición expresa realizada por la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, a todos los partidos, “para reflexionar sobre el desarrollo de los debates y la importancia de no perder el respeto por el resto de oradores”, ni tampoco la llamada realizada por su compañero de filas, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, reclamando a su partido huir de los “espectáculos parlamentarios”, han movido un ápice la estrategia de la crispación con la que afronta el líder del Partido Popular, Pablo Casado, la crisis del coronavirus.
El presidente de los populares no solo ha ignorado todas esas demandas que piden serenar el clima político, sino que en las últimas horas –y, avalado por las encuestas que le auguran un mínimo crecimiento– ha agravado sus ataques y descalificaciones contra el Gobierno, al que responsabiliza en exclusiva de los muertos por coronavirus y acusa de “mentir y perjudicar a España”. Durante el Pleno del Congreso de este miércoles, Casado dedicaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una retahíla de insultos. Al jefe del Ejecutivo le acusó de “arrogancia”, “mentira”, “sectarismo” o “populismo” y le llamó “pirómano” o “pato cojo con el peor balance de gestión de la democracia”.
En su constante pugna con Vox por la dureza del mensaje contra el Ejecutivo, Casado aseguraba que “los españoles no deben nada a este Gobierno”, porque “ni ha sido capaz de salvar vidas ni ha protegido la economía y el bienestar”. “Han dejado atrás a millones de personas. Su imagen en esta crisis quedará asociada a las mascarillas defectuosas, los test falsos, las urgencias de toda España colapsadas, las morgues desbordadas y las colas del hambre”, apuntaba el líder del PP durante el debate de la sexta prórroga del estado de alarma, en el que su grupo votó 'no' por segunda vez, igual que la extrema derecha.
Casado recuperaba, además, dos de los mantras de la derecha contra la izquierda: ETA y Venezuela. A Sánchez le acusaba de “malversar las instituciones del estado en beneficio propio”, de “politizar la Fiscalía General imponiendo a una comisaria política reprobada por no denunciar una trama de extorsión policial”, de “blanquear la dictadura de Maduro” o de “ceder a las exigencias de los proetarras”.
“Moción de censura al Estado”
El Partido Popular, a lo largo de todas sus intervenciones en el Pleno, trataba de insistir en la idea de que con un Gobierno de izquierdas España vive en una dictadura. “Señor Sánchez, usted llegó al poder con una moción de censura al gobierno y ahora pretende hacer una moción de censura al Estado”, le espetaba Casado al jefe del Ejecutivo. “Todo ello”, añadía “bajo palio de alarma” que el PP considera una “excepcionalidad constitucional”.
“Su estrategia contra los controles y equilibrios institucionales convierten a su Gobierno en el menos democrático de nuestra democracia”, insistía. “Durante estos tres meses ha cruzado demasiadas líneas rojas. Está usted dispuesto a no dejar las raspas del Estado por seguir un día más en el poder”.
Para recalcar esa argumentación, Casado utilizaba los ceses producidos en la última semana en la cúpula de la Guardia Civil, por los que el PP ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. A juicio del presidente de los populares, se ha producido “una caza de brujas en la Guardia Civil sumiendo al cuerpo en su mayor crisis desde el escándalo del también socialista Luis Roldán”, por lo que culpaba a Sánchez de situarse en las “cloacas”.
Desoyendo las llamadas a la “unidad” verbalizadas durante el Pleno por representantes de PSOE, Unidas Podemos, PNV, Coalición Canaria o Ciudadanos –que ha virado al centro rompiendo el cordón sanitario tejido por las derechas contra Sánchez y ha logrado acuerdos con el Gobierno– tras proferir todas sus descalificaciones Casado culpaba al propio Ejecutivo de “polarizar electoralmente, para crispar socialmente, para reabrir cicatrices históricas y exacerbar frentismos políticos”.
“Una vieja tradición socialista”
La tesis la redondeaba minutos después la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que se convirtió en una de las grandes protagonistas del Pleno de la semana pasada cuando dijo que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, “es el hijo de un terrorista”, una idea que ha repetido en otras dos ocasiones a lo largo de esta semana a pesar del malestar que generó en las propias filas populares.
Dirigiéndose esta vez a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, durante la sesión de control al Gobierno, Álvarez de Toledo consideraba que “la acusación de crispar es una vieja tradición socialista”. “La inició el presidente González para tapar los escándalos de Filesa, Roldán y los GAL. La actualizó Zapatero cuando sus pactos con ETA, el Estatuto inconstitucional y la debacle económica. Y ahora ustedes la reeditan. Nos quieren sumisos y silentes. Olvídense”, advertía.
“No son nuestras palabras las que causan la crispación. Son sus hechos. Y, por tanto, son ustedes los que habrán de rectificar para devolver el sosiego a la nación”, zanjaba Álvarez de Toledo, la única portavoz parlamentaria del conjunto de partidos con representación en la Cámara Baja que manifestó a Batet su desacuerdo con la ronda de contactos que mantuvo el martes la presidenta del Congreso para intentar poner fin a la crispación en medio de una pandemia con más de 27.000 fallecidos, y que se limitó a resaltar, según fuentes parlamentarias, “la importancia del respeto al otro”.