El mismo Partido Popular que gobernó durante cuatro años –entre diciembre de 2011 y enero de 2016– utilizando su mayoría absoluta para aplicar el rodillo parlamentario y aprobar solo con sus votos normas tan polémicas como la 'ley mordaza', que limitó el derecho a la manifestación, ha empezado ahora a sugerir que los primeros meses de la gestión de PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno, marcados por la crisis del coronavirus, han situado a España en una dictadura.
Las acusaciones de “autoritarismo” por parte de dirigentes populares contra el Ejecutivo progresista, que cuenta con una débil mayoría en el Congreso y que necesita llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas para poder sacar adelante sus iniciativas, ya se daban antes del inicio de la pandemia. Pero se han multiplicado durante la aplicación del estado de alarma que el PP apoyó inicialmente pero que ahora rechaza arguyendo precisamente que es “una aberración constitucional” que da “plenos poderes” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El último ejemplo de esas supuestas prácticas dictatoriales que, según el PP, ha puesto en marcha el Ejecutivo progresista, tiene que ver con los polémicos ceses en la cúpula de la Guardia Civil que tuvieron lugar la pasada semana y que comenzaron el martes con la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos de su puesto de jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.
Se trata de un cargo de libre designación cuya elección suele corresponder al Gobierno. Fue de hecho el último Ejecutivo de Mariano Rajoy el que ascendió a Pérez de los Cobos a ese puesto en 2018, después de que se le encargara también el polémico operativo policial del 1 de octubre de 2017 en Catalunya.
“Fulminan a todo el que les estorbe”
“Desde [el exdirector general de la Guardia Civil condenado por corrupción Luis] Roldán nadie había manchado así a la Guardia Civil”, le reprochó Casado a Sánchez el pasado miércoles durante el Pleno del Congreso en el que el PP también solicitó la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al vincular la destitución del coronel con la investigación iniciada por un juzgado de Madrid sobre las marchas del 8M y su supuesta relación con la expansión del coronavirus, a raíz de un informe encargado a la Guardia Civil plagado de errores, bulos y falsedades.
El líder del PP exigió a Sánchez “responsabilidades por sabotear la independencia judicial”. Un día antes, el martes, el 'número dos' de los populares, Teodoro García Egea, había considerado en una entrevista en TVE que el cese de Pérez de los Cobos evidencia que el Gobierno aplica “mano de hierro a la hora de fulminar a todo el que le estorba en sus planes totalitarios”.
Totalitario, según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), es lo “perteneciente o relativo al totalitarismo”, en el que la propia institución enmarca la “doctrina y regímenes políticos, desarrollados durante el siglo XX, en los que el Estado concentra todos los poderes en un partido único y controla coactivamente las relaciones sociales bajo una sola ideología oficial”.
“El Gobierno lanza un mensaje muy claro”, proseguía García Egea. “Todo aquel que nos investigue va a ser apartado. Todo aquel que se interponga en los planes del Gobierno va a ser cesado”, enfatizaba. También se preguntaba “qué pensarán hoy muchos guardias civiles y policías que investigan cuestiones relacionadas con Gobierno. Pensarán que pueden correr la misma suerte”.
Los argumentarios internos
En uno de los últimos argumentarios internos que el PP envió a todos sus dirigentes, al que ha tenido acceso eldiario.es, la dirección de Casado considera que “el arbitrario cese de Pérez de los Cobos por mantener la independencia y la integridad de la Guardia Civil en una investigación judicial que afecta directamente al Gobierno”, en alusión a las manifestaciones del 8M, “supone el ataque más grave a la independencia del poder judicial ocurrido en España en los últimos años”.
“Un ataque a la Justicia al que un día sí y otro también nos tiene acostumbrados el vicepresidente Pablo Iglesias, con el beneplácito del Gobierno”, matizaba el PP en el documento interno enviado por Génova 13 a todos los cargos del partido, para que repitan esas consignas en sus respectivas comparecencias públicas.
Casado hace continuamente alusión a supuestas prácticas dictatoriales del Ejecutivo, al que también vincula una y otra vez con “dictaduras latinoamericanas”, principalmente en alusión a Venezuela, con cuyo gobierno las derechas relacionan a Unidas Podemos, uno de los socios del Gobierno. “No conseguirán amordazar al pueblo español, ni los medios, ni en las redes, ni en la calle, ni en los tribunales”, aseguraba el miércoles el líder del PP durante la bronca sesión de control al Gobierno en el Congreso.
El lunes, durante una rueda de prensa, Casado había vuelto a vincular el estado de alarma, única herramienta que permite limitar la movilidad de los ciudadanos en un contexto de pandemia, con un supuesto “autoritarismo” del Gobierno. El líder del PP criticó las multas impuestas por incumplir el confinamiento, solo comparables, dijo, “a un estado de control absoluto”.
La alarma, “un agujero negro para las libertades”
“En España te pueden identificar si vas con tu mujer por la calle pero no sabemos quiénes son los expertos del Gobierno [que deciden los pasos en la desescalada]”, afirmó Casado. A su juicio, el confinamiento es equivalente a un “toque de queda”. “No sé si el 23-F hubo restricciones como estas”, declaró, tras advertir de que, si hay rebrotes, “la responsabilidad será del Gobierno”, porque “tantos contagios puede haber al salir en las franjas horarias como por salir a protestar o pedir ayuda”.
En sus documentos internos el PP considera que “el estado de alarma ya es un agujero negro para las libertades” de los españoles. “Se identifica a quienes pasean, pero no a los expertos que deciden sin más referencia científica qué región pasan de fase. Mandan antidisturbios a Madrid, pero ponen alfombra roja a los aquelarres a favor de etarras”, sostienen los populares en sus argumentarios.
Cayetana Álvarez de Toledo, la portavoz del PP en el Congreso que la pasada semana protagonizó una nueva polémica al llamar a Iglesias en el Congreso “hijo de un terrorista”, generando un profundo malestar interno en el partido, también repite prácticamente en todas sus intervenciones públicas alusiones a ese supuesto carácter dictatorial del Gobierno.
El pasado jueves, durante una conferencia de la Fundación Libertad en la que insistió en sus acusaciones al progenitor del vicepresidente segundo, Álvarez de Toledo consideró que la “batalla más profunda y sostenida” que tienen que dar “los demócratas y constitucionalistas en España” es la de “la verdad y quitar, arrebatar y desmontar esa falaz superior moral que ejerce la izquierda sobre todos los que no lo son” en la sociedad.
Una “relación íntima” con la dictadura
Según recalcaba, ése es el “germen del virus autoritario que siempre está latente” y que en situaciones de crisis y excepcionalidad puede “germinar poniendo en peligro lo más extraordinario” conseguido según ella por los españoles, que es “la España constitucional de 1978”. Álvarez de Toledo afirmó que partidos como Podemos están aprovechando la pandemia para hacer avanzar su proyecto político. “El fracaso de la España constitucional, que es la España democrática, es lo que algunos están persiguiendo aprovechando la situación de excepcionalidad”, denunció.
También insistió en que el discurso “radical” de personas como Pablo Iglesias hay que “desmontarlo, quitarle la careta y ponerle el espejo delante”. E hizo hincapié en la vinculación del vicepresidente con los “agresores de la democracia española”, con una “relación íntima con el mundo antidemocrático y la dictadura”.
La argumentación de Álvarez de Toledo era refrendada el viernes por la Fundación FAES del expresidente José María Aznar, padrino político de Casado y uno de los principales asesores del líder del PP, que ha conseguido colocar a sus colaboradores –entre ellas, la propia portavoz en el Congreso– en los puestos de mayor responsabilidad de la formación conservadora.
Enfocando sus críticas en Iglesias, FAES considera que el vicepresidente segundo es un “populista agresivo” que “no busca más que la quiebra social, el antagonismo y la demonización de sus adversarios para convertirlos en enemigos”.
FAES cree que Iglesias busca “destruir el sistema”
“Es la expresión de una práctica de asalto a la democracia y de desestabilización de sus instituciones representativas. Es el político chulesco que con los brazos en jarras interpela al PP acusándolo de promover la insubordinación de la Guardia Civil. Él, que ha recorrido las herriko tabernas rindiendo homenaje a ETA y a la denominada izquierda abertzale por ser los primeros en conjurarse para destruir el sistema democrático de la Constitución; él, que elogia a los golpistas catalanes como demócratas y se inventa una teoría conspiratoria contra la derecha” apuntó FAES.
La fundación de Aznar destacaba además que “Iglesias es vicepresidente de un Gobierno entre cuyos apoyos destacan los de un partido cuyo líder está condenado en firme por sedicioso y de otro partido que, además de no condenar un solo crimen de ETA, tiene por máximo dirigente a un condenado por terrorismo”.
“Estos son los materiales con los que la izquierda ha construido su Frankenstein”, concluía FAES, utilizando ese término despectivo con el que las derechas suelen referirse a la pluralidad de fuerzas políticas que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez. “Esta es la realidad sobre la que se asienta no se sabe si el poder o la debilidad de un partido –el socialista– que día tras día acumula una responsabilidad histórica en la degradación del sistema democrático”, zanjaba.