El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha condicionado este lunes su apoyo al estado de alarma aprobado ayer por el Gobierno a que éste se prorrogue por el momento durante ocho semanas y no por seis meses como planteó el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en su comparecencia del domingo. Otra de las condiciones planteadas por el líder del PP es que se apruebe antes de diciembre una reforma legal que permita adoptar restricciones de movimiento y otras medidas frente al virus sin tener que recurrir a la alarma.
Casado, que ha realizado estas declaraciones durante la apertura del XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, ha asegurado que el PP lanza esta oferta al Gobierno “para recabar el apoyo mayoritario de Las Cortes” y para “tener un respaldo que refleje que hay una unidad y una dirección conjunta” entre las fuerzas políticas frente a la pandemia, aunque ha asegurado que la decisión del Ejecutivo de volver a recurrir al estado de alarma “es la constatación de un fracaso” que “contraviene las recomendaciones de la Unión Europea”.
“La alarma, por definición, es una excepción constitucional, que tiene que ser tasada en el tiempo y tasada en su alcance”, ha dicho el líder de los populares, que ha insistido que “tiene que ser para cuestiones puntuales, no desde luego para seis meses”.
El llamado Plan B que defiende el PP desde mayo para la segunda oleada de la pandemia, se basa sobre todo en la reforma de la Ley 3/86 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, con el fin dar instrumentos legales a las comunidades que les permita luchar contra el coronavirus,sin necesidad de recurrir a la excepcionalidad del estado de alarma.
Esta decisión del máximo líder de los populares llega después del enésimo giro al centro que quiso escenificar la semana pasada al anunciar su voto en contra de la moción de censura de Vox con un durísimo discurso contra Santiago Abascal. La dirección del PP lleva desde entonces insistiendo en que ese discurso de Casado fue “un punto de inflexión” en la estrategia de su presidente, y que sitúa a la formación conservadora en la “moderación” como fuerza hegemónica del centro derecha en España.
Durante la primera oleada, el PP aprobó las tres primeras prórrogas del estado de alarma, si bien después retiró su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez alegando que sus pretensiones de prolongar la excepcionalidad suponían un intento de “autoritarismo” del Ejecutivo progresista.
Esquerra Republicana considera necesario el estado de alarma pero tiene salvedades respecto a la letra pequeña y, en concreto, considera que una prórroga de seis meses, tal y como reclamó el presidente Pedro Sánchez, es demasiado larga. Esta será una de las cuestiones que los republicanos tratarán de negociar con el PSOE y Unidas Podemos antes de decidir su voto en el Congreso.
“Consideramos que tiene que haber control parlamentario, es abusivo alargarlo tanto”, ha asegurado la portavoz de la formación, Marta Vilalta, quien ha explicado que también creen que el decreto debería ampliar las competencias que se traspasan a las comunidades. “Queremos que la Generalitat sea aún más competente, porque es la Generalitat quien tiene más conocimiento de causa sobre el terreno y sobre los datos que tenemos”, ha indicado. Son estas las dos quejas que Esquerra tienen con lo aprobado por el Consejo de Ministros el último fin de semana, pero no pasan de salvedades que, en todo caso, la formación cree poder pulir en la negociación parlamentaria. Más allá de estos detalles, ERC avala la aplicación del estado de alarma como paraguas legal para poder tomar medidas sanitarias. “El estado de alarma no es nuestro modelo, pero es el instrumento que nos permite no estar sujetos a las decisiones judiciales y para no llegar tarde a las decisiones”, ha explicado Vilalta.
También se ha mostrado a favor del estado de alarma la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, aunque como el líder del PP ella también ha considerado “excesivo” que sea por seis meses. El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha asegurado en rueda de prensa que la alarma “es una herramienta jurídica imprescindible para establecer restricciones de derechos” si bien ha matizado que lo harán a cambio de que Sánchez acuda al Congreso periódicamente para explicar la evolución de la pandemia y ver si “se pueden flexibilizar las medidas”.
“Queremos mejorar el decreto”, ha añadido Bal, con reformas de leyes no orgánicas para garantizar “herramientas jurídicas” para esas restricciones de movilidad ciudadana. “Estaremos con el Gobierno con esas tres patas, la sanitaria, la económica y la de la salud democrática”, ha concluido.
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