“A mí nadie me presiona y menos alguien como usted”, le espetó este miércoles el líder del Partido Popular, Pablo Casado, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. El máximo dirigente de los populares quiso así dejar claro que no se piensa mover un ápice de su negativa a negociar con la izquierda la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de otros órganos constitucionales como el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional, así como la cúpula de RTVE.
Casado, que este miércoles encajó la ratificación de la sentencia del caso Gürtel por parte del Tribunal Supremo –que condena al PP “a título lucrativo” pero que elimina las alusiones a la caja B del partido–, no solo no se siente presionado por la propuesta de PSOE y Unidas Podemos conocida el martes, que tiene como objetivo reducir la mayoría necesaria para renovar el máximo órgano de los jueces, cuyo mandato caducó en 2018 y cuya renovación está bloqueada desde entonces por el PP, sino que trata de prolongar así la mayoría conservadora del actual CGPJ, elegido en 2013, durante la mayoría absoluta de Mariano Rajoy.
El líder del PP ha endurecido, además, sus exigencias al Ejecutivo para volver a la mesa de negociación. Ahora Casado considera indispensable que se retire la propuesta de reforma presentada el martes por los partidos de la coalición –que los populares consideran “dictatorial” y un “atropello legal”– y que, asimismo, el presidente del Gobierno “expulse” a su aliado de Unidas Podemos del proceso de la renovación de las instituciones.
En las filas populares afirman, en todo caso, que el gesto de PSOE y Unidas Podemos al presentar una propuesta de reforma tratando de que una parte de los 20 vocales que componen el Poder Judicial puedan salir elegidos por mayoría absoluta (176 diputados) y no necesiten el apoyo de los tres quintos (210) del Congreso y el Senado, como en la actualidad, rompe del todo cualquier opción de retomar las conversaciones para renovar el CGPJ.
Un bloqueo de dos años
Desde el Gobierno defienden la propuesta de reforma y lo atribuyen a la “inaguantable” posición de bloqueo que mantiene Casado. “¿Se ha negado por activa y pasiva a renovar y resulta que lo que tiene que hacer esta Cámara es aquietarse?”, reflexionaba este miércoles un miembro del Gobierno que aseguraba que durante tres meses se ha hablado semanalmente con los conservadores sobre la renovación del órgano de gobierno de los jueces sin que haya “forma humana” de llegar a un entendimiento.
Esa premisa les hace pensar que nada hará cambiar el líder del principal partido de la oposición. “¿El resto de españoles tiene que ver cómo se renuevan esos cargos –argumentaba esa misma fuente en referencia a los nombramientos que ha hecho el CGPJ en funciones– sin que se renueve el mandato conforme a las urnas? Si mandan las urnas mandan las urnas”.
En los últimos dos años, el PP ha dinamitado todas las aproximaciones con el Gobierno para renovar el máximo órgano de los jueces con un acuerdo con el PSOE. En noviembre de 2018 la negociación saltó por los aires tras filtrarse un mensaje en el que el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, aseguraba que con el nombramiento del juez Manuel Marchena –que era el nombre pactado con el Gobierno para presidir el nuevo CGPJ– se controlaría “por detrás” la sala segunda del Supremo. Finalmente, Marchena renunció y presidió el tribunal que juzgó el procés.
El último fracaso de las negociaciones se evidenció el pasado 2 de septiembre, durante la reunión que mantuvieron Sánchez y Casado en el Palacio de la Moncloa, en la que el líder del PP rompió los avances que se habían logrado entre ambas partes durante sus conversaciones en los meses de verano, al negarse a entrar en una negociación en la que participe el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. La justificación del presidente del PP fue entonces que la posición de Unidas Podemos en contra de la monarquía y la imputación del partido en un procedimiento judicial a raíz de una denuncia de un extrabajador imposibilitaba sentarse a hablar con esa parte del Gobierno.
La estrategia del PP para controlar la Justicia
Oficialmente, el PP siempre ha tratado de justificar su negativa al acuerdo defendiendo que su objetivo es “despolitizar” el Poder Judicial, a pesar de que gracias a su bloqueo se mantiene la mayoría conservadora en el CGPJ, que sigue nombrando jueces. Desde diciembre de 2018 y con el mandato caducado, el CGPJ que mayoritariamente escogió el Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado medio centenar de nombramientos. Entre ellos, ha nombrado a 18 jueces del Tribunal Supremo, que se quedarán ahí hasta su jubilación. Los últimos seis fueron elegidos el 30 de septiembre, y Unidas Podemos estudia llevar estos nombramientos ante el Constitucional al haberse realizado fuera del plazo de mandato del Poder Judicial, que se encuentra en funciones desde 2018.
Desde la restauración de la democracia, los tres bloqueos del PP en la renovación del CGPJ han servido para que la derecha decidiera la mayoría de los nombramientos de jueces en el Supremo. Gracias a ese lento proceso en el que participaron en su día José María Aznar y Mariano Rajoy, y que ahora protagoniza Casado, en 1995, se ha dado la situación de que la Sala de lo Penal pasara de estar formada por siete jueces progresistas y seis conservadores, en 1995, a que en 2020, sean 11 conservadores frente a dos progresistas.
Este miércoles, tras la crispada sesión de control al Gobierno, fuentes de la dirección del PP volvían a apelar a ese supuesto deseo de desvincular al Poder Judicial del poder político. “Si quieren ir hacia la despolitización, ahí vamos a estar. Pero Podemos no va a entrar en la ecuación del PP”, argumentan en Génova 13. Durante su intervención en el Pleno, Casado pedía a Sánchez que “expulse a Podemos” del proceso de negociación del CGPJ. Añadía, además, una nueva exigencia: “Mientras no retire su atropello legal, no hay nada que pactar”.
Para el líder del PP, los partidos del Gobierno “amenazan con una reforma a la polaca” del CGPJ, que “liquidaría la separación de poderes y la independencia judicial”. Por eso advertía de que, si Sánchez no rectifica, el PP acudirá al Tribunal Constitucional y a las instituciones y tribunales europeos, sugiriendo incluso que la reforma podría poner “en riesgo los fondos de reconstrucción por atacar el Estado de Derecho”.
El “deterioro de la imagen de España”
En Moncloa sentó especialmente mal la amenaza de Casado de que la propuesta de reforma legislativa ponga en riesgo los 140.000 millones de euros para la recuperación económica que España espera recibir de Bruselas. Los socialistas consideran que es un “mal camino” vincular ambas cosas que persigue el “deterioro de imagen de España”. Fuentes gubernamentales sostienen que no se puede comparar la situación de España con la de países como Polonia o Hungría: “No se cuestiona una propuesta de los grupos, conforme a legalidad y a los procedimientos para cambiar la ley. Ni está ni se espera ese debate en Europa”.
La tesis del Gobierno es que el bloqueo de la renovación del Poder Judicial supone una vulneración de la Constitución, que establece una duración de cinco años improrrogables al mandato del órgano de gobierno de los jueces, y por eso justifica la necesidad de acometer una reforma que, en última instancia, cumpla un mandato constitucional. “Desde que lo preside, el PP ha dejado de ser un partido de Estado, es un partido antisistema, que no cumple con la Constitución”, recriminó Pedro Sánchez a Pablo Casado durante el control al Gobierno este miércoles.
Ante la negativa de los populares, la coalición progresista ha optado por reducir la mayoría necesaria para la renovación del CGPJ. Las fuentes gubernamentales consultadas argumentan que el Congreso es la única institución capaz de reformar sus propias normas dado que es el único organismo que eligen de forma directa los ciudadanos. “Las únicas mayorías que hay que respetar son las que establece la Constitución. Las demás son ordinarias fruto del trabajo legislativo”, justifican fuentes gubernamentales sobre la decisión de permitir que los jueces escogidos para las vocalías del Poder Judicial puedan serlo con mayoría absoluta (176 votos) y no la mayoría de tres quintos (210) que actualmente establece la ley.
En las filas socialistas genera algunas suspicacias el golpe en la mesa que ha dado Sánchez, aunque no habrá una respuesta en público. La principal preocupación es la puerta que se abre a que en el futuro una mayoría de derechas pueda renovar los órganos constitucionales sin consenso. En esa línea se expresó el líder de Más País, Iñigo Errejón, que es uno de los firmantes del comunicado secundado por 187 parlamentarios que exigían el desbloqueo de la renovación del Poder Judicial.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, reconoció este miércoles el “miedo” ante la posibilidad de que en el futuro gobierne el PP con la ultraderecha y Ciudadanos: “Es un debate interesante saber si es pan para hoy y hambre para mañana”, señalaba, en alusión a la reforma presentada por PSOE y Unidas Podemos. No obstante, el republicano admitía que “este país tiene un gravísimo problema con el Poder Judicial” dado que esté persiguiendo “una idea” –el independentismo– a la que a su juicio ha declarado la “guerra” al igual que al Gobierno, según expresó Rufián en declaraciones a los medios.
“Esa es una hipótesis falaz –responden fuentes del Gobierno sobre ese planteamiento de que en un futuro la derecha se beneficiará de ese cambio legislativo–. Esta Cámara hará lo que tenga que hacer con la mayoría que le den los ciudadanos con arreglo a los resultados de las urnas”. “Lo contrario es que el PP bloquea”, sentencian.
Las otras renovaciones institucionales
En el Gobierno creen que la posición que mantiene el PP tiene que ver con su pugna por la derecha con Vox, por lo que no creen que entre a negociar ninguna renovación institucional por mucho que ponga condiciones que, además, ven inviables, como la ruptura de la coalición. Así se lo ha hecho saber el presidente a Casado cuando ha mostrado su “confianza absoluta” en Iglesias y los demás miembros del Consejo de Ministros.
De hecho, las fuentes consultadas apuntan a que mantendrán la mano tendida para renovar otros órganos, como RTVE o el Defensor del Pueblo. “En todo lo que no haya que tocar leyes no se tocan.En este caso no hay forma”, expresan sobre el Poder Judicial, aunque advierten que en el resto de organismos bloqueados se modificarán las leyes en “todos” los casos que sean necesarios. “Uno detrás de otro”, apostillan.
No obstante, de los organismos pendientes de renovar solo el Defensor del Pueblo está regulado en una ley orgánica semejante a la del Poder Judicial, es decir, que sería la que podrían reformar los grupos que sustentan al Gobierno para rebajar la exigencia de tres quintos de las cámaras para su elección. En el caso de RTVE, la idea es culminar el concurso público que arrancó hace dos meses y que por ahora está estancado. También el mandato de algunos miembros del Tribunal Constitucional está caducado, pero en este caso es la Carta Magna la que establece que los miembros que designan las Cortes tengan el respaldo de tres quintos en las cámaras.