La “reforma de la Administración” que promete el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y que pretende poner en marcha si tras las generales del 28 de abril logra llegar a la Moncloa, contempla “evaluaciones” a los funcionarios. El líder de los populares explicó el pasado 24 de febrero en un acto en Toledo que una oposición “no puede ser una patente de corso para que los mejores cobren lo mismo que los pocos que son peores”.
Su iniciativa de examinar periódicamente a los trabajadores públicos no supone sin embargo “ninguna novedad” para los principales sindicatos de funcionarios, que recuerdan que la “evaluación del desempeño” ya se incorporó en 2007 en el Estatuto Básico del Empleado Público con el Gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero, si bien desde entonces no ha podido aplicarse por no existir una regulación específica al respecto.
Las centrales critican por ello el “oportunismo” y el “electoralismo” del líder del PP, que el lunes, durante un desayuno informativo, llegó a plantear “pluses” para los trabajadores públicos “que son más demandados o tienen más rendimiento por más horas trabajadas”. Se refería a médicos y profesores.
Los representantes de los funcionarios denuncian que el líder de los populares incluya ahora ese plan entre sus propuestas estrella cuando los sucesivos gobiernos desde 2007 –el PP ha gobernado desde entonces durante siete años– se han negado a desarrollar y negociar la regulación sobre la “evaluación del desempeño” a pesar de que los sindicatos se lo han exigido “una y otra vez”.
Las “retribuciones complementarias”
El artículo 20 del Estatuto Básico del Empleado Público establece que “las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados”, un procedimiento “mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados”.
Siempre en función de criterios “de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación”, el artículo contempla que las administraciones “determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24” del Estatuto.
“Instamos a Casado a que se mire el Estatuto porque lo único que hay que hacer es desarrollarlo”, sostiene en declaraciones a eldiario.es la secretaria de Políticas Públicas de la FSC de CCOO, Miriam Pinillos, que recuerda que desde su sindicato han reivindicado “que se ponga en funcionamiento” esa evaluación desde hace 12 años, al considerar que “mide la profesionalidad y el rendimiento del personal funcionario”.
El vicepresidente de CSIF, Francisco Iglesias, incide en esta misma argumentación: “Cuando el PP plantea la evaluación del desempeño no inventa nada nuevo. Lo que sucede que no está regulado porque para primar el desempeño hace falta dinero y nunca han querido sentarse con los sindicatos para hacer una norma específica”, explica.
En base a la “libertad de elección”
Como apunta Iglesias, los representantes de los funcionarios se muestran “hartos de que se aparte a grandes profesionales para primar a los amigos del político de turno y hartos de ver cómo se reparten cantidades importantes de dineros a directivos elegidos a dedo”.
Casado ligaba su propuesta de premiar a los funcionarios “que son más demandados” a la “libertad de elección” de médico o de centro escolar que defiende su partido, que ha aplicado en algunas autonomías como la Comunidad de Madrid y que pretende trasladar al conjunto del Estado. Lo que plantea es, por tanto, que los médicos o profesores que más soliciten los ciudadanos cobren más que el resto.
En opinión de Maribel Loranca, secretaria de Educación de UGT, esta propuesta “se contextualiza en el ámbito de campañas electorales”. “El tema de la evaluación en el caso de la docencia es recurrente y no es ninguna novedad”, advierte. No obstante, “esto debe encardinarse en una negociación del estatuto de la función docente en la que se contemplen muchísimos aspectos y en ese debate amplio que debe ser negociado con los sindicatos, habrá que ver de qué evaluación hablamos, para qué, y si debe estar ligado a incentivos económicos”.
“Si el PP forma gobierno y aboga por cambiar el sistema de ingreso -Casado ha planteado ”modernizar“ las oposiciones- estaremos con nuestras propuestas porque sí consideramos que el actual sistema está absolutamente obsoleto”.
Frente al “servilismo”
En lo que coinciden los tres sindicatos consultados en que esos sistemas de evaluación de funcionarios deben estar alejados de la acción política. “Cuando se negoció el Estatuto y se incluyó la evaluación fue porque había fracasado la mal llamada productividad, en tanto en cuanto se estaba llevando a cabo de manera subjetiva. Por tanto, si se establece ahora un nuevo sistema debe ser participado, de forma que sea un incentivo para el personal funcionario y desde la negociación se deberán establecer cuáles tienen que ser los parámetros”, apunta Miriam Pinillos, de CCOO.
“La evaluación debe ser real con unos criterios objetivables, cuantificables y que no dependan del arbitrio del político de turno. Defendemos que a todos los puestos públicos incluso a los de directores generales se acceda por méritos y en base a unos parámetros claros que no dependan de informes y de puntos subjetivos de los dirigentes políticos”, añade Francisco Iglesias (CSIF).
“El sistema actual que mide la productividad se ha convertido en un pago de favores y bufandas de directivos y de gente que le hace la ola a los políticos. Frente al servilismo, exigimos que se premie a los mejores trabajadores a aquellos que cumplen su trabajo con eficacia”, concluye.