Hasta las elecciones catalanas del pasado día 14, la dirección del Partido Popular temía que un acuerdo con el Gobierno para renovar instituciones en situación de interinidad desde hace más de dos años, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el consejo de administración de RTVE, fuese utilizado durante la campaña por Vox –el partido gracias al cual gobiernan en comunidades y ayuntamientos, pero con el que pelean por el mismo electorado– para acusar con fines electoralistas al PP de pactar con un Ejecutivo que las derechas siempre han considerado ilegítimo y al que llaman despectivamente “socialcomunista”.
Para evitar esa lectura de la extrema derecha y la utilización política de un posible acuerdo con Pedro Sánchez en campaña, el líder del PP, Pablo Casado, dio la orden de frenar esas conversaciones con el Gobierno que, por parte de los populares, habían estado encabezadas hasta entonces por el secretario de Justicia del partido y consejero madrileño, Enrique López. El interlocutor de López, el ministro Juan Carlos Campo, lleva meses diciendo que el acuerdo entre ambos es total y que todo estaba a la espera de que el líder del PP decidiese oficializar el pacto.
Pero la estrategia de Casado no sirvió para frenar los pies a la ultraderecha. En los comicios catalanes, los populares, que se enfrentaron a una campaña imposible –por la amenaza de Vox, reflejada en las encuestas, a lo que se sumó la confesión de Luis Bárcenas y el inicio del juicio de la caja B del partido–, lograron el peor resultado de su historia, quedándose con solo 3 de los 135 escaños del Parlament –uno menos que en 2017–, no consiguieron rentabilizar el hundimiento de Ciudadanos –que cayó de ser la primera fuerza a la séptima, pasando de 36 a 6 diputados– y, por primera vez en unas elecciones, fueron superados por Vox, que les triplicó en escaños –logró ser la cuarta fuerza, con 11 representantes–.
Más débil que nunca por esa enésima debacle en las urnas –el PP se ha hundido elección tras elección, desde que está presidido por Casado– y, forzado por el descontento interno con su gestión, que volvió a reaparecer tras las catalanas, el líder de la oposición se quedó sin coartadas para mantener el bloqueo al que ha sometido su partido desde 2018 a la renovación de órganos constitucionales como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo. Sin elecciones a la vista –las andaluzas deberían celebrarse en diciembre de 2022 si no hay adelanto–, los populares volvieron oficialmente a la mesa de negociación la semana pasada, después de que el miércoles Sánchez telefoneara a Casado para abordar las citadas renovaciones. El acuerdo, según ambas partes, es ya inminente.
García Egea: “El pirómano no puede elegir al bombero”
Tras meses de reproches cruzados por el bloqueo, este lunes el secretario general del PP, Teodoro García Egea, cambiaba el tono y aventuraba un pacto ya avanzado. A su juicio, el Gobierno y el principal partido de la oposición están ahora en “el camino adecuado para renovar las instituciones y fortalecer su independencia”. Así lo aseguró durante una entrevista en la cadena COPE en la que trató de remarcar que el Gobierno había “aceptado” una de las condiciones impuestas por Casado para poder lograr un pacto: que la parte de Unidas Podemos no participara en la negociación. “En esta renovación de los órganos judiciales Podemos no va a tener nada que ver”, presumia el 'número dos' del PP este lunes, sin escatimar en descalificaciones hacia el grupo confederal: “El pirómano no puede elegir al bombero”.
En realidad, esa condición impuesta por el líder de los populares ya venía cumpliéndose desde hacía meses. Las conversaciones para las renovaciones del Poder Judicial o RTVE las llevaron siempre directa y exclusivamente el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por parte del PSOE, y el secretario de Justicia del PP, Enrique López, por la de los populares. Más recientemente, el contacto también ha sido entre el propio García Egea y el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños. Nunca intervino ningún dirigente de Unidas Podemos, como dice ahora haber conseguido el PP. Además, los populares nunca dijeron que no fueran a aceptar que en esas renovaciones hubiera personas escogidas por el grupo confederal. Solo pedían, con un lenguaje ambiguo, que los de Pablo Iglesias no estuvieran “en la ecuación”.
“Lo cierto es que las relaciones por parte del Gobierno con el PP para la renovación del CGPJ siempre han sido bien con el ministro de Justicia o bien con el secretario general de Presidencia para otros detalles, pero siempre de Gobierno”, explicaba en esa línea también este lunes el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. “Esta relación no la hemos tenido entre partidos. Siempre se ha planteado como Gobierno y el Gobierno ya sabemos quiénes lo conforman”, añadía, dejando claro que la negociación es conocida por las dos partes del Ejecutivo, la del PSOE y la de Unidas Podemos, aunque corresponda a un área socialista la interlocución, informa Irene Castro.
Tras estas palabras de Ábalos recalcando que Unidas Podemos también es parte del Gobierno, y que es todo el Ejecutivo en su conjunto el que negocia con el PP, ningún dirigente popular salió a desmentirle ni dio por rotas las conversaciones. Fuentes de la dirección popular insisten en los avances de las negociaciones y aseguran que es el PSOE quien desbloquea la situación por haber aceptado sus condiciones, que también pasan por “avanzar en la despolitización” del Poder Judicial o de RTVE.
La intención de Moncloa es que el acuerdo vea la luz en las próximas horas ya que incluye la renovación del Consejo de Administración de RTVE. El plazo para la primera votación —en la que se tienen que avalar los nombramientos por tres quintos— comienza este martes. No obstante, Ábalos no quiso este lunes anticipar si el pacto será inminente. “No sé cuándo se puede concluir pero sí que es necesario hacerlo cuanto antes”, expresó el dirigente socialista en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva del PSOE.
La tormenta interna de Casado
Fuentes del PP aseguran, además, haber logrado el compromiso de los socialistas para desechar para siempre la propuesta registrada en septiembre por PSOE y Unidas Podemos para reducir la mayoría necesaria para renovar el CGPJ –presentada para presionar al PP para que se sentara a negociar sobre dicha renovación–, que ahora requiere de tres quintos de los votos de la Cámara Baja y que los socios del Gobierno planteaban que se redujera a la mayoría absoluta. En octubre, y ante el supuesto giro al centro que Casado quiso escenificar rompiendo con Vox durante la fallida moción de censura de la extrema derecha, Sánchez anunció que frenaba la tramitación de esta última proposición para facilitar el pacto.
Finalmente el acuerdo llegará una vez pasadas las elecciones catalanas y tras la tormenta interna generada en el PP por su debacle en Catalunya, que ha vuelto a poner en cuestión el liderazgo de Casado. El pasado martes, durante el Comité Ejecutivo Nacional, el líder popular anunció por sorpresa una suerte de refundación del partido que incluye el abandono de la histórica sede de la calle Génova de Madrid con el objetivo, dijo, de “romper” con el “pasado” reciente de su partido, marcado por la corrupción.
En realidad, la situación económica del partido es grave por las sucesivas derrotas electorales. Según sus últimas cuentas, correspondientes a 2019, el PP debe a los bancos 38 millones de euros, una deuda que podría saldar prácticamente en su totalidad si vende el icónico edificio, valorado por el portal idealista en 36 millones de euros. La dirección de Casado ha dicho que se marcha de Génova, pero aún no ha confirmado si lo venderá, lo alquilará o tratará de recalificarlo.
La mudanza, en cualquier caso, no fue bien vista por algunos de los barones con más peso orgánico como el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que ya reclama el liderazgo moral del PP tras la derrota en Catalunya por la fuerza institucional que supone para él ser el único dirigente popular que gobierna con mayoría absoluta –tras reforzarla además el pasado julio– y que se le considere internamente como el líder del sector más moderado del partido. La pasada semana, él criticó abiertamente la marcha de Génova 13, cuyas obras de renovación, realizadas entre 2006 y 2008 –cuando el partido lo presidía Mariano Rajoy–, están siendo investigadas en el juicio de la caja B del PP por haber sido financiadas con dinero negro. “Si cada vez que un partido tiene problemas con algunas personas se tiene que ir del lugar en el que está, es que igual aquí no quedaba ninguna sede”, dijo el jueves.
En ese contexto de debilidad interna es en el que Casado ha tenido que abrirse a negociar con el Gobierno las renovaciones de órganos constitucionales que lleva más de dos años bloqueando. Hasta ahora, el PP había dinamitado todas las aproximaciones con el Gobierno para renovar el máximo órgano de los jueces y el resto de las instituciones en situación de interinidad.
Los dos años de bloqueo
En noviembre de 2018, la negociación saltó por los aires tras filtrarse un mensaje de WhatsApp en el que el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, aseguraba en un grupo en el que estaban todos los senadores del partido que con el nombramiento del juez Manuel Marchena –que era el nombre pactado con el Gobierno para presidir el nuevo CGPJ– se controlaría “por detrás” la Sala Segunda del Supremo. Finalmente, Marchena renunció y presidió el tribunal que juzgó el procés. El fracaso de las negociaciones también se evidenció el pasado 2 de septiembre, durante la reunión que mantuvieron Sánchez y Casado en el Palacio de la Moncloa, en la que el líder del PP rompió los avances que se habían logrado entre ambas partes durante sus conversaciones en los meses de verano, al negarse a entrar en una negociación en la que participase el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, algo que nunca sucedió.
La justificación del presidente del PP fue entonces que la posición de Unidas Podemos en contra de la monarquía y la imputación del partido en un procedimiento judicial a raíz de una denuncia de un extrabajador imposibilitaba sentarse a hablar con esa parte del Gobierno. Más recientemente, el argumento esgrimido por Casado para justificar su bloqueo a la renovación del CGPJ fue el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado.
Oficialmente, el PP siempre ha tratado de justificar su negativa al acuerdo defendiendo que su objetivo es “despolitizar” el Poder Judicial, a pesar de que gracias a su bloqueo de más de dos años se mantiene una mayoría conservadora en el CGPJ que ha realizado hasta 68 nombramientos discrecionales con el mandato caducado. Los últimos, el pasado enero. Esa composición se configuró en 2013, cuando los populares gobernaban con mayoría absoluta. La contundente superioridad de escaños del PP de Mariano Rajoy se reflejó entonces en el máximo órgano de gobierno de los jueces, tras un proceso de negociación con el PSOE.
Para el próximo jueves estaba prevista la votación sobre otras ocho plazas, pero el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, decidió este lunes paralizar los nombramientos. Aunque no hubo una comunicación oficial, este movimiento se interpreta por los vocales consultados por elDiario.es como una respuesta ante la posibilidad de que cristalicen por fin en un acuerdo las negociaciones entre el Gobierno y el PP, informa Elena Herrera.
Fuentes de la institución confirman que también ha influido la división interna entre los vocales sobre la oportunidad de hacer nuevas designaciones. Los últimos nombramientos han salido adelante con mayorías muy amplias, algo que no iba a ocurrir en esta ocasión. De hecho, después de que Lesmes tomara esa decisión, ocho vocales del CGPJ han presentado un escrito en el que se oponen a esa medida y piden los nombramientos sigan hasta que haya un “acuerdo serio” para la renovación del órgano.
Desde la restauración de la democracia, los tres bloqueos del PP en la renovación del CGPJ han servido para que la derecha decidiera la mayoría de los nombramientos de jueces en el Supremo. Gracias a ese lento proceso en el que participaron en su día José María Aznar y Mariano Rajoy, y que hasta ahora ha protagonizado el propio Casado, se ha dado la situación de que la Sala de lo Penal pasara de estar formada por siete jueces progresistas y seis conservadores, en 1995, a que en el arranque de este 2021 sean 11 conservadores frente a dos progresistas.