La tercera ola de la pandemia no ha movido un ápice la estrategia del presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Prácticamente desde el inicio de la emergencia sanitaria, y a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países en los que Gobierno y oposición han ido de la mano en la lucha contra el virus, Casado ha acusado al Ejecutivo de ir en contra de las libertades por limitar los movimientos para intentar frenar la expansión del virus, de “mentir” con las cifras de contagios o de “ocultar” los fallecidos reales.
Esta última acusación se basa en las discrepancias que existen entre los fallecidos a los que se les realizó una prueba que confirmó que estaban infectados por la COVID-19, que según el Ministerio de Sanidad son ya más de 50.000, y el exceso de mortalidad reflejado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) durante la pandemia, que a lo largo de 2020 fue de 68.000 fallecidos de más respecto a los mismos meses del año anterior. En esos últimos diez meses, Casado ha obviado en todo momento que ambas cifras provienen de instituciones que dependen del Gobierno, una realidad que sigue ocultando ahora, cuando la incidencia del virus vuelve a presentar cifras al alza y los expertos empiezan a hablar de esa tercera ola.
“El INE indica que 83.000 españoles más murieron durante la pandemia en 2020. Es terrible que el Gobierno niegue a la mitad de fallecidos. No se combate el Covid engañando a la sociedad, sino liderando una estrategia nacional eficaz y garantizando una rápida vacunación”, escribía el líder del PP este jueves en su perfil personal de Twitter. Minutos después, en un acto de la precampaña catalana, en Girona, Casado aseguraba que el país no puede “aguantar tantos muertos todos los días”.
Durante su discurso, en el que por cuarto día consecutivo no admitió preguntas de la prensa, Casado arremetió contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su actitud durante la pandemia. Esta es otra de las estrategias que ha mantenido el líder del PP durante toda la emergencia sanitaria: consiste en equiparar el Ejecutivo con una suerte de dictadura por las medidas adoptadas para intentar frenar al virus y, a la vez, exigirle más restricciones.
Este jueves, Casado insistía en que Sánchez “no ha tenido un punto intermedio” para hacer frente a la pandemia, al haber pasado de “asumir todas las responsabilidades como elefante en una cacharrería” a “no hacer absolutamente nada” y “abandonar a su suerte las comunidades autónomas”, esas cuya independencia y gestión reivindica el líder del PP cuando están gobernadas por su partido, poniendo en valor además que durante toda la emergencia sanitaria las administraciones autonómicas han mantenido plenas competencias en Sanidad.
Discrepancias sobre la vacunación
En ese doble discurso, el mismo Casado que el miércoles alabó la “gestión” de Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid durante la pandemia a pesar de que la región está a la cola en el porcentaje de vacunas suministradas a la población –solo ha puesto el 25,2% de las que le han sido repartidas, y eso que hace dos semanas la presidenta regional denunció la “discriminación” del Gobierno por proveerle un número de vacunas que ella consideró insuficiente–, el jueves exigía al Gobierno de Pedro Sánchez “eficacia y rapidez” en el plan de vacunación.
“Tiene que haber un marco de actuación nacional, dejando un margen de actuación a las administraciones autonómicas y municipales, dependiendo de la incidencia que tiene cada una, pero no se puede abandonar a su suerte a estas administraciones”, señalaba Casado en Girona, donde visitó la Cámara de Comercio de la ciudad junto al candidato del PP a presidir la Generalitat, Alejandro Fernández, que aspira a lograr en las elecciones autonómicas previstas de momento para el 14 de febrero –y sobre cuyo retraso, planteado por todos los demás partidos, menos el PSC, el PP no ha querido posicionarse– más votos y escaños que Ciudadanos, que en estos momentos es la fuerza más votada de Catalunya, pero a la que las encuestas vaticinan un hundimiento en las urnas.
Los argumentarios internos que este mismo jueves la dirección del PP envió a todos sus dirigentes para que los repitan en sus intervenciones públicas mantienen esa misma línea de criticar al Gobierno por tener el mando único y, a la vez, acusarle de no dejar margen a las comunidades autónomas. “El estado de alarma de seis meses, que tanto empeño puso Sánchez para aprobar evitando el control parlamentario, está para hacer algo. Debe coordinar una respuesta conjunta de todas las administraciones para que sean eficaces”, señaló el equipo de Casado en esas consignas remitidas a todos los cargos del partido, a las que tuvo acceso elDiario.es.
El año pasado, el PP se negó a respaldar cuatro prórrogas del estado de alarma, incluida la última, solicitada por el Gobierno en octubre y por un periodo de seis meses. Casado alegó un supuesto autoritarismo del Gobierno, habló de “deriva dictatorial” y, parafraseando al exmagistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón, llegó a asegurar en el Congreso que el Ejecutivo buscaba instaurar una “dictadura constitucional”. Más recientemente, Casado se equiparó a los líderes opositores de países como Venezuela o Cuba. “Tenemos que defender la libertad como el bien más preciado que tiene el ser humano y por el que bien merece arriesgar la vida. Eso es lo que han hecho los valientes opositores cubanos y venezolanos, eso es lo que haremos la oposición en España”, dijo a principios de diciembre.
El fracaso del “plan B”
Toda esa supuesta merma de libertades encontraba explicación en el PP en la declaración del estado de alarma, similar al que rigió en otros países europeos. Casado siempre dijo tener un plan jurídico para combatir el virus sin medidas de excepción. Pero cuando ese “plan B” –así lo bautizaron los populares– llegó al Congreso no recibió un solo voto que no fuera del PP y fue durísimamente criticado incluso por Vox y Ciudadanos, sus socios en autonomías y ayuntamientos. De aquella estrategia alternativa al estado de alarma que los populares calificaban de dictatorial nunca más se supo.
Ahora, la dirección del PP insiste pese a ello en denunciar los supuestos “ataques” perpetrados desde Moncloa contra el rey, la Constitución o el Poder Judicial, que los propios populares mantienen bloqueado desde hace más de dos años, y donde se mantiene la mayoría conservadora pactada por PP y PSOE en 2013, cuando Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta. Ante la iniciativa presentada por PSOE y Unidas Podemos para limitar la capacidad de actuación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando está en funciones –que es como lleva desde diciembre de 2018 porque el PP se niega a pactar su renovación–, y que el miércoles la Mesa del Congreso aceptó tramitar por la vía de urgencia, Casado acusa al Gobierno de buscar “recortar la independencia del Poder Judicial” y de hacer “lo que sea” para “controlarlo”.