El líder del PP, Pablo Casado, llega a la Junta Directiva Nacional –máximo órgano entre congresos– de este lunes procurando un difícil equilibrio entre las dos corrientes internas del partido, el ala moderada heredada de la época de Mariano Rajoy, y la facción más radical, un grupo de elegidos que ha acumulado mucho poder a su sombra tras la victoria en las primarias. El objetivo es tratar de consolidarse como el verdadero líder de la oposición que frene la disgregación de la derecha, que no se ha frenado dos meses después de llegar al cargo.
Su misión es tratar de agrupar en el PP a todo ese electorado partido en tres –PP, Vox y Ciudadanos– y lograrlo en esta recién estrenada legislatura. Lo que su padrino político, el expresidente del Gobierno José María Aznar, llamó la “reconstrucción del centro derecha español” que le permitió gobernar durante ocho años en España, entre 1996 y 2004, los últimos cuatro con mayoría absoluta.
En las últimas semanas, Casado explota el perfil más centrista de la expresidenta del Congreso, Ana Pastor, médico de profesión y exministra de Sanidad, situándola como el principal rostro visible del partido en la gestión de la crisis del coronavirus. Pero a la vez alienta la estrategia de la crispación contra el Gobierno y avala el discurso incendiario de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, pese al descontento interno que ésta genera por la escalada de exabruptos e insultos al Ejecutivo en plena pandemia.
Pastor fue la elegida por Casado para ejercer de portavoz del PP en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso que tiene como objetivo buscar pactos de Estado entre todos los partidos, y la pasada semana la actual vicepresidenta segunda de la Cámara Baja actuaba también como la representante del grupo de expertos o 'Gobierno en la sombra' creado por el líder de los populares para contrarrestar la gestión de la crisis del Ejecutivo progresista.
De ese núcleo ha quedado fuera Álvarez de Toledo, que sin embargo sigue como portavoz parlamentaria pese a encarnar el ala más dura del partido. La última semana de mayo incendió el hemiciclo y tras sus clásicos desaires al Gobierno aseguró que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, “es el hijo de un terrorista” –una idea que ha repetido esta semana en otras dos ocasiones, a pesar de que en el Pleno del 27 de mayo dijo que solo lo diría “por primera y última vez”. Mientras tanto, Casado encargaba la rueda de prensa del pasado lunes a Pastor, exministra del Gobierno de Mariano Rajoy y representante de la cara más moderada del partido.
Pastor, creadora del centro que preside Fernando Simón
Pastor está encontrando algunos problemas de encaje en el papel de portavoz de la oposición sin tregua que receta Casado. Por su propio talante y por algunos episodios de su pasado. Fue ella quien en 2004, cuando era ministra de Sanidad, creó el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que desde 2012 –también cuando gobernaba el PP, con Ana Mato al frente de Sanidad– preside Fernando Simón. Tanto el CCAES como Simón se han convertido en diana de los ataques del PP que cuestiona permanentemente el trabajo de los “supuestos expertos del Gobierno” en la gestión de la crisis.
Pastor, que en 2018, cuando presidía la Cámara Baja, insistía en que el Parlamento “es la casa de la palabra, pero no se puede utilizar para insultar”, a raíz del cruce de reproches que se dedicaron entonces ERC y PP –con acusaciones de “golpista” o “fascista”–, fue el pasado lunes la encargada de defender a Álvarez de Toledo después de que esta llamara a Iglesias “hijo de un terrorista” o acusara al Ejecutivo de “dar un golpe de Estado a la democracia”.
“Siempre que todos mis compañeros hablen de hechos constatados, estaré siempre del lado de los hechos constatados y estamos todos con esta portavoz nuestra que es Cayetana Álvarez de Toledo”, afirmaba Pastor en rueda de prensa sin mojarse mucho más y evitando ratificar semejantes acusaciones.
La hoy vicepresidenta segunda del Congreso también ha tenido que sumarse a la tesis defendida por su partido de que el Gobierno llamó a las manifestaciones del 8M –a las que también acudieron miembros del PP– a sabiendas de que durante las marchas podían multiplicarse los contagios por coronavirus.
“Sabíamos que el Gobierno había llegado tarde pero ahora sabemos que lo sabían y no pusieron medidas por motivos políticos”, señalaba Pastor el pasado lunes, haciendo alusión a unas palabras pronunciadas por la ministra de Igualdad, Irene Montero, el pasado 9 de marzo, durante una conversación privada con una periodista fuera de cámara –revelada por ABC–, en la que no aseguró lo que le atribuye al PP, sino que dijo que la bajada de asistencia a las marchas del 8M de este año podía deberse al virus, algo que ya entonces habían sostenido los colectivos feministas.
El PP montó toda una campaña contra el Gobierno a raíz de esas palabras de la ministra de Igualdad, a pesar de que éstas, pronunciadas en un contexto privado, justo antes de una entrevista, defienden una tesis –la de que en el 8M hubo menos gente por el miedo al coronavirus– que también hicieron suya los colectivos feministas el mismo día de las marchas. Las reflexiones de Montero se enmarcan, además, en el término periodístico off the record con el que se suele hacer referencia a las palabras que pronuncian los políticos en un contexto público o privado, pero que en ningún caso se pueden utilizar en informaciones periodísticas.
“Si no soy portadora del virus, estaré”
Además, la propia Pastor también reconoció que existía ese temor al coronavirus el 6 de marzo, dos días antes de las marchas del 8M, cuando dijo que ella también asistiría a las movilizaciones feministas siempre que se encontrara sana: “Si no soy portadora de coronavirus, estaré”, dijo. Finalmente la expresidenta del Congreso no acudió a las manifestaciones en las que sí estuvieron algunas de sus compañeras de filas, a las que no pidió que se ausentaran de las marchas, y apenas unos días después del 8M reconoció que había dado positivo en las pruebas de la COVID-19.
Álvarez de Toledo no solo no acudió a la marcha –ella tiene un discurso frontal contra el feminismo–, sino que volvió a utilizar el 8M como munición contra el Gobierno y para recrudecer su discurso incendiario, en ocasiones más próximo a la extrema derecha de Vox. El jueves, durante la presentación del nuevo libro de Daniel Lacalle, economista ultraliberal y gurú económico de Casado, la portavoz del PP en el Congreso aseguraba que “el pecado original de la pandemia” del coronavirus “es la obsesión ideológica por el feminismo” del Ejecutivo.
“Había advertencias y se desoyeron de manera sistemática por una obsesión ideológica. Fueron sacrificados por el altar del feminismo. Esa manifestación se tenía que celebrar pasara lo que pasara”, apuntaba Álvarez de Toledo, quien insistía en que el Ejecutivo “era plenamente consciente del riesgo de esa manifestación y alentaron y animaron a cientos de miles de mujeres y hombres a acudir. Ese es el pecado capital. El pecado original de esta pandemia es la obsesión ideológica por el feminismo”, zanjaba.
Apenas una semana después de sus palabras sobre el padre de Iglesias, Álvarez de Toledo criticaba también la “fértil imaginación guerracivilista” del Ejecutivo progresista y consideraba que “Podemos una vez en el poder no va a soltar el poder”. “El estado de alarma es el líquido amniótico en el que proliferan. Les gusta el estado de alarma y la alarma de estado. Les gusta el acoso a la oposición, a los jueces, a la Guardia Civil”, recalcaba.
La “nauseabunda operación de camuflaje” del Ejecutivo
Álvarez de Toledo trataba de argumentar, además, que el Gobierno pretende vincular a la derecha con un golpe de Estado, una idea que, a su juicio, surgió cuando el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, acusó a Vox de anhelar un pronunciamiento. La portavoz popular cree que la tesis la han asumido la ministra de Igualdad, Irene Montero, el ministro de Consumo, Alberto Garzón y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quien este mismo miércoles se afanó en preguntar al líder del PP, Pablo Casado, “qué anda tramando” su formación.
“Que la oposición está tramando un golpe de Estado, nada menos, es el nuevo mantra, el nuevo eslógan”, apuntaba Álvarez de Toledo. “Están a un paso de llamar golpista a Margarita Robles”, ironizaba, en referencia a la ministra de Defensa, quien el pasado fin de semana negó la existencia de un riesgo de golpe de Estado. Para la diputada del PP por Barcelona todo ello responde a una “nausabunda operación de camuflaje” para deslegitimar a la oposición y tratar de tapar la “devastadora” gestión del coronavirus.
Todas estas declaraciones se producían después de que Álvarez de Toledo se considerara respaldada por Casado para seguir manteniendo su particular estrategia de la crispación. “Me siento respaldada por la dirección de mi partido”, dijo el pasado martes.
“Desde antes de ser nombrada portavoz fui objeto de comentarios sobre mi persona o aptitudes para el cargo. No me interesaron nada entonces, no influyeron en mi nombramiento como portavoz. No me interesan ahora. No creo que influyan en mi cese como portavoz”, añadió, ante la proliferación de voces internas que, como el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo –que siempre fue reacio al nombramiento de Álvarez de Toledo y que pidió a su partido huir de los “espectáculos parlamentarios”–, muestran su malestar con la política de la descalificación que practica su portavoz parlamentaria.
Casado recupera a ETA y Venezuela contra el Gobierno
El propio Casado volvía a sumarse el pasado miércoles al discurso incendiario, dando así carta blanca a la estrategia que practica su portavoz en el Congreso. Durante el debate de la última prórroga del estado de alarma en la Cámara Baja –en el que el PP votó 'no' por segunda vez, igual que Vox– el presidente de los populares ignoraba las llamadas para serenar el clima político y –avalado por las encuestas que le auguran un mínimo crecimiento–, agravaba sus ataques y descalificaciones contra el Gobierno, al que responsabiliza en exclusiva de los muertos por coronavirus y acusa de “mentir y perjudicar a España”.
Durante el Pleno, Casado dedicaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una retahíla de insultos. Al jefe del Ejecutivo le acusó de “arrogancia”, “mentira”, “sectarismo” o “populismo” y le llamó “pirómano” o “pato cojo con el peor balance de gestión de la democracia”. Casado recuperaba, además, dos de los mantras de la derecha contra la izquierda: ETA y Venezuela. A Sánchez le acusaba de “malversar las instituciones del estado en beneficio propio”, de “politizar la Fiscalía General imponiendo a una comisaria política reprobada por no denunciar una trama de extorsión policial”, de “blanquear la dictadura de Maduro” o de “ceder a las exigencias de los proetarras”.