Aunque prácticamente desde que se declaró la emergencia sanitaria en España el presidente del principal partido de la oposición, Pablo Casado, ha responsabilizado en exclusiva al Gobierno de los muertos por la pandemia, le ha acusado de “mentir y perjudicar” al país y ha equiparado su gestión con la de una dictadura, el líder del PP trata ahora de presentarse como un dirigente proclive al pacto y al acuerdo con la coalición de PSOE y Unidas Podemos que encabeza Pedro Sánchez.
En sus últimas comparecencias públicas, Casado ha asegurado “tender la mano” al Ejecutivo. Pero, al mismo tiempo, el máximo jefe de los populares ha puesto en marcha una operación para torpedear desde las instituciones europeas los planes económicos del Gobierno, pidiendo poner condiciones a los fondos que la Unión Europea destine a España para paliar las consecuencias de la pandemia. Además, está ultimando una nueva ofensiva, que pretende iniciar la próxima semana, una vez decaiga el estado de alarma, para exigir a la coalición de PSOE y Unidas Podemos dimisiones por su “nefasta” y “fracasada” gestión de la crisis sanitaria.
A todo ello se une el reciente intento del líder del PP de responsabilizar a Sánchez del clima de crispación que vive la política española, un plan que por el momento choca con la actitud mantenida en los últimos meses por el propio Casado, que ha hecho de la descalificación su principal estrategia contra el Gobierno, al que llama “arrogante”, “populista” y “sectario”, además de vincularlo con ETA o Venezuela. Y eso que en la Junta Directiva Nacional –máximo órgano entre congresos– de la pasada semana, el líder del PP puso a su partido como ejemplo de “moderación”.
La idea de la dirección del PP es que una vez concluya el estado de alarma, el próximo domingo, se ponga en marcha una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados que dirima “las responsabilidades” del Ejecutivo, con el foco puesto en la principal obsesión del equipo de Casado desde que se declaró la pandemia: las manifestaciones feministas del 8M en las que también participaron dirigentes populares.
Las “responsabilidades” del 8M
Bien sea en la citada comisión –cuya creación parece improbable, dado que la izquierda tiene la mayoría en la Mesa del Congreso que debe decidir si la admite o no– o bien desde otros órganos parlamentarios –como la Comisión para la Reconstrucción–, los populares tratarán de sostener la tesis de que el Gobierno llamó a manifestarse el pasado 8 de marzo a sabiendas de que en las protestas podían producirse contagios por coronavirus.
El PP sigue obviando que los datos de la evolución de la COVID-19 demuestran que su incidencia era mínima y controlada antes del 8M y que fue justo después, sin que la movilización del Día de la Mujer pudiera haber llegado a afectar, cuando se multiplicó: los nuevos casos se incrementaron en un 853% el 9 de marzo respecto al día anterior.
Casado ha decidido ignorar, también, la actitud de los gobiernos autonómicos en manos de los populares, como el madrileño que preside Isabel Díaz Ayuso –una de sus grandes apuestas personales, cuyas políticas pone como ejemplo de lo que haría él si llega a la Moncloa–, que hasta el 8 de marzo restó importancia al virus y llamó a hacer “vida normal” a la ciudadanía.
En base a la nueva teoría de la conspiración del 8M y sosteniendo, por otra parte, que el Ejecutivo “miente” sobre las cifras de fallecidos por el virus, miembros de la dirección de los populares aseguran a este diario que planean empezar a pedir “pronto” dimisiones de miembros del Gobierno e incluso de algunos de los mandos técnicos que han pilotado la estrategia española frente al virus. “Una vez termine la crisis”, apuntan los dirigentes consultados, si bien no especifican si por ese final entienden la llamada “nueva normalidad” que se inicia el lunes, o más adelante.
“En política no se pide perdón, se dimite”
Las declaraciones realizadas este miércoles en el Congreso por distintos líderes del partido apuntan, en todo caso, que esa exigencia de responsabilidades no tardará en llegar. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, recordaba durante el Pleno al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, la frase que según él solía pronunciar el también líder de Unidas Podemos antes de llegar al Ejecutivo y “antes de enchufar a sus amigos por las puertas giratorias o de olvidarse de los que sufren”: “En política no se pide perdón, se dimite”.
Casado, por su parte, mantenía durante la sesión de control al Gobierno el doble juego que caracteriza su discurso en los últimos días. Por un lado, insistía en sus “ofrecimientos” de pactos a Sánchez y, por otro, le espetaba al presidente del Ejecutivo lo siguiente: “Nadie duda en todo el mundo que su gestión ha sido un gran fracaso”.
Tras decirle a Sánchez que “debe la presidencia a Iglesias, quien dijo que había que iniciar un proceso constituyente para abrir el candado del 78”; al líder de ERC, Oriol Junqueras, que “desde la cárcel le vuelve a hacer sentarse en la mesa de autodeterminación” y, “para su vergüenza”, también al máximo jefe de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que “justifica el terrorismo mientras pacta el futuro de los trabajadores”, Casado culpaba al presidente del Gobierno de la crispación.
“La crispación que vende su propaganda no es más que el eco del 'no es no'. La confrontación que nos atribuye lleva la huella de su cordón sanitario. La división que nos imputa es la sombra de su propio gobierno. Los únicos antipatriotas que hay aquí son los socios que le hicieron presidente”, concluía.