A las puertas del mes de agosto, periodo inhábil por excelencia en el plano judicial, en los pasillos del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y de la Audiencia Provincial de Palma -ambos órganos ocupan las mismas dependencias en pleno centro histórico de la capital balear- se respira cierta tensión en el aire. Dos causas discurren paralelas mientras sus protagonistas se mantienen en vilo ante el devenir de su futuro procesal.
De un lado, el caso Cursach, en el que el magnate mallorquín Bartolomé Cursach -quien comenzó su trayectoria como recogepelotas de tenis y acabó capitaneando las mayores discotecas de Baleares, gimnasios, hoteles e incluso una desaparecida aerolínea bautizada con sus siglas-, su mano derecha y otros 22 acusados -en su mayoría policías locales de Palma- se encuentran pendientes del señalamiento del juicio que deberán afrontar, bajo peticiones de condena que suman más de cien años de cárcel, por urdir un presunto entramado mafioso dirigido a salvaguardar los intereses del considerado rey de la noche mallorquina. Del otro, la causa que durante los últimos dos años se ha centrado en destapar las presuntas prácticas ilegales desplegadas durante la instrucción del caso Cursach y en la que se hallan a las puertas del banquillo el juez que investigó la trama, Manuel Penalva, así como cuatro integrantes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional -dos inspectores, un subinspector y un agente.
Desde que cada causa tomara su camino, los avatares no han dejado de sucederse en uno y otro procedimiento judicial en un escenario que muchos califican de insólito, tanto dentro como fuera de las islas. Principalmente en lo que se refiere a las investigaciones en torno a cómo se instruyó el caso Cursach. Mientras el presidente del TSJIB, Carlos Gómez, cerraba las pesquisas el pasado mes de abril convencido de que Penalva y los cuatro policías cometieron los únicos ilícitos de filtrar a la prensa información secreta del caso y no actuar para impedirlo -delitos por los que considera que deben responder ante un tribunal-, la Fiscalía Anticorrupción y una treintena de acusaciones particulares -entre ellas, las ejercidas por el propio empresario del ocio y los demás acusados en el caso Cursach- sostienen que los antiguos investigadores de esta causa deben ser juzgados, junto al exfiscal de la causa Miguel Ángel Subirán por, presuntamente, coaccionar a testigos para que declarasen en sentido incriminatorio contra policías y magnate, efectuar detenciones ilegales y prolongar deliberadamente el ingreso en prisión de varios investigados.
La resolución dictada por Gómez era la segunda que emitía en el mismo sentido y en similares términos: el pasado mes de diciembre ya había puesto fin a sus indagaciones y tumbado las acusaciones más graves que pesaban sobre Penalva, Subirán y los cuatro policías. Sin embargo, la avalancha de recursos interpuestos contra esta decisión le obligaron en marzo a reabrir el procedimiento judicial por orden de la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB. El objetivo pasaba por esclarecer si aleccionaron a testigos protegidos con el objetivo de reforzar sus tesis y allanar futuras condenas. Apenas un mes después, en abril, el veterano magistrado del máximo órgano judicial de Baleares volvía a cerrar las investigaciones, convencido de que tales coacciones nunca se produjeron, y, además, las archivaba de forma provisional para el exfiscal Subirán después de que un informe forense determinase que no se encuentra en condiciones de defenderse con garantías debido a una incapacidad médica.
Ahora, la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB se encuentra pendiente de resolver la nueva cascada de impugnaciones efectuadas por Anticorrupción -encabezada por los fiscales de Madrid Tomás Herranz y Fernando Bermejo- y del resto de acusaciones contra el proceder de Gómez. Reclaman que Subirán sea juzgado al no apreciar indicios de ningún supuesto de incapacidad sobrevenida con el que el magistrado justifica su exoneración e insisten en ampliar el abanico de delitos por los que Penalva, el exfiscal y los integrantes de Blanqueo deben ir al banquillo. Hasta el momento, juristas y policías han defendido tajantes su trabajo y niegan la existencia de indicios “verdaderamente sólidos” contra ellos. Acusan, incluso, a los fiscales de Madrid de sostener “tesis delirantes” en su contra y fundamentar sus acusaciones en testimonios “inveraces e interesados”.
Una nueva circunstancia se añade, además, a la ristra de vicisitudes que arrastra el caso: la jubilación de Penalva, recientemente declarada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Con 54 años y una dilatada trayectoria a sus espaldas, el ya exjuez -quien se encontraba de baja y apartado del caso Cursach desde marzo de 2018 por falta de apariencia de imparcialidad- abandona la judicatura, lo que, sumado a la jubilación anticipada del exfiscal Subirán en junio de 2020 -en su caso con 59 años-, deja las investigaciones sin aforados y con la incertidumbre planeando sobre el órgano que deberá asumir lo que reste de las pesquisas.
Si bien es la sala de apelaciones del TSJIB la que deberá resolver en breve los recursos interpuestos por las acusaciones contra lo que consideran un cierre “en falso” de la causa contra Penalva y Subirán, fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es aseveran que será esta próxima resolución la que marque el camino a seguir, apelando, en todo caso, a que se respete en todo momento el derecho a la tutela judicial efectiva. Frente a un panorama al que reconocidos juristas aseguran no haberse enfrentado antes, señalan que cualquier otro procedimiento judicial regresaría a un juzgado de instrucción para acometer los últimos coletazos como la apertura de juicio oral o la realización de diligencias complementarias.
Abstención en bloque
Mientras se dirime por qué hechos deben ir finalmente a juicio Penalva y los miembros de Blanqueo y si Subirán debe ser encausado de nuevo, el empresario Cursach, su número dos, Bartolomé Sbert, y otros 22 acusados aguardan su enjuiciamiento, aún sin fecha. Al igual que las pesquisas impulsadas contra quienes les investigaron, no son pocas las circunstancias inusuales que acumula el caso Cursach. Entre ellas, una inédita tanto en Baleares como a nivel nacional: la abstención en bloque -y sin éxito- de los seis magistrados que integran la sala que debe juzgar la causa.
En el informe que elaboraron para apartarse del caso, los seis jueces alegaban haber tomado parte en numerosas ocasiones del “galimatías de instrucción” que supusieron las investigaciones del caso Cursach. Aseguraban haber resulto hasta un total de 158 recursos procedentes de esta causa. Y advertían de que su intervención ponía en peligro su imparcialidad a la hora de juzgar el procedimiento. Sin embargo, la petición, cursada en septiembre del pasado año, fue rechazada por el entonces presidente de la Audiencia Provincial, Diego Gómez Reino. El asunto llegó, incluso, hasta el CGPJ, que inadmitió el recurso de alzada planteado por los de las magistradas al tratarse de una cuestión ajena a las competencias del máximo órgano de los jueces.
Aunque a lo largo de estos años algunas acusaciones que pesaban sobre Cursach han ido decayendo -se vio investigado por un rosario de delitos que incluían, entre otros, extorsiones, amenazas, detenciones ilegales, corrupción de menores, narcotráfico e incluso un homicidio, delitos que acabaron costándole su detención y su ingreso en prisión provisional sin fianza el 3 de marzo de 2017-, el magnate afronta una petición de ocho años y medio de prisión por presuntos ilícitos de pertenencia a grupo criminal, prevaricación administrativa, coacciones y cohecho activo. Anticorrupción, a través de un escrito de acusación firmado por Subirán y su excompañero Juan Carrau, les acusa de integrar una presunta trama de extorsiones y tratos de favor y reclama para todos ellos condenas que suman más de cien años de cárcel. Mientras tanto, los procesados apelan a la nulidad de la causa a tenor de lo investigado en torno a quienes pusieron el foco sobre ellos.
Otros juicios pendientes
El caso Cursach alcanzó tal magnitud (con más de cien tomos, 45.000 folios y 101 investigados) que el juez Penalva optó por dividirlo en una quincena de piezas separadas, la mayor parte de ellas ya archivadas. Una de las que se mantienen vivas es el procedimiento judicial por el que el empresario mallorquín prevé ir a juicio. No es la única. La considerada matriz del caso, que se inició en 2014 y dio pie a un centenar de imputaciones y al ingreso en prisión de unos cuarenta investigados, también será objeto de enjuiciamiento. De todos ellos, seis procesados (con dos mandos policiales de Calvià y Marratxí, José Antonio Navarro y Antonio Ledesma, respectivamente, a la cabeza) se sentarán finalmente en el banquillo de los acusados.
Asimismo, otra de las causas que prevén ser enjuiciadas es la relativa al presunto amaño de las oposiciones a oficial de la Policía Local que tuvieron lugar en 2012, unos hechos con los que, según Subirán, se pretendía urdir una supuesta estructura criminal dirigida a instrumentalizar las distintas unidades policiales. De los 36 policías de Palma inicialmente acusados por el exfiscal, son siete los que irán a juicio. Se trata del exintendente jefe de la Policía Local de Palma Antoni Vera, el exdirector general de Seguridad Ciudadana Enrique Calvo, un excomisario jefe y cuatro agentes. Un último procedimiento judicial que se mantiene en pie es el relacionado con la supuesta red de tratos de favor que otro empresario mallorquín, Miquel Pascual Bibiloni, y varios agentes habrían urdido en la Playa de Palma y que se convirtió en el foco de una de las primeras investigaciones sobre corrupción policial en la capital balear.