Los tres magistrados que han juzgado la primera época del caso Gürtel mantienen fuertes discrepancias para acordar el contenido de la sentencia. Las diferencias de Ángel Hurtado, presidente del Tribunal, con los otros dos jueces que lo componen, Julio de Diego y José Ricardo de Prada, han llevado al primero a ordenar que cada uno redacte por su cuenta la parte de la sentencia en la que no se ponen de acuerdo.
Los tres jueces ya han discrepado en varias ocasiones durante el juicio, y ahora esos desacuerdos se han trasladado a la sentencia, en la que llevan trabajando desde que acabó el juicio a mediados de noviembre. Así, Hurtado, que es el ponente de la sentencia, cede la redacción de una parte a sus dos compañeros, para que los dos escriban esa parte y luego ponerla en común.
El propio Hurtado así lo ha reflejado en un escrito, en el que alude a las “discrepancias habidas sobre algunos puntos sometidos a debate” con los otros dos magistrados.
Si no llegan a un acuerdo, el redactado final de la sentencia será el que apoyen dos de los tres jueces, y el que quede en minoría tendrá la oportunidad de emitir un voto particular, en el que exprese esas discrepancias.
Hurtado ha tomado esta decisión al ver que no llegaba a un acuerdo con sus compañeros del tribunal, con los que ha discrepado en otras ocasiones. Por ejemplo, se opuso a la citación como testigo de Mariano Rajoy, que fue posible gracias a que los otros dos miembros de ese tribunal, José Ricardo de Prada y Julio de Diego. Durante aquella declaración, Hurtado cortó en numerosas ocasiones las preguntas de la acusación popular y de algunos letrados de las defensas.
Los jueces llevan meses preparando esa sentencia. En el caso hay un total de 27 acusados, entre los que están los cabecillas de la trama Gürtel como Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez 'El Bigotes', además de expolíticos de ese partido como Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo, o Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda.
Además, en el juicio están acusados como partícipes a título lucrativo de esos negocios el propio PP, que según la Fiscalía obtuvo un beneficio procedente de las cajas B de sus filiales en los municipios madrileños. También está acusada la exministra Ana Mato, por lucrarse con el dinero ilícito que obtuvo su marido, Jesús Sepúlveda.