El caso Kitchen es una víspera de festivo. Los dos acontecimientos más relevantes en su trayectoria, los autos de fin de la investigación y de apertura de juicio oral, han sido dictados, respectivamente, el último día laborable de julio de 2021 y este 13 de octubre, también viernes y en pleno puente del Pilar. De forma intencionada o no, las efemérides de la causa contribuyen al velo que el Partido Popular y una parte de los medios de comunicación han querido imponer sobre la última guerra sucia en España: Jorge Fernández Díaz será el segundo ministro del Interior en democracia que se siente en el banquillo. Será juzgado por una de las tres misiones principales de la policía política de su Ministerio, la que intentó destruir pruebas del mayor caso de corrupción en la historia del PP, el de la caja B. La Fiscalía solicita 15 años de prisión para él.
Ha pasado un cuarto de siglo desde que el fiscal José María Luzón –padre del actual jefe de Anticorrupción– pidiera 23 años de cárcel para otro ministro del Interior, José Barrionuevo, también por malversar fondos públicos. En aquel caso para financiar el secuestro de Segundo Marey a manos de los GAL. Aún hoy retumba la pregunta de si el ministro del Barrionuevo pudo dirigir el terrorismo de Estado sin que lo supiera su presidente, Felipe González. Es la incógnita acerca de la X de los GAL que está grabada en la memoria política del país.
Pero ¿quién se pregunta hoy por la verdadera identidad de ‘El Asturiano’, también conocido como ‘El Barbas’? Son los dos apelativos que la Unidad de Asuntos Internos concluyó hace tres años que utilizaban los mandos de la brigada política del PP para referirse en clave a Mariano Rajoy, el entonces presidente del Gobierno y del PP, el amigo de Fernández Díaz, cuando el comisario Villarejo y otros destacados policías trataron de destruir la investigación judicial del dinero negro y los sobresueldos en el PP. Esas primas bajo cuerda fueron percibidas por el propio Rajoy y su número dos, María Dolores de Cospedal, según los papeles del espiado en la operación Kitchen, el tesorero Bárcenas.
La Fiscalía Anticorrupción describe la Kitchen como “una ilícita operación policial de inteligencia dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes”, tanto en el caso de la caja B como en Gürtel. “Y todo ello con la finalidad de evitar que pudieran resultar investigados esos dirigentes”, añade.
¿Y quién ideó toda esa operación parapolicial para salvar a Rajoy, Cospedal y al PP, en su conjunto? Pues, según el juez, la autoría del plan corresponde a Jorge Fernández Díaz y a su 'número dos' del Ministerio, Francisco Martínez. Al servicio de los dos políticos actuaron Villarejo y una lista de mandos policiales que ya habían protagonizado las dos fases anteriores de la guerra sucia: la operación Catalunya y las maniobras contra Podemos.
El fin del terrorismo de ETA había dejado a los resortes más oscuros del Ministerio del Interior sin objetivo a batir. De la misma tacada, el marco narrativo del PP sobre el enemigo independentista se había descolgado. Pero, para entonces, el soberanismo catalán ya había cogido impulso. Los populares llegaron al Gobierno un mes después de que ETA anunciara el fin de la violencia. Rajoy nombró a Fernández Díaz ministro del Interior. En la Policía le esperaban los mismos mandos policiales que, sin escrúpulos y a base de fondos reservados, llevaban traspasando la línea de la legalidad durante 40 años de democracia. Solo hacía falta completar la línea de puntos. Primero, Catalunya; luego, los comunistas de Podemos; finalmente, salvar al PP.
El entusiasmo con que determinados medios de comunicación publicaban los pseudoinformes, notas anónimas y borradores policiales contra los independentistas y Podemos es inversamente proporcional al que despierta ahora que un ministro del Interior vaya a ser juzgado por utilizar a subordinados para sabotear una investigación a su partido. El desinterés contribuye a que el actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no se sienta aludido por la guerra sucia durante el último gobierno del PP.
En las peticiones de la Fiscalía para el caso Kitchen todos los acusados suman centenares de años de prisión. Villarejo, el que más, con 19. El responsable de la coordinación de la seguridad del Estado entonces, Francisco Martínez, se enfrenta a una pena de 15 años. Bajo su coordinación, concluye la Fiscalía, 80 agentes antiterroristas se turnaron para vigilar 24 horas al día a la familia Bárcenas después de que el tesorero entrara en prisión, por si su mujer o sus hijos les conducían al escondite de las supuestas pruebas contra el PP.
Ese grupo especial, la Unidad Central de Apoyo Operativo, clonó en una cafetería, en unos minutos, varios dispositivos móviles que les había facilitado el chófer, Sergio Ríos Esgueva, al que el mismo Ministerio del Interior facilitaría después el acceso al Cuerpo Nacional de Policía, a los 42 años, y un destino privilegiado. Esto ocurrió después de que estuviera cobrando 2.000 euros mensuales de los fondos reservados durante dos años.
El jefe de la UCAO, Enrique García Castaño, allanó ilegalmente un estudio de Rosalía Iglesias ante la sospecha de que su marido, Luis Bárcenas, escondía allí supuestas grabaciones entre Bárcenas y Rajoy. Nunca se ha conocido a ciencia cierta si encontró algo. La Unidad de Asuntos Internos de aquella época, clave en el espionaje en la calle de los políticos independentistas, también se sumó a los seguimientos a la familia.
Los acusados defienden que estaban intentando recabar pruebas con las que contribuir al caso de la caja B. La tesis ha sido pulverizada por el inspector jefe que dirigió el caso Gürtel y el de la financiación irregular del PP. El testimonio del inspector jefe Manuel Morocho fue ratificado por el Juzgado de la Audiencia Nacional al cargo de ambas causas de corrupción: la brigada política actuaba a sus espaldas. Morocho describió con detalle en sede judicial el acoso que sufrió y el sabotaje al que fue sometida su investigación por parte de los responsables del Ministerio del Interior.
El cierre intempestivo de la investigación por Fernández Díaz evitó ahondar en los abundantes indicios contra Rajoy y Cospedal, así como las sombras que se cernían sobre la participación en la Operación Kitchen –o de una maniobra paralela– del Centro Nacional de Inteligencia, entonces dependiente de Soraya Sáenz de Santamaría. Al CNI pertenecería el “contacto cecilio” del que el secretario de Estado de Seguridad y el ministro del Interior hablaban en uno de los mensajes que el primero llevó a un notario antes de que el caso se derrumbara sobre él. Tampoco tiene visos de resolverse el enigma del falso cura que entró armado con una pistola en casa de los Bárcenas: murió sin que el juez de Kitchen le tomara declaración.
“La inaceptable línea roja” para el juez
El 29 de julio de 2021, cuando los funcionarios de la Audiencia Nacional recogían su mesa para irse de vacaciones, García Castellón decretó que las reuniones entre Cospedal y el comisario Villarejo, reproducidas en los archivos sonoros del comisario, tenían carácter “social”. Ni ella ni su marido habían hecho nada por reclutar a Villarejo para acabar con la caja B, defendía. Las alusiones a entregas de dinero por parte de Cospedal que escribió el comisario en su diario –y a las que Asuntos Internos y la Fiscalía dan veracidad– no constituían un indicio suficiente para, al menos, seguir investigando a una de las que hubieran sido grandes beneficiadas si naufragaba la causa de la caja B.
García Castellón había hecho amago de ahondar en la afirmación de Villarejo ante el Congreso según la cual informaba a Rajoy personalmente de los avances de la Kitchen. Pero pronto se cansó de esa línea de investigación y, pese a la solicitud de las acusaciones para que profundizara en quién utilizaba el número que había facilitado Villarejo, dejó las peticiones sin resolver.
Pero llegó septiembre de 2021. Y la vuelta al curso político y a la actividad judicial. Y, con ella, el recurso de la Fiscalía Anticorrupción al cierre apresurado de la investigación por parte del juez. Página 67: “Hay una rotunda negativa [del juez] a seguir investigando en esa dirección [el PP], como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación”.
Tras acusar al juez de no querer investigar al PP, Anticorrupción exponía la principal consecuencia de ello: “Kitchen, en la instrucción, no es más que esto, se llega a decir por el instructor”. ¿Y qué es esto? Pues única y exclusivamente lo acontecido dentro del Ministerio del Interior. Con tan solo “esto” un ministro del Interior y el responsable de coordinar la seguridad del Estado, su segundo, se enfrentan a quince años de cárcel.