La historia del ‘caso Nóos’ reserva ya un capítulo a cómo dos compañeros, leales colaboradores y admiradores el uno del otro, pusieron fin a su amistad por una disputa profesional: nada menos que el primer interrogatorio judicial a un miembro de la familia real española. El juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach lideraban un grupo de profesionales de varios estamentos que, como una piña, desentrañaron la gran trama de corrupción alrededor del velódromo Palma Arena, por la que el expresidente autonómico Jaume Matas fue condenado a seis años, pena rebajada a seis meses por el Supremo. Por el camino, lograron que por primera vez en la historia se investigara un asunto de corrupción relacionado con la familia real. A la pieza separada del 'Palma Arena' se le bautizó como 'caso Nóos', por la ONG que presidió Iñaki Urdangarin y con la que el yerno del rey obtuvo más de 6 millones de gobiernos del PP.
La alianza personal acabó cuando el magistrado decidió ir hasta el final con su decisión de imputar a la hija del rey y el fiscal le acusó de estar movido por intereses ajenos al cumplimiento de la legalidad. A pesar de lo que pareciera previsible, los reproches no han roto la relación. Tras el último escrito de Horrach acusando al juez de conspirar, ambos se han intercambiado mensajes y su entorno no descarta que se les pueda volver a ver charlando con normalidad.
El carácter de ambos ayuda a restar dramatismo y reconducir la situación a una mera confrontación jurídica. Con todo, las mismas fuentes reconocen que ya nada volverá a ser igual entre ellos. Esta es la cronología del desencuentro entre los dos hombres que una vez, y de la mano, lograron tener en vilo a la monarquía.
5 de agosto de 2008. Estalla el 'caso Palma Arena'
La Policía detuvo ese día a seis personas dentro de la 'operación Espada', que investigaba el sobrecoste del pabellón deportivo en Palma de Mallorca. Entre los arrestados, 'Pepote' Ballester, exdirector de Deportes con Matas. Las detenciones eran por orden del titular del Juzgado de Instrucción de Palma, José Castro, que, junto a Horrach y un grupo de policías y técnicos de Hacienda, trabajaban desde hace meses en el caso. Tendrían que pasar dos años hasta que documentos intervenidos en esa investigación dieran pie a la pieza separada del 'caso Nóos'.
El 'caso Palma Arena' supuso la primera vez que Castro y Horrach trabajaban tan intensamente codo con codo. Se fue fraguando una relación basada en una gran capacidad de trabajo de ambos y en la admiración que sus protagonistas se profesaban mutuamente. Durante las interminables jornadas de trabajo compartían mantel y a veces, una copa al terminar, junto a policías y técnicos de Hacienda. La relación no trascendía el ámbito laboral porque juez y fiscal pertenecen a generaciones diferentes -el primero tiene 50 años y el segundo 66- y no frecuentan los mismos círculos sociales de la isla.
6 de abril de 2013. Castro cita a la infanta y Horrach le acusa de cambiar de criterio
Castro y Horrach son cercanos en el trato e implacables en su trabajo. De ello dan cuenta sus colaboradores y lo pueden certificar quienes han sido interrogados por ambos, con Iñaki Urdangarin a la cabeza. En febrero de 2012, Horrach, Castro y las partes personadas sometieron al duque de Palma a un interrogatorio de 22 horas. Un año después lo volvieron a citar.
Pero en abril de 2013 arrancó el desencuentro. El fiscal Horrach recurrió la primera citación como imputada de la infanta que dos días antes había dictado el juez Castro. En su escrito, el fiscal arremetía contra el cambio de criterio del juez, que un año antes había desestimado la petición de Manos Limpias de imputar a la infanta. Aquel escrito ya permitía presagiar que las nubes acabarían en tormenta. En él, Horrach recuperaba una cita textual del escrito por el que Castro rechazó antes la imputación, asegurando que sólo buscaba “una morbosa publicidad”. “Sobran más comentarios”, añadía el fiscal.
El juez, sin embargo, consideraba a la infanta “cooperadora necesaria” de las actividades ilícitas de su marido al frente del Instituto Nóos. Y Horrach defendía: “No consta indicio incriminatorio alguno (documental o testifical) del que pueda inferirse que doña Cristina de Borbón y Grecia conocía la presunta actividad delictiva desplegada por su cónyuge”. Primera puya para Castro: “El procedimiento judicial persigue la búsqueda de la verdad material, no de ajustarla a expectativas o sospechas personales, deformándola”.
2 de septiembre de 2013. El fiscal intenta apartar a Castro del caso en su recta final
Después del verano, Horrach dio la puntilla a su relación de amistad con Castro. En los meses posteriores al primer desencuentro, ambos habían mantenido una relación correcta, ya sin la complicidad de antes. Pero la decisión de Horrach de apoyar que el ‘caso Nóos’ viajara a Valencia, apartando definitivamente de él a Castro, dio al traste con esa corrección.
En contra de lo que había decidido dos meses antes, Horrach apoyaba que la causa pasara a ser instruida en su fase final por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al haber dos imputados que son aforados: Rita Barberá y Francisco Camps. De haber aceptado el TSJCV esa petición, Castro no hubiera podido nunca llamar a declarar a la infanta Cristina.
Perteneciente a una acomodada familia hostelera de la isla, Horrach es un apasionado de su trabajo con fama de no dejarse influir. En los juzgados de Palma no aceptan la teoría de que su dura oposición a la citación de la infanta responda a órdenes de la Fiscalía General del Estado. Los que le conocen creen que es fruto de una convicción personal. Si algo le indigna es que se piense que no ha apoyado la imputación de la infanta por presiones. Menos certezas hay sobre las airadas reacciones que ha plasmado en sus escritos.
14 de noviembre de 2013. Horrach se planta ante el juez con un informe que nadie le había pedido
Ese día, Horrach ahondó en la ruptura con Castro realizando un movimiento que causó un gran malestar en el magistrado, según fuentes de su entorno. El fiscal, que ya sabía que el juez iba a preguntar a las partes su postura sobre una segunda citación de la infanta, se presentó en su despacho y le entregó un escrito oponiéndose, sin ni siquiera esperar a que el instructor lo solicitara. La Audiencia Provincial había resuelto en mayo que no cabía citar como imputada a Cristina de Borbón por los manejos de Urdangarin al frente del Instituto Nóos, pero en su auto abría la puerta a que siguiera siendo investigada por delito fiscal y blanqueo de capitales.
En su escrito del 14 de noviembre, Horrach también rebatía esa posibilidad. Que la infanta supiera que Urdangarin utilizaba Aizoon para desviar el dinero obtenido ilicítamente por Noos no era otra cosa que “una especulación huérfana de sostén indiciario, que tendría cabida solo en el ámbito de la rumorología, ajena, claro está, al ámbito penal”.
Según el fiscal, no hay blanqueo de capitales porque los gastos de la infanta a cargo de Aizoon no se hacían con dinero procedente de Nóos sino de otras actividades legales de Urdangarin. Horrach utilizaba el escrito para defenderse de las acusaciones acerca de su presunta labor en defensa de la infanta. Otra vez criticaba el cambio de criterio del juez respecto a la primera negativa a imputar a la infanta. “La memoria es frágil”, escribió.
7 de enero de 2014. Castro le reprocha que pierda “las formas”
El juez Castro se fue de vacaciones de Navidad con los escritos de todas las partes sobre la posible citación de la infanta. En esos días, tomó la decisión de citarla. Volvió antes de fin de año, pero dejó pasar todas las fiestas para hacer pública la decisión con un auto de 227 páginas. Entonces se supo de la reacción por escrito a las andanadas enviadas los meses anteriores por Horrach. Comedido pero contundente, el juez escribió que “en derecho, como en la diplomacia, las formas son importantes”. Se refería, según explicaba más adelante, a la afirmación “categórica” del fiscal de que él estaba tomando decisiones por motivaciones “ajenas a la legalidad”.
El auto, como los escritos de Horrach, es poco usual. Ningún juez emplea 227 páginas en una diligencia como la citación de un imputado. Alegaba el juez que se trata de una citación que ya fue rechazada por la Audiencia Provincial, por lo que su decisión requería “cierta matización”. “Cuando finalice la instrucción y se vuelva a la normalidad procesal, quizá pocas personas quieran recordar que para llamar a una persona a declarar en calidad de imputada (...) se habría precisado escribir poco menos que un tratado de derecho procesal”, ironiza el juez.
Acaso para alejar su resolución de cualquier connotación personal, el fiscal comenzaba halagando a su antiguo amigo: “Ha venido impulsando de forma altamente activa y brillante la investigación”. Si no hubiera sido por él, añadía, el caso Nóos no habría llegado al estado en el que se encuentra. Quienes conocen bien a Castro reconocen en la frase una afirmación sincera.
A partir de ahí, el juez utiliza la ironía al decir que es “imposible no estar de acuerdo” con la afirmación hecha por el fiscal de que las “conjeturas o sospechas no constituyen títulos válidos de imputación”. No es el caso, añade Castro. Para el juez, Horrach “se empecina” en el debate sobre si la infanta es culpable o inocente cuando se trata simplemente de que acuda a sede judicial a declarar con todas las garantías legales. Si el fiscal acusó a Castro de imputar a la infanta “por ser quien es”, dice Castro, él podía hacer lo mismo al exculparla. De hecho, en el ‘caso Nóos’ han sido imputadas 42 personas, recuerda el instructor.
15 de enero. Llega la acusación más grave: Castro es un conspirador.
Y no va más. La reacción de Horrach parece rozar los límites de la ira. El último episodio de su enfrentamiento contra el juez deja hecho trizas todo ese pasado de colaboración, compañerismo e incluso amistad. De forma sorpresiva y después de anunciar que no recurriría la imputación, Horrach presenta en el Juzgado un escrito en el que solicita que declaren los peritos de la Agencia Tributaria que exculparon a la infanta del delito fiscal y contra los que Castro arremetía en su auto. Lo deben hacer antes de que declare la infanta el 8 de febrero. El juez ha citado a la hija del rey, según el fiscal, apoyado en una “teoría conspiratoria para justificar la existencia de indicios delictivos que avalen” su imputación. Esa teoría es, según el fiscal, “absurda y denigrante” para los técnicos de Hacienda.
A pesar de la dureza del escrito del fiscal, Horrach no se escondió. Como había hecho en todas las ocasiones anteriores, optó por entregárselo a Castro en persona, pero el juez no estaba en su despacho. Al leerlo, el juez se quedó descolocado, dolido. Horrach había escrito llevado por la indignación que le causaban las acusaciones de Castro contra los peritos de Hacienda que tanto y con tanta lealtad habían trabajado desde el comienzo del caso.
La Agencia Tributaria informó de que las cantidades defraudadas por Cristina de Borbón como socia de Aizoon no alcanzan los 120.000 euros a partir de los cuales comienza a haber delito. Para el cálculo utilizan tres facturas que admiten que son falsas, pero que, para ellos y el fiscal, dan cuenta del traspaso de fondos entre Torres y Urdangarin. Para el juez, es un claro cambio de criterio respecto a informes precedentes de Hacienda. Para Horrach, tan disparatados son los argumentos de Castro que después de exponerlos, el fiscal afirma: “Ahora pasemos a la realidad”.