El juez José Castro sigue convencido de que la infanta Cristina conocía los delitos que su marido cometía presuntamente a través de la sociedad que ambos compartían al 50% y que se beneficiaba con ello. Así alcanza el juez al final de la fase de instrucción, con su tesis reforzada tras las seis horas que interrogó a la hija del rey el 8 de febrero. La inevitable consecuencia, siempre que no cambie de criterio en el último momento, es que el instructor del caso Nóos procesará a Cristina de Borbón en los próximos días, informaron a eldiario.es fuentes próximas al juez.
Una y otra vez repitió Castro en sus autos que la citación como imputada de la infanta Cristina no adosaba a la hija del rey una carga de culpabilidad. Existían, sostenía el juez, suficientes indicios como para que Cristina de Borbón se presentara ante él y diera explicaciones que permitieran reforzar o desterrar la tesis de que conocía e incluso pudo colaborar en algunos de los delitos que se atribuyen a su marido.
El interrogatorio del 8 de febrero sirvió finalmente para que Castro saliera reforzado en su planteamiento de que Cristina de Borbón conocía los delitos fiscales de su marido a través de la sociedad que ambos compartían. Así ha comenzado a redactar el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, como marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los casos en los que ninguno de los delitos que se imputan a cada uno de los acusados supera los nueve años de cárcel.
Sin embargo, la decisión de Castro no supone que la infanta vaya a compartir el banquillo de los acusados con Iñaki Urdangarin, entre otros. La Fiscalía Anticorrupción no encuentra indicios de responsabilidad penal en sus actos y será la Audiencia Provincial de Palma quien decida finalmente si se adhiere a las tesis del juez instructor o se decanta por las del Ministerio Público en el caso de la infanta. Todo apunta a que en los próximos días Castro dictará el auto y en mayo se despejará el futuro judicial de la hija del rey.
Dos frases comprometedoras
La declaración de Cristina de Borbón fue una concatenación de respuestas evasivas, pero tuvo dos momentos que complicaron su situación judicial, según fuentes del caso. Fueron aquellos en los que la hija del rey admitió conocer que Urdangarin utilizaba Aizoon para facturar ingresos de actividades ajenas a la sociedad. Según la investigación, la sociedad llegó a facturar en dos años alrededor de 1,2 millones de euros de los alrededor de seis que Urdangarin y su socio, Diego Torres, obtuvieron de Administraciones públicas de forma irregular.
El duque de Palma creó Aizoon “para canalizar sus ingresos profesionales”, según dijo la infanta al juez. Pero al facturarlos a Aizoon ahorraba en la declaración del IRPF, lo que constituye presuntamente tres delitos fiscales. Para Castro, Cristina de Borbón sería cómplice de dos de ellos, los cometidos en los ejercicios 2007 y 2008.
Con toda seguridad, la Fiscalía Anticorrupción recurrirá la inclusión de la infanta en el auto de procesamiento. La decisión recaerá en los tres jueces que anularon la primera citación de la infanta, en mayo de 2013, pero que al tiempo instaron a Castro a seguir investigando a la hija del rey por delito fiscal y posible blanqueo de capitales. Esta última posibilidad decayó, pero Castro insiste en la defraudación de la infanta a Hacienda en grado de colaboración. Cuando Diego Gómez-Reyno, Mónica de la Serna y Juan Jiménez se sienten a analizar el auto de procesamiento se encontrarán con que solo Castro defiende la responsabilidad penal de la infanta.
Ni el fiscal Pedro Horrach, ni la Agencia Tributaria respaldan el procesamiento de la infanta, como ya hicieron con la citación como imputada. De hecho, el fiscal Horrach recogerá en el escrito de acusación del caso Nóos solo la exigencia del pago de casi 600.000 euros por parte de Cristina de Borbón, en concepto de responsabilidad civil, siempre que en el juicio se demuestre el fraude fiscal de Urdangarin y el duque de Palma sea condenado.