A 60 horas de que Felipe VI realice su primer discurso de Navidad como monarca, el juez José Castro ha imputado a la infanta Cristina dos delitos fiscales en grado de cooperadora necesaria en el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos. Contra el auto no cabe recurso, por lo que a la infanta solo le queda recurrir a la 'doctrina Botín' en las cuestiones previas del juicio. Castro ha interpretado que la hermana del rey perjudicó con su actitud al resto de los ciudadanos y por eso no le aplica la citada doctrina como eximente.
Es precisamente a la aplicación o no de la 'doctrina Botín' a la que el juez dedica 38 páginas de un auto de 150. En él concluye que Manos Limpias está “absolutamente legitimada para acusar y postular la apertura de juicio oral” contra la infanta, por mucho que no lo haga la Fiscalía y la Abogacía General del Estado, en representación esta última de la Agencia Tributaria.
Según la 'doctrina Botín', solo podría abrirse juicio oral contra un imputado si el directamente perjudicado o la Fiscalía lo solicitasen. Castro cree que no se dan los supuestos que salvaron del banquillo al banquero ya fallecido. Fiscalía y Abogacía reclaman distintas cantidades a la infanta como responsable a título lucrativo, razona, lo que viene a reconocer que hubo perjuicio para el común de los ciudadanos y que, por tanto, quedaría legitimada la acusación popular.
Para apoyar su razonamiento, Castro no renuncia a su estilo y cita incluso las campañas publicitarias del Ministerio de Hacienda para reforzar su planteamiento. “Constante la Administración Tributaria de que esos principios no calarían fácilmente en el cuerpo social, se decidió a llevar a cabo unas amplias campañas institucionales de pretendida concienciación tributaria, entre las que habrá de ser resaltada, por ser un clásico del que se ha hecho prolífico uso, las más de las veces cargado de ironía, la de que 'Hacienda somos todos' y las muy recientes que cierran un diálogo con el eslogan oficial de la campaña: 'lo que tú defraudas, lo pagamos todos'”, consigna el juez.
En el auto, Castro hace su alegato final en la disputa jurídica que viene manteniendo con su antiguo fiel colaborador, el fiscal Horrach. Dice el juez que con la hermana del rey se ha sido “incluso aún más garante” que con el resto de los imputados, como pone de manifiesto la extensión de los autos en los que se la citaba a declarar como imputada, una cuestión que se solventa habitualmente en un par de frases.
La trama orquestada a través del Instituto Nóos sentará en el banquillo finalmente a 17 personas, incluida la infanta y su marido, Iñaki Urdangarin. Junto a ellos estará el ex presidente balear Jaume Matas. El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, esquiva finalmente el juicio oral.
Ahora los imputados tienen un plazo de veinte días para presentar sus escritos de defensa. Tras este trámite, la pieza será enviada a la Audiencia Provincial de Palma para la celebración del juicio.