A veces en política las diferencias se liman a una velocidad sorprendente y, sólo en una charla, lo que antes era un abismo se convierte en un resquicio insignificante. Pero lo cierto es que la reunión que tendrán el jueves Mariano Rajoy y Artur Mas tiene pocos números de llegar a ninguna parte. El objetivo del presidente de la Generalitat es conseguir un pacto fiscal que permita a los catalanes administrar sus impuestos y aportar menos dinero a las arcas del Estado, tal y como se aprobó en julio en el Parlamento catalán.
El objetivo de Rajoy, en cambio, es pedir a Mas que le brinde su apoyo “en el complejo contexto actual” para “impulsar el país” y su posición en el entorno europeo. A las once de la mañana, y con estos propósitos, los dos se sentarán en la mesa negociadora desde polos opuestos.
La petición que expondrá el president se aprobó en el último pleno anterior a las vacaciones, gracias a los votos de CiU, ERC e ICV-EUiA y Joan Laporta. El PSC se abstuvo, y el PP y Ciutadans votaron en contra. El punto más ambicioso del texto es el que reclama que la Agencia Tributaria Catalana se encargue de recaudar y gestionar todos los impuestos catalanes. Es lo que popularmente se ha llamado “la llave de la caja” y daría a Cataluña independencia fiscal.
La Agencia Tributaria Catalana se encargaría de recaudar todos los impuestos, gestionarlos, liquidarlos e incluso sería responsable de las inspecciones. Una vez recaudados los impuestos, Cataluña pretende dar una parte del dinero a las arcas españolas para compensar los gastos de algunos servicios que seguirá ofreciendo el Estado como la defensa, la policía, una parte del coste del Congreso y del Senado, los aeropuertos, etc.
Finalmente, la propuesta aprobada por el Parlament contempla también la llamada cuota de solidaridad, que sería un dinero que Cataluña entregaría al Estado para que lo invierta en otras comunidades españolas. Esta cuota todavía no se ha fijado y si el choque de trenes entre Mas y Rajoy permite entrar en materia, es uno de los puntos que se deben negociar. La propuesta plantea que la cuota de solidaridad y la factura que la Generalitat debería pagar al Estado por los servicios prestados se revise cada cinco años.
Este sistema es exactamente igual que el concierto económico que rige la financiación del País Vasco y Navarra, pero con la diferencia de la cuota de solidaridad, que vascos y navarros no contemplan.
Sin PSC ni PP
A diferencia del Estatut que el Parlament aprobó en 2005, la propuesta de pacto fiscal no tiene el pleno apoyo del PSC. El texto se desglosó y se votó por puntos, y los socialistas catalanes apoyaron la mayoría del texto, menos el que da plenos poderes a la Agencia Tributaria Catalana, donde se abstuvieron. Sólo el diputado Ernest Maragall desobedeció al partido y votó a favor por “convicción”.
La propuesta de los socialistas pedía que los impuestos los gestione un consorcio formado por la Agencia Tributaria de Cataluña y la Administración Tributaria del Estado, algo rechazado por los partidos nacionalistas. El PP de Alicia Sánchez-Camacho se abstuvo en muchas de las votaciones pero se opuso en la referente a la Agencia Tributaria Catalana.
Desde algunos sectores se consideraba muy importante conseguir el apoyo del PSC para tener más fuerza en la negociación con Rajoy. Esta misma semana, Joan Herrera, de ICV-EUiA, pedía un último esfuerzo en este sentido. Aún así, también hay muchas voces que recuerdan que el Estatut que aprobó el Parlament por amplia mayoría en 2005 quedó en muy poco tras los retoques del Congreso en 2006 y en casi nada tras el fallo del Tribunal Constitucional en 2010.
Para demostrar que no bastará con un no de Rajoy, Mas participó ayer en la firma de un acuerdo de colaboración entre la Agencia Tributaria Catalana y las cuatro diputaciones, y aseguró que se trata del “embrión” de la Hacienda propia catalana. Minutos antes, en una sesión de control del Congreso, Rajoy había avanzado que no acepta el pacto fiscal. Mas aprovechó el altavoz de la prueda de prensa para anunciar que “Catalunya tiene que seguir haciendo camino”. Mas añadió: “Si lo tenemos claro, pase lo que pase en las próximas horas, el país podrá avanzar en la línea que neecesita”. Las negociaciones sobre el pacto fiscal, según una de las condiciones del Parlament, tienen que finalizar antes de que termine el año.
La versión oficial de CiU es que su objetivo es el pacto fiscal, pero después de la manifestación del 11 de septiembre, para muchos convergentes el acuerdo de financiación queda en un segundo plano, y ya ha llegado el momento de empezar a pensar en la independencia. Sólo un casi imposible sí de Rajoy en la reunión de Moncloa podría enfriar la euforia independentista en Cataluña.