El 20 de diciembre de 2015 un pletórico Pablo Iglesias comparecía ante los medios. Podemos y las confluencias entraban en el Congreso como tercera fuera política. En su primer mensaje tras los resultados, el líder del nuevo espacio político marcaba su posición sobre Catalunya: “Es una nación. Somos favorables a un referéndum”.
Una semana después, el Comité Federal del PSOE marcaba sus líneas rojas en una inminente negociación. Entre ellas destacaba el no a un referéndum. 21 meses, investidura de Rajoy, Vistalegre y caída y resurrección de Pedro Sánchez mediante, la crisis catalana se ha consolidado como el principal escollo para un entendimiento entre ambas formaciones.
Las conversaciones infructuosas que buscaron en el primer trimestre de 2016 un Gobierno alternativo al de Mariano Rajoy terminaban siempre en el mismo callejón sin salida: los vetos cruzados por la cuestión catalana. Pedro Sánchez, condicionado por su Comité Federal, no pudo ni quiso negociar su investidura, aunque fuera de forma indirecta, con los votos de ERC o PDeCAT. Ambos partidos habían ganado las elecciones catalanas unos meses antes con la independencia como un horizonte a conseguir en 18 meses. Una promesa que mutó luego en un nuevo referéndum, el convocado para el próximo 1 de octubre.
Al otro lado del espejo, Podemos, En Comú y En Marea tampoco podían aceptar un acuerdo que incluyera a Ciudadanos. Por sus propuestas económicas y sociales, pero también porque la confluencia catalana liderada por Xavier Domènech rechaza las iniciativas recentralizadoras del partido de Albert Rivera. La candidatura catalana, hoy constituido en el partido Catalunya en Comú, aspira a que sus triunfos en las municipales y en las generales se traslade más pronto que tarde a unas autonómicas.
Su apuesta por un referéndum pactado y con garantías no fue hegemónica en septiembre de 2015. Pero confían en que lo sea en el corto plazo ante el agotamiento de las vías unilaterales. Tanto Podemos como Izquierda Unida, así como En Marea, asumen esta tesis como propia.
Las diferencias en la metodología esconden divergencias de fondo sobre el momento político y la forma de afrontarlo. Podemos nació en 2014 con la intención declarada de romper el “candado del 78” y abrir un proceso constituyente que incluyera una nueva estructura territorial del Estado. Una idea cuya formulación han construido y deconstruido desde entonces pero que, en esencia, se mantiene.
Pedro Sánchez y su apuesta por la “plurinacionalidad”
El PSOE se encuentra cómodo en el marco constitucional de 1978 y aspira a una reforma que ponga al día el sistema. Tras triunfar en las primarias que le devolvieron a la Secretaría General del partido, Pedro Sánchez habló de “plurinacionalidad”. Un término que fue recibido desde el nuevo espacio político primero, con atención, y luego, con desilusión cuando fue rebajado a una cuestión “cultural”.
El triunfo de Sánchez en el Congreso Federal del PSOE le permitió reconstruir unas relaciones muy complicadas con Unidos Podemos y, especialmente, con Pablo Iglesias. El verano deparó una primera reunión de grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados en la que se pusieron las bases de un entendimiento político para intentar revertir algunas de las políticas puestas en marcha por el PP desde 2012.
Tras aquella reunión, que deparó una mesa de coordinación que liderarían las respectivas portavoces parlamentarias, Margarita Robles e Irene Montero, el punto discordante volvió a ser Catalunya.
El PSOE apuesta por una comisión de estudio sobre el modelo territorial que no tenga carácter legislativo y que sirva para abrir un diálogo que concluya en una posterior ponencia para reformar la Constitución. La iniciativa ha sido calificada esta misma semana por la Mesa del Congreso y todavía no se ha formado, pero ya cuenta con el rechazo de Ciudadanos y ERC.
Las diferencias entre Pedro Sánchez y Albert Rivera se agrandan mientras el PSOE ha optado por mantenerse cerca del Gobierno de Mariano Rajoy. Pese a los “vaivenes” denunciados por algunos de sus correligionarios, el PSOE está abierto a la aplicación del artículo 155 y, en público, ha secundado las iniciativas legales puestas en marcha por el Ejecutivo del PP.
En privado, sin embargo, denuncian el llamamiento a declarar, con amenaza de detención incluida, a 700 alcaldes. Tampoco respaldan la denuncia que el PP de Madrid planteó contra la cesión de un local del Ayuntamiento para una charla sobre el derecho a decidir.
Por eso, aseguran fuentes de Ferraz, la maniobra del PSOE de Aragón para vetar a través de la Diputación de Zaragoza la asamblea de cargos electos convocada por Unidos Podemos ha molestado en la dirección socialista, donde están “sorprendidos y cabreados”, informa Irene Castro. “La libertad de expresión hay que respetarla. Nos preocupa cuando se salta la ley. Estamos quedando fatal”, zanjan desde Ferraz.
La Asamblea estatal de parlamentarios y alcaldes por la libertad de expresión, la fraternidad y el dialogo que se celebrará el domingo en Zaragoza contará con presencia de cargos de Equo, Mès, Compromís, Geroa Bai, PDeCAT, PNV, ERC y los convocantes: IU, En Marea, En Comú Podem-Catalunya en Comú y Podemos. No asistirá el PSOE, pese a haber sido invitados expresamente y pese a las grietas en el denominado “bloque consitucionalista”, que el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, prefiere definir como “bloque reaccionario”.
El acercamiento del PSOE al Gobierno en la cuestión catalana y, sobre todo, su defensa pública de sus últimos movimientos ha causado estupor en Unidos Podemos. Desde la dirección de Podemos no creen que Pedro Sánchez haya permanecido ajeno a lo ocurrido en Zaragoza con el acto del domingo. Pero más le preocupa al espacio que representa el grupo confederal que lo que consideran una suerte de estado de excepción en Catalunya, con lo que consideran una intervención “de facto” de la autonomía catalana.