La reforma del Código Penal que ha aprobado esta mañana el Congreso de los Diputados, con el único apoyo del Grupo Popular, supone un despropósito de graves consecuencias, a juicio de 63 catedráticos de Derecho Penal que firman un manifiesto solicitando al próximo Gobierno que derogue de inmediato el texto. Los expertos manifiestan su indignación, sobre todo, con los cambios que alejan de los tribunales el juicio de las conductas ciudadanas de los tribunales para dejarlas al criterio la Administración de turno.
“Lo más grave de esta iniciativa legislativa es el claro abandono que se produce del princiipio de culpabilidad y su sustitución por el de peligrosidad: la dignidad humana va a resultar pisoteada en aras de un defensismo a ultranza, y los ciudadanos van a verse entregados, no a la seguridad de la norma si no a la indeterminación de los criterios personales con los que se va a 'administrar' la peligrosidad”, afirma el manifiesto de los catedráticos, procedentes de 33 universidades españolas.
Los expertos denuncian, por ejemplo, que el nuevo Código Penal equipare a guardias de seguridad con funcionarios públicos “a efectos penales” o que restrinja el derecho de reunión y manifestación, sustituyendo el tradicional “orden público” por un novedoso “órdenes en las vías públicas”. El objetivo para los catedráticos es claro: “Se trata de poner sordina a las protestas ciudadanas indignidas ante el constante recorte del Estado del Bienestar”.
Y no solo critican el fondo, también la forma. En este sentido, recuerdan que el Grupo Popular ha introducido reformas por la vía de urgencia y así se ahorrado los informes preceptivos del Consejo General del Estado y el Consejo Fiscal cuando se trata de leyes orgánicas. “Es un auténtico fraude de Ley del que ya han advertido el Consejo de Estado y la Sala 3ª del Tribunal Supremo”, añaden.
Los catedráticos no dejan a un lado la cuestionada prisión permanente revisable, a la que denominan directametne “cadena perpetua”, o el endurecimiento de las penas para delitos con penas de prisión que, “ya de por sí, son demasiado altas”. “El único efecto seguro va a ser el del aumento de una población penitenciaria ya suficientemente elevada, lo que por otra parte no se traducirá en una mayor seguridad ciudadana”, critican los catedráticos de Derecho Penal.
Asimismo, los firmantes detectan “una enorme pobreza técnica” en texto, más agrave aun si se tiene en cuenta que “la doctrina penal española está en uno de sus mejores momentos históricos. El Gobierno, dicen, ha prescindido de la tradición jurídica española para beber ”de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reacionarias, más autoritarias“.